Por: Rafael de la Cruz
Hoy vuelvo sobre el programa de gobierno de María Corina. Esta vez vamos a analizar qué propone hacer con el sensible tema de la seguridad de los ciudadanos, y el más sensible tema de las fuerzas armadas y la defensa de la soberanía del país.
El caos actual
El régimen se ha aliado con mafias narcotraficantes; con las disidencias de las FARC y con la guerrilla del ELN de Colombia; con el grupo terrorista Hezbollah, auspiciado por Irán; con Rusia; y especialmente con el régimen castrista, al cual le ha cedido parte importante del control del Estado y al cual mantiene con regalos diarios de decenas de miles de barriles de petróleo gratuitamente. La consecuencia de estas alianzas ha sido una pérdida de control del territorio y una cesión de la soberanía a grupos y naciones extranjeros.
Adicionalmente, el régimen no lograr controlar los problemas de seguridad ciudadana. Ni siquiera en esto tiene algo de éxito. Más grave aún, la cesión de soberanía y la segmentación del territorio ha dejado grandes áreas de la República a merced de grupos irregulares que explotan a la población y los recursos naturales del país, como ejemplifica el arco minero, lleno de malandros e irregulares, socios del régimen.
En medio de este caos, el régimen a quien le teme es a la población venezolana. La doctrina que ha establecido es la del “enemigo interno”. Una doctrina de seguridad y defensa que transformó la soberanía del Estado en un modelo de protección del poder, donde se ha fortalecido a los órganos de inteligencia y de represión, en detrimento de las unidades profesionales militares y policiales. Esta doctrina destruye el estado de derecho y lo convierte en un instrumento de control y persecución política, reorientando las funcionas de seguridad y defensa hacia una estructura de Estado policial.
La pax criminal, resultado de esta situación, es un fenómeno social que surge a partir de la ausencia del Estado sobre el territorio, en el cual organizaciones armadas de delincuencia organizada o con fines subversivos to¬man control de los espacios para ejercer de facto funciones de seguridad y protección. De esta manera se convierten en los reguladores de la vida y las relaciones entre los ciudadanos. En el caso venezolano, este proceso ha ocurrido como un acto deliberado del régimen en el poder. Lo ha auspiciado, a fin de aprovecharlo como instrumento en las acciones represivas y de control propias de la doctrina del enemigo interno.
Frente a esta situación el programa de gobierno de María Corina prevé dos ejes de acción. El primero se refiere a la seguridad ciudadana y la función policial. El segundo se enfoca en la defensa en la soberanía y en el papel de las fuerzas armadas.
Seguridad ciudadana
Entre las medidas respecto a la seguridad ciudadana: (i) se incrementará las capacidades de las fuerzas de seguridad para responder de manera efectiva a las amenazas contra los ciudadanos y contra el Estado; (ii) se dará prioridad a la prevención del delito, fomentando la participación ciudadana y el trabajo de las policías con las comunidades locales; (iii) se creará un sistema de inteligencia y análisis criminal que permita anticiparse a los delitos y desarticular los grupos criminales; (iv) se hará énfasis en la formación y profesionalización de los policías al servicio de la comunidad; y (v) se establecerá un sistema de carrera con meritocracia y condiciones socioeconómicas que revaloricen al funcionario de seguridad, y le ofrezcan aseguramiento y protección social para él y su familia. Esta nueva estrategia de seguridad ciudadana permitirá restablecer la confianza de la población en los cuerpos policiales e integrarlos en sus comunidades como lo que son: venezolanos cuya misión es proteger a sus vecinos y familias.
Soberanía Nacional
Entre las medidas respecto a las fuerzas armadas: (i) se reemplazará la doctrina del “enemigo interno” por la doctrina de defensa de la soberanía; (ii) el mando militar se concentrará en los cuatro componentes de las fuerzas armadas y se disolverá la milicia; (iii) al igual que con las policías, se implantarán procedimientos meritocráticos para los ascensos militares, de manera de volver a colocar a las fuerzas armadas como una institución profesional fundamental de la Nación; (iv) se hará un esfuerzo espacial en especializar a los militares en plataformas tecnológicas de defensa, ciberseguridad de infraestructuras críticas, modelos avanzados de análisis de riesgos e incremento de las capacidades tácticas; (v) se reestructurará el sistema de protección social de los efectivos de las fuerzas armadas, con el esquema de seguridad social basada en capitalización con apoyo subsidiario del Estado, para asegurar su bienestar y el de sus familias, como reconocimiento de la sociedad venezolana al papel vital que juegan en la defensa de la soberanía.
Las Fuerzas Armadas deben retornar a los principios que rigen la geopolítica del hemisferio, alineando sus intereses con la región y desalojar la presencia de elementos internacionales a los que se les ha permitido operar en el territorio con el propósito de amenazar a la población y a nuestros aliados históricos. Las Fuerzas Armadas deben retomar el control y la independencia de los espacios y ponerlos al servicio del desarrollo de la Nación.
En definitiva, el gobierno de María Corina devolverá a los militares y a los policías el papel que les toca jugar de protección de los ciudadanos y de resguardo de la soberanía, de manera profesional y en el marco de un Estado democrático. Esto les será recompensado con el respeto y reconocimiento que merecen de parte de todos los venezolanos.
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