Por: Mariett Hamilton García / Correo del Caroní
La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) y otras siete organizaciones internacionales presentaron el informe Restricciones a la libertad de prensa y asfixia mediática en el contexto electoral en Venezuela, este lunes 18 de noviembre.
Este documento registra los atropellos que padeció la prensa venezolana entre el 1 de julio y el 28 de agosto, fase pre y postelectoral de Venezuela, por los comicios presidenciales del 28 de julio. Las ONG entrevistaron a treinta periodistas de medios de comunicación regionales, nacionales e internacionales, y a actores de organizaciones de la sociedad civil vinculadas al estudio de la libertad de expresión.
El informe contiene recomendaciones para que tanto el gobierno venezolano como la comunidad internacional garanticen la libertad de prensa, pese a que “en la última década, Venezuela ha experimentado uno de los declives democráticos más agudos y precipitados de la región”.
Según el director de la Sociedad Interamericana de la Prensa, Carlos Lauría, “Maduro profundizó el cierre de estaciones de radio y televisión bajo pretextos regulatorios, lo que llevó al desmantelamiento de gran parte de los medios tradicionales”.
La ONG Espacio Público constató que “de los 110 medios impresos que existían hace 10 años, hoy solamente operan 24, que además no tienen la capacidad para producir contenido diario”.
Hallazgos del informe
Asimismo, se reveló que la Ley Contra el Odio se cataloga como “uno de los instrumentos legales más utilizados por el gobierno recientemente”, puesto que cinco de los ocho periodistas encarcelados en el contexto electoral fueron imputados con el delito de “Incitación al odio”, justificando sus detenciones con el artículo 20 de esa ley.
De acuerdo con fuentes entrevistadas para el informe, “antes de la jornada electoral, el panorama estuvo marcado por la obstaculización en la cobertura de las campañas, en especial las de candidatos de oposición.
Esto incluyó prácticas como el bloqueo de puentes y carreteras, así como el acceso a espacios físicos de cobertura y actividad política; mientras que, en términos de cobertura, la campaña oficialista gozó de un mayor cubrimiento en el ecosistema de medios, en comparación con los candidatos opositores, que encontraron poco eco en este tipo de redes”.
Además, se documentó que previo a los comicios presidenciales “se presentaron 98 agresiones contra la prensa”.
Sin embargo, la violencia contra la prensa se acrecentó una vez celebradas las elecciones, según testimonio de una periodista zuliana, pues en radio ya no estaba permitido difundir noticias ni programas de opinión solo música.
“Los periodistas que cubrieron las protestas, que tuvieron lugar a lo largo y ancho del país después de las elecciones denunciando un posible fraude electoral, enfrentaron agresiones e intimidaciones por parte de los cuerpos de seguridad”, detallaron.
Otro periodista comentó que al no haber una directriz clara, las autoridades “de todos los niveles”, actúan según su criterio.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), entre el 1 de julio y el 28 de agosto, recopiló alrededor de 62 agresiones físicas y verbales contra la prensa, 39 de estas fueron “de amedrentamiento y acciones que buscan infundir miedo sobre los trabajadores del sector”.
Muchos periodistas preferían pasar desapercibidos y evitar cualquier elemento de identificación.
La misma organización registró que de las 228 violaciones contra la libertad de prensa, 49 se relacionaron con hechos de amedrentamiento y criminalización. “De esos 49 casos, en 29 ocasiones el victimario fue estatal”.
Una periodista reveló que colectivos que operan en el Arco Minero del Orinoco (AMO) compartían amenazas por los estados de WhatsApp, insistían que la comunidad permaneciera en sus casas, “incluidos los periodistas”.
“Otra de las prácticas comunes del gobierno en contra de los trabajadores de la prensa ha sido la anulación de pasaportes”; no obstante, esta no responde a “criterios claros” porque se ha anulado el pasaporte a niños sin actividad política.
Un periodista declaró que se negaban a salir para hacer coberturas porque incluso temían por sus familias.
Otras cifras alarmantes
El informa da cuenta además, de que 11 periodistas extranjeros detenidos arbitrariamente y expulsados, el bloqueo de al menos 29 sitios web de medios de comunicación y organizaciones de prensa.
Asimismo refiere 45 casos de discursos estigmatizadores contra la prensa. IPYS evidenció que tres fueron campañas de desprestigio y desinformación, quince eran descalificaciones o insultos por parte de autoridades, funcionario o figuras públicas influyentes, y 27 vinculadas con casos de criminalización, acciones que pretenden relacionar a una persona periodista con un hecho criminal. Diez medios de comunicación y agencias de prensa fueron blanco de estos discursos.
