Bogotá, 22 nov (EFE).- El expresidente colombiano Juan Manuel Santos, ganador del Premio Nobel de Paz de 2016, asegura que la ‘batalla cultural’ emprendida por el Gobierno le está creando «enemigos» innecesarios al presidente, Abelardo de la Espriella.
«Ningún Gobierno puede gobernar haciendo enemigos y la ‘batalla cultural’ lo que hace es hacer enemigos innecesariamente», expresa Santos en una entrevista con EFE con motivo del décimo aniversario de la firma del acuerdo de paz entre su Gobierno y la guerrilla de las FARC, que se conmemora el 24 de noviembre.
El expresidente, que gobernó Colombia entre 2010 y 2018, se refirió así a la polémica por la remoción de 63 piezas artísticas e históricas del Museo Nacional el pasado 15 de octubre, ordenada por el propio De la Espriella por motivaciones políticas y que fueron reinstaladas dos semanas después por orden judicial.
La controversia comenzó después de que se conociera que el Ministerio de Cultura había ordenado retirar de varias salas del mayor museo de Colombia más de 60 elementos relacionados principalmente con los movimientos feministas y LGTBIQ+, las víctimas de la violencia política y el acuerdo de paz de 2016.
Entre las piezas retiradas figuraban una bandera del orgullo perteneciente a la activista Elizabeth Castillo y el llamado ‘Balígrafo’, una pluma elaborada a partir de una bala y utilizada para firmar el acuerdo de paz.
La decisión de retirar las obras se enmarcó en la «contrarrevolución cultural» anunciada por De la Espriella, quien ha criticado el ‘wokismo’ en Colombia y considera que determinadas representaciones en espacios públicos constituyen una «apología del terrorismo».
«Ojalá que se dé cuenta de que es uniendo el país, no dividiéndolo, como va a poder solucionar en los próximos cuatro años los problemas, ojalá sea así para bien del país y para bien del Gobierno», dice Santos.
A su juicio, «si mantiene esa actitud excluyente de ‘batalla cultural’ para hacer enemigos, pues va a tener problemas». «Ojalá se dé cuenta de eso más temprano que tarde para evitar costos al país y costos para el Gobierno», apostilla.
El acuerdo de paz, una guía
De la Espriella y su Gobierno están en contra del acuerdo firmado con las FARC en 2016, lo que los ha llevado incluso a reducir el presupuesto para 2027 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal transicional creado para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto.
Igualmente, al renovar por un año el mandato de su Misión de Verificación del acuerdo, la ONU, por solicitud del Gobierno, eliminó la supervisión externa de uno de los puntos clave del acuerdo, el relativo a la reforma rural integral.
«La mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad hicieron observaciones contrarias a lo que el Gobierno quería, dijeron que eso no convenía, que eso iba a ser un problema para la implementación del acuerdo, pero hay que aclarar que de todas formas la obligación del Gobierno de desarrollar el punto uno (el de reforma rural integral) sigue vigente», advierte Santos.
En su opinión, la implementación de este tema en específico le «convendría» al Gobierno de De la Espriella, «porque parte de la solución al problema de seguridad en esas zonas agrícolas» donde se ha recrudecido la violencia en los últimos años «es desarrollar la reforma rural».
El expresidente argumenta que ante «los problemas serios» que tiene Colombia actualmente, como «el problema fiscal, el problema de seguridad, el problema de la salud», un «jefe de Estado lo que debe hacer es unir el país».
«La implementación del acuerdo de paz puede unir el país. Si el presidente le dice a ese 50 % que no votó por él ‘venga y nos ponemos de acuerdo para implementar el acuerdo’, yo estoy seguro que ese 50 % viene a colaborar con la implementación. Eso sería un mensaje maravilloso para el país y para el mundo, y le facilitaría muchísimo al Gobierno la solución de los demás problemas», concluye Santos.
Jorge Gil Ángel
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