Redacción Medioambiente, 24 jul (EFE).- «Punto de inflexión para las comunidades más afectadas», «herramienta poderosa» o «hito histórico» son algunos de los calificativos que ha recibido el dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de reconocer responsabilidad de los estados en la lucha contra el cambio climático, aunque está por ver cómo podrá aplicarse.
La CIJ, con sede en La Haya (Países Bajos), determinó tras una consulta específica de la Asamblea General de la ONU que incumplir las obligaciones climáticas supone «un acto internacionalmente ilícito» que puede dar lugar a «reparaciones» al país perjudicado, y consideró que los tratados sobre cambio climático -como el Protocolo de Kioto o el Acuerdo de París, entre otros- establecen «obligaciones vinculantes» a los países firmantes.
La Corte considera que los países deben «prevenir daños significativos» al medioambiente y «utilizar todos los medios a su alcance para evitar que actividades dentro de su jurisdicción o bajo su control causen tales daños» e insiste en que los países firmantes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático tienen «la obligación de adoptar medidas para contribuir a la reducción» de emisiones de gases de efecto invernadero «de origen humano», así como a la adaptación.
El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear responsabilidades legales, como el cese del daño, garantías de no repetición y reparaciones a los estados afectados, si existe un “vínculo casual” directo, aunque será preciso evaluar «caso por caso”.
Satisfacción
La reacción general, sobre todo entre organizaciones ambientales, ha sido de satisfacción, como la de Flora Vano, directora nacional en el archipiélago de Vanuatu de la Federación ActionAid, quien habla de «decisión histórica» y «poderosa herramienta» para enfrentar «a los contaminadores que no parece importarles que sus acciones estén destruyendo países» como el suyo en el Pacífico sur y «exigir que rindan cuentas».
Otras ong como World’s Youth for Climate Justice y Pacific Islands Students Fighting Climate Change califican la decisión de la CIJ como «punto de inflexión para las comunidades más afectadas en todo el mundo», porque «la justicia climática ya no es opcional: los países contaminantes están legalmente obligados a reducir sus emisiones y a compensar a quienes ya están sufriendo las consecuencias».
Organizaciones como la española Ecologistas en Acción también señalan el «hito histórico» de un dictamen «sin precedentes» que refuerza el papel central “del derecho y el activismo jurídico como herramienta de justicia climática”.
Algunos países como China también han mostrado su agrado formal por esta resolución que «subraya la obligación de todos los países de reforzar la cooperación internacional» y refleja «las posiciones y propuestas sostenidas desde hace tiempo por China y otros países en desarrollo», además de asegurar que su compromiso con la acción climática «no se ralentizará».
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Impacto real
La duda ahora es el impacto efectivo que tendrá esta decisión en un mundo en el que, en realidad, los estados tienen cada vez menos poder y capacidad de maniobra en beneficio de otras organizaciones que son las que manejan muchas de las grandes decisiones, como los fondos de inversión BlacRock y Vanguard o las multinacionales tanto tecnológicas como energéticas y alimentarias, principalmente.
Además, se supone que la justicia climática incluirá la transferencia de fondos y tecnología de los países más contaminantes a los menos –en teoría, los menos desarrollados-, pero lo cierto es que los análisis de distintas organizaciones certifican que los que más emisiones de gases de efecto invernadero totales generan son precisamente China -con más del doble de cantidad que el segundo en la lista-, EE,UU, e India, mientras que los más contaminantes del aire son Bangladesh, Pakistán e India.
Otros problemas como la gestión del agua, la reducción de plásticos o la conservación de la biodiversidad son especialmente notables en países asiáticos y africanos, más que en los americanos o mucho más que en los europeos.
Punto y aparte supone el desastre ambiental generado por las guerras: más allá de las pérdidas humanas, está por ver quién y cómo paga la contaminación de aire, suelo y agua en los territorios bombardeados sistemáticamente en Gaza por Israel o en el escenario bélico entre Ucrania y Rusia.
Un ejemplo
El medioambiente llegó a los tribunales en los últimos años y un ejemplo es la asociación suiza KlimaSeniorinnen Schweiz (Mujeres Mayores de Suiza por el Clima), que denunció al Gobierno de su país por no tomar medidas suficientes contra el cambio climático y logró en abril de 2024 una sentencia favorable del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Greenpeace defiende esta iniciativa «pionera» porque «abrió la puerta» a que las asociaciones de otros países judicialicen la inacción climática de sus respectivos gobiernos, en una «creciente ola de acciones legales para una acción climática más ambiciosa».
Sin embargo, cuatro meses después de la sentencia europea, el Gobierno de Suiza la desestimó alegando que el tribunal se había «extralimitado en sus competencias» y que «en todo caso» cumplía las exigencias en materia de clima.
La decisión de la CIJ será empleada como argumento moral, además de judicial, en las próximas grandes citas ambientales, pero habrá que esperar para comprobar su alcance práctico.
Pedro Pablo G. May
