Las neveras vacías en las carnicerías evidencia que está paralizada la distribución del rubro, pero la viveza criolla no se agota. Esta semana tres hombres resultaron detenidos por ilícitos en la venta y distribución del producto.
Aunque sea propietario de la finca y mantenga al ganado, para sacrificar el animal, deshuesarlo y vender la carne, debe cumplir con ciertos requisitos establecidos por sanidad y además estar inscrito ante las instancias correspondientes como distribuidor.
Los ahora detenidos hacían caso omiso a las leyes, obtenían beneficios económicos y evadían impuestos. Acciones contempladas por el gobernador Henry Rangel Silva, al emitir el decreto 2300 que ordenaba la regulación de precios en rubros básicos, pero en vez de caerle a los pequeños comerciantes se dirigieron a los distribuidores que surtían las carnicerías.
Las Fuerzas Armadas Policiales del estado Trujillo (Fapet) acompañaron las comisiones del Sundde y Contraloría Sanitaria en las inspecciones y descubrieron diversas irregularidades en las fincas que visitaron, por lo que fueron clausuradas algunas.
En el caso de las detenciones, se trataba de fincas o mataderos clandestinos, no registrados, por tanto sin permiso para operar y distribuir carne, señalados por la comunidad que los rodeaba, en el municipio Bolívar.
En Granada, por la vía Panamericana, fue aprehendido Nilson V., de 43 años. En el sector El Castillo de Sabana Grande, detuvieron a Alexander M., de 44 años, y en Sabana Grande, a Juan M., de 31 años, y José M., de 32 años, les decomisaron dos reses. Quedaron a la orden de la Fiscalía.
Sin el chivo y sin el mecate
Sin embargo, otros casos de conocimiento público revelan que ni así la carne llega al pueblo. Tal fue el caso de la finca Los Pinos, ubicada en El Tablón de Monay, donde “no hubo ganador”.
Presuntamente las autoridades exigían al propietario ceder el 50% de la producción a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) aunque no precisamente al de la zona. Y al no acordar las condiciones, los propietarios prefirieron paralizar actividades, al fin y al cabo, mantendrían a un par de obreros para que cuidaran del ganado que engordaría mientras ellos se dedicaban a otras actividades, y el resto del personal eventual tendría que rebuscarse en otro lugar.
Las autoridades prohibieron la entrada o salida de ganado, y por supuesto la distribución de carne, además ordenaron la inutilización de los cortes que estaban refrigerados en el lugar y ni siquiera los obreros que perdieron su trabajo pudieron llevarlos a casa.
No alcanza
Los distribuidores aseguran que en los Andes, al menos en la entidad, no basta con el ganado que hay para producir alimentos para todo el pueblo, por lo que traen reses llaneras y por supuesto, el precio está por encima del que pretenden imponer, prefieren no vender. Hacen un llamado al gobernador a replantear o esclarecer el asunto ante las autoridades actuantes.