A pesar de que manifestó que hasta el momento no ha recibido oficialmente
denuncias por el nuevo modus operandi de la delincuencia organizada contra
empresarios en Valera, que ha implicado el uso de granadas fragmentarias para
amedrentar a las víctimas, Ricardo Berríos, presidente de Fedecámaras en
Trujillo, indicó que el aumento de casos de extorsión en Valera se traduce en más
cierre de santamarías.
“El Estado tiene la obligación de velar por la seguridad de los ciudadanos y
también por la de los sectores productivos. Desde Fedecámaras hemos venido
condenando las políticas erráticas del Gobierno en materia económica y ahora
vemos una especie de vuelta de cara ante estos hechos delictuosos. Tenemos
conocimiento del flagelo muy marcado en la zona panamericana y la zona alta en
donde nuestros productores agrícolas y ganaderos son víctimas de extorsión y
chantaje”, expresó.
Para el dirigente el incremento de los acciones delictivas, junto a las políticas
erráticas del Gobierno, la falta de confianza e inseguridad jurídica empresarial y en
el marco de la ausencia de una economía estable, está afectando de forma
considerable la actividad productiva del Trujillo y por ende del país, “eso lo que
significa es más cierre de negocios o empresas ante el ensañamiento de algunas
bandas”.
Insistió en que el Estado, los sectores productivos y gremios deben generar
encuentros que les permitan abordar el tema y aportar soluciones ante el aumento
de bandas y nuevas formas de extorsión. Recordó lo que pasó en Lara con una
empresa galletera cuyos extorsionadores encendieron las instalaciones, “eso por
supuesto atenta contra la posibilidad de desarrollo y crecimiento del país”.
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Articular acciones
Compartió que se encuentran en conversaciones con Fedecámaras Zulia, quien
ya logró articular acciones con organismos de seguridad del Estado a fin de
procurar soluciones al problema, “dos reuniones han tenido y nosotros siguiendo
eso vamos a procurar reunirnos en los próximos días con los presidentes de las
cámaras y asociaciones de Trujillo para solicitarle al Gobernador y al Director de
Política tomar acciones para la seguridad de la actividad productiva, es una
responsabilidad de todos”. (Leonardo García H. /CNP 13.715)
