Quito, 4 jul (EFE).- Un tribunal de la provincia ecuatoriana de Cotopaxi, en el centro andino del país, difirió para el 9 de agosto la audiencia de juicio que había convocado para este lunes contra el máximo líder del movimiento indígena y de las recientes protestas sociales, Leonidas Iza, informó la Fiscalía del Estado.
«Se difiere la audiencia de juicio directo contra Leonidas I. por su presunta participación en el delito de paralización de servicio público. La diligencia se fijó para el 9 de agosto» y fue declarada «reservada», escribió el Ministerio Público en su cuenta de Twitter.
De su lado, el abogado Carlos Poveda, defensor de Iza, precisó que el tribunal que lleva el caso declaró fallida la audiencia de este lunes, ya que debió elevar una consulta a la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre un plazo adicional de 15 días en la fase de presentación de pruebas.
La jueza de la causa remitió de forma inmediata a la Corte Constitucional una solicitud para que «analice la consulta con respecto al tiempo», ya que el código integral penal que rige en el país establece un periodo «muy corto» y las «diligencias probatorias requieren de mayor tiempo», añadió el letrado.
Ese pedido, agregó, ha sido solicitado tanto por la Fiscalía como por la defensa y es la Corte Constitucional la que tiene un plazo de 45 días para verificar si es correcto extender el plazo adicional de quince días al periodo de pruebas que ya concluyó.
A Iza la Fiscalía lo acusa de presunta paralización de servicios esenciales en calidad de autor mediato (con dominio del hecho) por supuestamente instigar bloqueos de carreteras durante el primero de los dieciocho días que duraron las movilizaciones.
Leonidas Iza fue detenido la madrugada del pasado 14 de junio, al cumplirse el primer día de una movilización social indefinida contra la gestión económica del Gobierno, cuando se encontraba dentro de un coche cerca de una carretera obstaculizada por manifestantes.
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Tras su arresto, una jueza de la ciudad andina de Latacunga, la capital de la provincia de Cotopaxi, aceptó como válido el arresto pero dejó en libertad con cargos al líder indígena, bajo la condición de no salir del país y presentarse cada semana ante el tribunal, mientras continuaba el proceso.
Poveda, quien ha advertido de que en la detención de Iza se cometieron una serie de vulneraciones de derechos constitucionales, aseguró que la jueza aceptó que su defendido se presente ante el tribunal los días viernes cada quince días.
Durante la jornada, cientos de indígenas de Cotopaxi coparon las calles aledañas al complejo judicial de Latacunga, donde se llevó a cabo la diligencia, en apoyo a Iza y en vigilia del proceso judicial.
El movimiento indígena, que lideró la movilización social de dieciocho días, ha expresado su temor de que «se criminalice la protesta social» y se persiga de esa manera a los manifestantes.
La Fiscalía ha informado de que hasta el momento se han abierto 261 investigaciones previas y 29 instrucciones fiscales en el contexto de las manifestaciones que duraron entre el 13 y el 30 de junio.
El paro llegó a su fin luego que el Gobierno y el movimiento indígena firmaran un «Acta de paz» que contenía un conjunto de compromisos del Ejecutivo para atender la diez demandas de los campesinos, sobre todo la reducción de 15 centavos de dólar en el precio de la gasolina regular (85 octanos) y el diésel.
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