Por: Francesca Díaz /Correo del Caroní
¿La razón? La política de criminalización laboral orquestada por Sidor dejó el saldo de tres trabajadores detenidos, cuyas familias desconocen sus paraderos, y 19 medidas cautelares innominadas en acción de amparo constitucional admitidas por el Tribunal de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, luego de que Sidor interpusiera una demanda donde alega que la huelga violenta su derecho a la producción.
Esta acción judicial prohíbe a los trabajadores promover situaciones de conflicto, obstaculizar las actividades de la empresa, y ofrecer declaraciones reseñadas como “discursos de odio” por cualquier medio de comunicación.
| “Nos tratan como delincuentes cuando somos trabajadores que han vivido toda la vida de un salario. No les hacemos daño a ustedes, ustedes nos hacen daño a nosotros. Están destrozando a nuestras familias. El derecho a la protesta está contemplado en la ley”, César Soto |
Tal como ocurrió durante el mes de enero, el Estado arremetió contra los protestantes privándolos de su libertad y echando mano del Poder Judicial para disolver la manifestación iniciada el 6 de junio. Como ya sucedió antes, el reclamo inicial terminó disipándose ante el apremio de que se libere a los protestantes apresados, identificados como Leonardo Azócar, Daniel Romero y Juan Cabrera.
El 13 de junio, en vista de que los obreros permanecían dentro de la estatal -que prohibió la entrada de alimentos y cortó la electricidad-, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana se presentaron en Sidor durante la madrugada con parlantes para leer la resolución judicial enfatizando en los nombres de los 19 sidoristas que deberán presentarse a tribunales por la medida cautelar. Así los dieron por notificados.
“De los compañeros detenidos, Leonardo Azócar, Daniel Romero… no sabemos dónde están. No se sabe si están aquí, si están en Caracas, si están en un centro penitenciario. No sabemos nada”, afirmó César Soto, delegado departamental de Sidor y miembro de la organización laboral Unidad en la Coincidencia.
José Azócar confirmó que no tienen información sobre el paradero de su hermano. “No sabemos si comió, se vistió, dónde está”.
Operatividad a costa de represiones
En la mañana de este 14 de junio ya no quedaban manifestantes en Pellas, por lo que la compañía aprovechó para subir contenido en sus redes sociales y jactarse de su “producción”.
Todo esto bajo la jurisdicción del gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, y la gestión de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, institución laboral, ambos alegaron “no tener información” sobre la protesta que ha sido titular en diarios regionales y nacionales. Asimismo, Marcano rechazó lo que consideró “excesos” por parte de los obreros.
“Cuando escuchamos al gobernador del estado Bolívar de verdad que nos dio tristeza. Uno ve esas cosas y se pregunta: ¿de verdad esta es la gente que dirige un país? O sea, una persona que maneja toda la política pública de la región y dé ese tipo de declaraciones, diciendo que no sabe nada teniendo aquí 12 salas situacionales que revisan los teléfonos de la gente y van a decir que no saben lo que está pasando”, destacó Soto, quien señaló que, contrario a lo expresado, los excesos han sido cometidos por el Estado.
“Nos tratan como delincuentes cuando somos trabajadores que han vivido toda la vida de un salario. No les hacemos daño a ustedes, ustedes nos hacen daño a nosotros. Están destrozando a nuestras familias. El derecho a la protesta y reclamo está contemplado en la ley. Aquí no hay salud, el salario no sirve, no hay HCM, no hay transporte. ¿Qué esperan de la reacción de nosotros?”, destacó la vocería de los obreros.
Militarización de las zonas de protesta
Este miércoles el objetivo era rechazar el modus operandi con el que fue levantada la manifestación con una marcha en Alta Vista. La ruta de protesta iniciaba en la Plaza Monumento a CVG, pasaba por CVG casa matriz y finalizaba en los tribunales de Puerto Ordaz, donde se reclamaría la libertad de los arrestados.
La cita resonó tanto en Guayana que llegó a oídos de las autoridades, al menos esto presumen los obreros, quienes al llegar a la primera parada se encontraron con una CVG militarizada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
“La junta interventora ahora es opresora”, vociferaron los trabajadores ante los funcionarios policiales, quienes tomaron fotos y videos de los manifestantes.
“Lo único que hacemos es defender nuestros derechos que están contemplados en las convenciones colectivas. Lamentablemente unos guardias nacionales, cómplices del régimen delincuencial, están aquí. Hay tres compañeros presos y 19 tienen en una lista para intimidarlos. A mí me han metido preso también, por eso digo a todos nuestros compañeros que tengamos valor”, expresó Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), quien estuvo apresado 17 meses por su participación en reclamos.
| “De los compañeros detenidos, Leonardo Azócar, Daniel Romero… no sabemos dónde están. No se sabe si están aquí, si están en Caracas, si están en un centro penitenciario. No sabemos nada” |
La marcha salió hacia los tribunales como se tenía previsto, al llegar fueron recibidos por un cordón policial conformado por funcionarias de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Las adyacencias del Palacio de Justicia fueron militarizadas en su totalidad para impedir la llegada de los protestantes a su destino.
Efectivos grababan a los presentes y se avisó la presencia de un dron haciendo tomas aéreas de la manifestación. Sin haber pasado 10 minutos de la llegada de los trabajadores, una funcionaria cayó desmayada de la cadena humana.
“Las policías también están pasando hambre. Nos están matando de hambre”, expresó Hugo Medina, representante de los jubilados del estado Bolívar.
Hincados y cantando el himno nacional, los obreros dieron por culminada la protesta.
