Nuevamente el transporte público toma decisiones de forma unilateral, sin considerar la opinión del Poder Público Municipal y de los habitantes del estado Mérida, pues en asamblea realizada el pasado martes, el Sindicato de Transporte decidió de forma inconsulta aumentar el costo del pasaje a partir de este viernes 15 de diciembre.
Desde este viernes, los usuarios del transporte público, deberán pagar una tarifa de 2 mil bolívares el pasaje urbano, mientras que el pasaje interurbano o largo tendrá un valor de 3 mil 500 bolívares, aumento que constituye un 230% aproximadamente sobre la base del aumento ilegal que comenzaron a cobrar el primero de noviembre.
El presidente del Sindicato de Transporte, Benjamín Lara, fundamenta este aumento por el alto costo que genera mantener en medianas condiciones las unidades, además del exorbitante costo de los repuestos y autopartes de las mismas.
El equipo de prensa de Diario Los Andes realizó una consulta sobre el costo de los requerimientos básicos para el mantenimiento y reparación de las unidades de transporte, determinando que una paila de aceite de 16 litros, tiene un valor de 9 millones 800 mil bolívares; cada unidad requiere de un estimado de 12 litros, y el cambio del mismo con el respectivo filtro debe realizarse cada 20 días, máximo un mes; pero en virtud al encarecimiento y escasez del lubricante, los transportistas se ven obligados a cambiarlo cada mes y medio o dos meses.
A este monto, los transportistas deben sumarle el filtro que tiene un valor de 950 mil bolívares, más el filtro de aire y gasoil, lo que en definitiva, un cambio de aceite tiene un precio real entre 15 y 16 millones de bolívares.
Aunado a este gasto, una batería les puede costar hasta más de 5 millones de bolívares “bachaqueada”, pues actualmente este artículo no está disponible en el mercado, valorada en al menos 1 millon 200 mil bolívares.
En relación a los cauchos, los mismos varían su precio dependiendo del tamaño; en el caso de Mérida, los cauchos más comunes que utilizan las diferentes unidades de transporte son: G22 7.50 rin 16 “es el radial más económico”, cuesta 9 millones 800 mil, para aquellos autobuses tipo encava pequeños y unidades de menor tamaño; por consiguiente el caucho 0020 para los buses grandes, tiene un precio de 28 millones cada uno.
Aun cuando la Misión Transporte, a través de sus proveedurías socialistas tiene la finalidad de dotar al sector transporte a muy bajo costo los insumos necesarios para su funcionamiento, la misma no cumplió sus objetivos de garantizar las condiciones mínimas para mantener operativo el transporte público en Mérida.
El sexto del año
Este aumento anunciado por Benjamín Lara, presidente del Sindicato de Transporte, es el sexto que se produce este año, de los cuales cuatro son legales porque están avalados por la Alcaldía del municipio Libertador y comunidades consultadas para esta finalidad, mientras que los dos últimos, uno de ellos próximo a cobrar, se convierten en incrementos unilaterales e inconsultos por parte de los buseteros con los sectores involucrados en el tema.
Cabe recordar que aun cuando la Ordenanza municipal establece un solo aumento del pasaje al año, debido a la inflación y a los altos costos de los insumos del transporte, las autoridades municipales, en conjunto con los transportistas y comunidades revisan trimestralmente las tarifas del pasaje urbano.
El primer aumento se produjo en el mes de febrero, pasando de Bs. 40 a Bs. 90; el segundo fue a partir del 1 de abril; nuevamente para el 1 de julio, y el cuarto y último aumento del año estaba planificado cobrarlo desde el 1 de octubre, pero los profesionales del volante, se adelantaron y comenzaron a cobrarlo desde el 20 de septiembre.
El aumento del pasaje a 2.000 bolívares representa un aumento porcentual de 826 %, tomando en consideración que en el mes de febrero el pasaje urbano en Mérida tenía un costo de Bs. 90.
Mal servicio
Así las cosas, el aumento ilegal de los transportistas, es pagar por el pésimo servicio que prestan, ya que diariamente los usuarios se quejan de las dificultades que deben sortear para poder llegar a sus hogares, lugares de trabajo o llevar a sus hijos a clases, pues duran hasta más de dos horas esperando autobús y en ocasiones, se ven obligados a pagar un “pirata” e ir montados en la tolva de camionetas que se han dedicado movilizar a los merideños, corriendo múltiples riesgos, sin que las autoridades municipales regionales y nacionales asuman con seriedad esta situación.