La disyuntiva para un paciente renal en Valera ya no es solo entre la vida y la muerte, sino entre el silencio o la pérdida del único medio de transporte que lo mantiene conectado a un riñón artificial. Pacientes de la unidad de diálisis del Hospital de Valera denunciaron haber recibido amenazas directas por parte de autoridades sanitarias locales: si salen a la calle a ejercer su derecho a la protesta pública, les suspenderán de inmediato el servicio de traslados en ambulancia hacia Boconó, municipio donde algunos han tenido que buscar cupo de emergencia para no morir intoxicados por la uremia.
“Nos dijeron clarito que si armamos un escándalo o llamamos a la prensa, nos olvidemos de la ambulancia. Nos tienen las manos atadas porque sin ese traslado hacia Boconó muchos de nosotros no llegamos a la otra semana”, relató bajo reserva de identidad un familiar afectado, cuyo allegado requiere tres sesiones semanales de hemodiálisis.
De 7 prometidas a una sola operativa
El detonante del conflicto es el colapso casi absoluto del servicio en Valera. De acuerdo con el testimonio de los enfermos y sus cuidadores, actualmente el centro hospitalario funciona con una sola máquina de hemodiálisis activa, un aparato sobreexigido que trabaja al límite para intentar cubrir una demanda desbordada de decenas de pacientes críticos.
Esta realidad choca de frente con las promesas de las autoridades de salud del estado Trujillo. Meses atrás, ante los reiterados reclamos de la comunidad médica y los usuarios, los entes rectores se comprometieron públicamente a dotar e instalar siete máquinas de diálisis de última generación para repotenciar la unidad y garantizar el protocolo internacional de tratamiento. Sin embargo, la promesa no se ha cumplido. Ni los repuestos ni los nuevos riñones artificiales han llegado a las salas hospitalarias.
El calvario de la carretera: viajar a Boconó para no morir
La inoperatividad en Valera forzó un esquema de contingencia improvisado e inhumano. Con solo una máquina operativa, la directiva hospitalaria comenzó a coordinar el traslado de pacientes hacia el hospital de Boconó.
El trayecto, que toma más de dos horas de ida y dos de vuelta por una vialidad andina marcada por fallas de borde y baches, representa un desgaste físico devastador para personas anémicas, hipotensas o con accesos vasculares vulnerables:
- Subdiálisis y hacinamiento: En lugar de las cuatro horas reglamentarias por sesión, muchos pacientes reciben turnos recortados a dos horas para dar paso a quienes esperan en camillas improvisadas.
- Dependencia extrema del traslado: Aquellos que no cuentan con recursos propios para costear combustible o transporte privado dependen al 100% de las ambulancias asignadas por el Estado. Es precisamente esa dependencia la que las autoridades utilizan ahora como mecanismo de coacción.
El cerco del silencio y la violación de derechos
Especialistas del Hospital – en condición de anonimato para evitar represalias oficiales – advierten que condicionar la atención médica y el transporte de enfermos terminales constituye un trato cruel, inhumano y degradante, además de una violación flagrante del derecho constitucional a la salud (artículo 83 de la Constitución venezolana) y a la manifestación pacífica (artículo 68).
Mientras tanto, en las adyacencias de la unidad hospitalaria en Valera, las familias vigilan el monitor de la única máquina que aún titila. Los pacientes guardan silencio frente a las cámaras por miedo a perder el cupo del viaje a Boconó, pero su deterioro físico avanza. Exigen la interpelación inmediata de la directiva de Fundasalud y del Ministerio de Salud: las siete máquinas prometidas no son un favor político, sino la única barrera que los separa de un desenlace fatal.
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