San Salvador, 30 ene (EFE).- La seguridad y los derechos humanos se colocan como los polos opuestos de la gestión de Nayib Bukele como presidente de El Salvador, quien goza de una altísima popularidad, pero también es criticado por autoritarismo, concentración de poder y atropellos en su guerra contra las pandillas.
Las últimas encuestas dadas a conocer en El Salvador dan a Bukele una intención de votos de entre el 81,9 % y el 70,9 %, con lo que ganaría en primera vuelta y con amplía ventaja sobre sus oponentes.
El pilar de su popularidad y la única respuesta
Los mismos sondeos señalan que la popularidad del mandatario se sostiene por un régimen de excepción, aprobado y extendido por casi dos años por el Congreso a petición de Bukele, que suspende garantías constitucionales, como el derecho a la defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones.
El oficialismo atribuye a esta medida la reducción de los homicidios durante la gestión de Bukele y el encarcelamiento de miles de supuestos pandilleros, que en el pasado controlaban abiertamente las comunidades.
El régimen de excepción ha dejado más de 75.100 detenciones de personas, de las que unas 7.000 habrían recibido la libertad condicional, y que el Ejecutivo de Bukele acusa a todas de ser pandilleros o colaboradores.
Por otra parte, en 2023 El Salvador habría cerrado con una tasa de 2,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, sumando 8 años seguidos de reducciones desde 2015, cuando la tasa fue de 103.
Bukele, que busca su reelección inmediata a pesar de que lo prohíbe la Constitución, no ha hecho propuestas, pero sí ha pedido el voto para su partido para mantener la mayoría absoluta del Congreso y poder así seguir ampliando el régimen de excepción.
La gestión con «mayores violaciones a DDHH»
Sin embargo, la llamada «guerra contra las pandillas» de Bukele ha generado, de acuerdo con Amnistía Internacional, una regresión en materia de derechos humanos, que podría dar pie a la mayor crisis desde el final de la guerra civil (1980-1992).
Algunos defensores de derechos humanos, incluso candidatos presidenciales de la oposición, cifran en hasta 20.000 la detenciones arbitrarias.
Un conglomerado de ONG han atendido a más de 6.000 víctimas directas de atropellos y suman más de 200 muertes de personas detenidas, incluso con signos de torturas en las prisiones.
Con la medida de excepción, el Gobierno de Bukele suma más de 100.000 presos y habría detenido a más del 1 % de la población del país, mientras los funcionarios estiman entre 18.000 y 20.000 supuestos pandilleros aún en libertad.
Para David Morales, de la organización Cristosal y exprocurador de Derechos Humanos, la gestión de Bukele cerrara este quinquenio «como la que ha provocado más violaciones a derechos humanos desde la firma de los Acuerdos de Paz» en 1992.
«La estrategia de seguridad, que consiste en un régimen de excepción inconstitucional, ha provocado violaciones masivas a los derechos humanos», dijo a EFE Morales, quien advirtió que se ha instaurado «la tortura como política de Estado».
Señaló que más allá de esta medida de excepción, «el Gobierno actual no ha sido capaz de establecer una política integral de seguridad».
Una gestión hostil con la prensa
El relator de libertad de expresión de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Gabriel Labrador, dijo a EFE que «ha habido una presión constante por parte del Gobierno para restringir la libertad de expresión y la libertad de prensa».
«El Gobierno de Bukele muestra dos caras: una cara amigable hacia la prensa que no le cuestiona y que es afín a sus intereses y, por otro lado, también tiene una cara hostil hacia la prensa independiente que no está alineada a sus intereses propagandísticos», comentó.
Advirtió que desde 2019, cuando llega al poder Bukele, «las agresiones contra los periodistas fueron en aumento», pasando de 77 en ese año a 293 en 2023. El incremento ha sido de más del 280 %.
«Es preocupante que nunca el gobierno ni sus voceros haya hecho un llamado para que se erradiquen las agresiones contra periodistas» y «cuando se ha atentado la seguridad jurídica, física y mental de los periodistas hay funcionarios del Gobierno que manifiestan su beneplácito sin que autoridades como el presidente Bukele censuren esas expresiones», añadió Labrador.
Economía: El pie cojo
Las mismas encuestas que indican la alta popularidad de Bukele y su régimen de excepción dan cuenta de que la economía es su principal deuda.
En 2021, Bukele puso como su principal apuesta en esta materia la adopción del bitcóin como moneda de curso legal, vaticinó que esta criptomoneda llegaría a valer unos 100.000 dólares y apostó a que los salvadoreños enviaran masivamente las remesas familiares mediante una billetera digital, pero a más de dos años no se cumplieron las esperanzas.
De hecho, el país sigue siendo el que menos crece en Centroamérica y cuya pobreza monetaria pasó en 2019 del 22,8 % de los hogares al 26,6 %, con un crecimiento de 3,8 puntos porcentuales.
Solo la pobreza extrema en estos cuatro años que miden la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples paso del 4,5 % de los hogares en 2019 al 8,6 % en 2022.
Según una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), el 32,8 % de la población considera que el «principal problema que afronta El Salvador» es la economía, mientras que el desempleo alcanza el 17,3 %.
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