Redacción El Carabobeño
La historia se repite. 24 horas después, otros dos menores de edad fueron pasados a juicio durante la audiencia preliminar telemática celebrada desde Caracas por la jueza Keidimar Ramos Castillo, titular del tribunal segundo con competencia en terrorismo, pero que los adolescentes presenciaron desde el Circuito Judicial Penal de San Juan de Los Morros.
Ya son 11 los menores de edad, residenciados en Carabobo, pasados a juicio por las protestas postelectorales. Los dos adolescentes de este jueves se sumaron al grupo de siete presentado el miércoles y dos que habían acudido a audiencia el viernes 27 de septiembre. Todos recibieron la misma medida, que a sus familiares les parece un guión, previamente escrito.
A la sede tribunalicia fueron trasladados desde su sitio de reclusión, también en la localidad guariqueña, pese a que residen en el sur de Valencia. Un tercer menor de edad, recluido en Valencia, no fue trasladado al Palacio de Justicia de la capital carabobeña para la audiencia telemática, se desconoce la razón.
Otros dos menores de edad pasados a juicio
Como en las dos audiencias preliminares anteriores, el procedimiento fue el mismo. El fiscal solicitó una pena de 10 años por los delitos de terrorismo, incitación al odio, obstrucción de vía pública y resistencia a la autoridad. En estos dos casos se agregó uso indebido de uniformes e insignias militares. No hubo mayor oposición. La defensora pública, Kelly Pérez, solicitó una revisión de medida que la jueza Ramos negó.
Pero antes de hacerlo Ramos repitió la oferta: Si se declaran culpables cumplirán una condena de 6 años y 8 meses, sin beneficios. De lo contrario irán a juicio y corren el riesgo de recibir un castigo de 10 años de prisión.
Los jóvenes, de 17 años, no aceptaron. Irán a juicio, aún con el temor de que la legalidad no esté de su lado. No lo ha estado hasta ahora: Debieron ser presentados los primeros 10 días tras su detención, pero han pasado 63 y apenas este jueves fue la audiencia preliminar.
En esta oportunidad tampoco valió la documentación que sus padres consignaron en la defensoría pública para demostrar su inocencia. Fue tiempo y dinero invertido por sus padres que se esfumó: La jueza alegó no tener ningún documento promovido como prueba por la defensa.
Por unos pañales
Para cumplir con su responsabilidad de padre recién estrenado, el joven de 17 años salió a comprar unos pañales. Aún celebraba por su graduación, el 25 de julio pasado. Pero el 29, cuando regresaba con los insumos para su hijo de 7 meses fue detenido por funcionarios policiales en la cancha de El Combate, al sur de Valencia.
Su madre lo buscó toda la noche, en cuanto comando policial o militar encontró preguntó por el adolescente. Fue a los hospitales y hasta la morgue. No lo consiguió.
Decidió ir al Fuerte Paramacay y le dijeron que allí no estaba. Su desaparición la difundió por redes sociales.
El miércoles 31 de julio, a las 3:00 de la tarde, la llamaron desde el Palacio de Justicia. Su hijo estaba allí y de la emoción al verlo corrió y lo abrazó, con permiso de la defensora pública del momento. Pero él le pidió que no lo hiciera: «Mami me duele todo, no me abraces, me golpearon horrible y me sembraron».
El «grave error» de este adolescente fue correr al ver a los policías. «Fue un impulso, se asustó. Uno de los funcionarios efectuó dos disparos, al segundo se paró. Le quitaron los pañales, lo tiraron al piso y le cayeron a patadas, le quitaron los zapatos y lo obligaron a ponerse unos de policías. Eran funcionarios de la Dirección de Investigación Penal de la Policía Nacional Bolivariana.»
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Torturado y confeso
En la sede policial en Valencia, a la que su madre fue varias veces y siempre le negaron la presencia de su hijo, fue torturado hasta que finalmente accedió a grabar un video, contaron sus familiares. «Lo hizo cuando lo amenazaron con partirle la cabeza. ´Confesó´ que recibió 30 dólares por salir a protestar».
Luego fue trasladado a la sede de la PNB en Los Guayos. Allí estuvo 15 días, casi sin comer porque la comida y las medicinas desaparecían. «Para que le llegaran los medicamentos tuvimos que pagar».
Al igual que su compañero de causa, cuando estuvo recluido en Carabobo compartió celda con presos comunes, algunos con tuberculosis, según sus familiares. Luego los cambiaron a un calabozo donde solo estaban menores de edad, pero comenzaron a golpearlos todas las noches. Finalmente los llevaron a San Juan de los Morros.
Si corres disparamos
En Lomas Funval, cerca de su casa, fue detenido otro adolescente de 17 años. Eran cerca de las 8:00 de la noche del 29 de julio y había salido de casa de su novia, embarazada. Funcionarios de la DIP de la PNB en varias motos lo cercaron, le pusieron un fusil en la frente y lo amenazaron con disparar si corría.
En la sede policial lo golpearon y le quitaron sus zapatos, obligándolo a calzar unas botas militares. A ambos jóvenes les adicionaron el delito de uso indebido de uniformes e insignias militares.
Su madre también fue a buscarlo al Fuerte Paramacay, donde le dijeron que allá no habían menores. El 30 la llamaron del Palacio de Justicia.
Ninguno tiene un abogado privado. No tienen derecho a tenerlo, ni a ver el expediente. Les dicen que es ilegal.
Hace un mes una defensora pública en Caracas llamó a los familiares para anunciarles que las boletas de excarcelación de sus hijos estaban en la capital. Fueron a buscarlas durante varios días, aún no las consiguen. Solo cuatro salieron, sus hijos se quedaron esperando.
Hoy ellas, como otras madres compañeras de este infortunio, están dispuestas a denuncir ante el mundo lo que les pasa. «Fue un error callar, esta gente no tiene corazón ni respeto por la legalidad».
