David Uzcátegui
Tras una temporada de alivio, ha vuelto la situación: la inflación en Venezuela ha retomado un rumbo ascendente que erosiona ingresos, provoca ajustes de precios frecuentes y renueva la sensación de incertidumbre entre hogares y empresas.
Este retroceso —que muchos esperan que sea temporal— exige mirar con precisión sus causas y confirmar que las recetas que se aplicaron no bastan sin cambios estructurales profundos.
Al hacer un repaso a qué es la inflación y por qué ocurre, encontramos que puede originarse por exceso de demanda respecto a la oferta, por aumentos en los costos de producción o por expectativas y dinámicas de indexación que vuelven persistente la subida de precios.
Detrás de todo esto suele estar, en última instancia, la emisión monetaria sin respaldo: cuando un Estado financia su gasto imprimiendo moneda, la cantidad de dinero en circulación sube y los precios tienden a adaptarse a ese nuevo equilibrio. Estos mecanismos son válidos tanto para economías normales como para crisis más profundas.
En el caso venezolano las causas combinan factores generales con elementos propios del país. Entre los factores comunes están la depreciación brusca de la moneda —que encarece importaciones y empuja precios en bolívares— y los costos energéticos y logísticos asociados a una producción que enfrenta problemas para crecer, o incluso para mantenerse.
A esos mecanismos se suman otros específicos: déficits fiscales, dependencia de los ingresos petroleros (con fluctuaciones y caídas en la oferta de divisas), y un mercado cambiario fragmentado con varios tipos de cambio que generan distorsiones.
La reciente reducción de ingresos en dólares ha estrechado la oferta de divisas y presionado nuevas devaluaciones.
Además, problemas estructurales del país —infraestructura eléctrica deficiente, caída de la producción petrolera— aumentan los costos de operar y limitan la inversión productiva. Todo esto transforma lo que podría ser un ciclo inflacionario moderado en una espiral que afecta la capacidad de planificación de empresas y familias.
Informes y proyecciones internacionales, como los de la agencia de noticias financieras Bloomberg, muestran que tras una reducción de la inflación en 2023–2024, la tendencia puede invertirse si no se corrigen pronto los desequilibrios macroeconómicos.
¿Qué se puede hacer para frenar la inflación? Las recetas clásicas siguen vigentes y deben aplicarse con coherencia. Reducir el déficit público mediante recortes de gasto ineficiente y mayor recaudación; política monetaria creíble: frenar la monetización del déficit, dotar al banco central de independencia y metas claras; un régimen cambiario ordenado y transparente que reduzca los incentivos a la dolarización informal y al arbitraje; medidas que fortalezcan la oferta: inversión en infraestructura, logística y cadenas productivas para reducir presiones de costos; y redes de protección social dirigidas para no exponer a los más vulnerables al ajuste.
Estas medidas son complementarias: una política monetaria estricta sin ajuste fiscal suele fracasar, y viceversa.
¿Qué debería hacer Venezuela, en particular? Aquí van propuestas concretas y realistas.
La estabilización económica de Venezuela pasa por recuperar la confianza cambiaria y unificar los tipos de cambio para evitar distorsiones y mercados paralelos. Al mismo tiempo, se requiere un pacto fiscal que reduzca el déficit con transparencia, priorizando salud, educación y gasto social esencial.
Este esfuerzo debe ir acompañado de un banco central independiente con metas claras de inflación y sin monetización del déficit. También es clave recuperar el sector petrolero con reglas estables, mientras se diversifican las exportaciones para reducir la dependencia del crudo.
De forma paralela, se necesitan ayudas directas y focalizadas a los más vulnerables, junto con la rehabilitación de servicios públicos como electricidad y transporte, lo que abarata costos y contribuye a contener los precios.
Ninguna de estas medidas es mágica ni rápida; requieren pacto político y confianza internacional. Por eso, además, es indispensable reabrir canales de cooperación con organismos multilaterales y socios internacionales, condicionada a reformas verificables que den fluidez a la llegada de divisas y créditos.
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En suma: la inflación que vuelve a golpear a Venezuela es un síntoma de desequilibrios acumulados. Atajarlos exige políticas técnicas combinadas con prioridades sociales y apuestas por la inversión y la transparencia.
Si el país quiere convertir el alivio transitorio en una recuperación sostenida, debe elegir entre arreglos parciales que repiten ciclos y un camino de reformas profundas que devuelvan previsibilidad a la vida económica y capacidad al bolsillo de la gente.
