Tegucigalpa, 5 abr (EFE).- El sacerdote panameño Donaciano Alarcón aseguró este miércoles que fue expulsado de Nicaragua después de que las autoridades policiales de ese país lo acusaran de predicar a favor del obispo nicaragüense Rolando Álvarez, quien fue condenado a más de 26 años por delitos considerados «traición a la patria».
«El lunes (Santo) teníamos la misa crismal y allí fue que me dijeron que había estado predicando a favor de monseñor Álvarez, que había estado organizando algunas revueltas contra la Policía, que estaba desobedeciendo lo estipulado: cero procesiones», declaró el religioso a periodistas desde la ciudad hondureña de San Pedro de Sula, donde se encuentra.
«La acusación era falsa. Les dije que no y ellos me dijeron: bueno, esto puede ser causa de expulsión porque ya se ha puesto una norma y usted no la está cumpliendo», dijo.
Alarcón fue expulsado de Nicaragua hacia Honduras tras celebrar la eucaristía el lunes con motivo del inicio de la Semana Santa.
«Celebré la misa crismal y cuando salí de la misa, ellos (los policías) me estaban esperando y me sacaron del carro de mi otro compañero. Me montaron a una patrulla y me llevaron a la frontera» con Honduras, relató.
POR MENCIONAR A MONSEÑOR ROLANDO ÁLVAREZ
A su juicio, su expulsión obedeció por mencionar en sus homilías «a monseñor Álvarez, que usted sabe que es un preso político para ellos (el Gobierno del presidente Daniel Ortega, y) eso puedo ser mal interpretado».
Explicó que durante las litúrgicas, los sacerdotes deben orar por el papa Francisco y por los obispos.
«Los tenemos que mencionar, aunque eso incomode. Puede ser eso (la causa de su expulsión)», anotó.
«O puede ser, y voy a admitirlo públicamente, que haya sido imprudente en alguna homilía sin darme cuenta», añadió.
El 10 de febrero pasado, el obispo Álvarez, de 56 años, fue condenado a 26 años y 4 meses de prisión, despojado de su nacionalidad, y suspendidos sus derechos ciudadanos de por vida, por delitos considerados «traición a la patria».
La condena contra el alto jerarca fue dictada un día después de que rechazase subirse a un avión que lo iba a llevar, junto con otros 222 excarcelados políticos nicaragüenses, hacia Estados Unidos, lo que provocó la indignación del presidente Ortega, quien lo calificó de «soberbio», «desquiciado» y «energúmeno».
Un día después del discurso de Ortega, y pese a que el juicio estaba programado para el 15 de febrero, una jueza nicaragüense declaró al religioso traidor a la patria y autor de cuatro delitos en perjuicio de la sociedad y el Estado de Nicaragua.
IGLESIA DE NICARAGUA SUFRE RESTRICCIONES
Por otro lado, el sacerdote panameño confirmó que existen en Nicaragua «restricciones» para la Iglesia católica.
«Hay restricciones. No podemos hacer procesiones (en las calles), y hay que tener mucho cuidado de lo que se habla», afirmó.
Aclaró, sin embargo, que las autoridades nicaragüenses no les han impedido celebrar eucaristías, sus formaciones sacerdotales, «ni estar con la gente, solo las manifestaciones públicas».
Explicó que las autoridades restringieron las procesiones en las calles nicaragüenses durante la Semana Santa, porque «no quieren manifestaciones públicas».
Pese a esas limitaciones, aseguró que el papa Francisco los anima a seguir «con la gente y de remarcar la fraternidad», y, en su caso, aunque fue expulsado por el Gobierno de Nicaragua, «ni siquiera ellos son enemigos míos».
Alarcón, que estaba a cargo de las parroquias en los municipios de San José de Cusmapa y Las Sábanas, ambos en el departamento de Madriz, fronterizo con Honduras, dijo que ha evitado tener contacto con los fieles nicaragüenses «porque hay que proteger a nuestra gente».
Asimismo, afirmó que los hondureños lo recibieron muy bien tras ser expulsado de Nicaragua, donde las autoridades le advirtieron que «ya no podía entrar a Nicaragua», que era «una decisión del Estado», pero que no recibió maltrato.
Las relaciones del Gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia católica viven ahora momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, o la prohibición de actividades religiosas.
El presidente Ortega ha llamado «mafia» a sacerdotes, obispos, cardenales y al papa Francisco, quien ha tildado de «dictadura grosera» al gobierno sandinista y ha señalado «un desequilibrio de la persona que dirige» el país centroamericano, uno de los más pobres del continente.