La decisión del gobierno estadounidense de terminar el estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos, el 7 de noviembre de 2025 representa un golpe inesperado y profundo en la vida de unas 600. 000 personas que habían vivido con una tranquilidad legal precaria, pero real. Desde que el mecanismo del TPS fue creado en 1990, jamás se había visto que una administración desmantelara lo que la anterior había decidido; siempre se había respetado la continuidad de la designación hasta su propia expiración automática. En el caso venezolano, ese precedente se rompió.
Los beneficiarios del TPS venezolano fueron rigurosamente examinados: sin antecedentes penales, sin delitos previos en Venezuela o en EE.UU., muchos con títulos universitarios, emprendedores, inversionistas, trabajadores que aportaban al tejido social y económico.
El programa, además, beneficia también a la economía estadounidense: un análisis de FWD muestra que el TPS protege a cientos de miles de familias y al mismo tiempo llena vacíos laborales en EE.UU.
Lo más alarmante es la campaña de demonización que precedió esta medida. No se trata solamente de que haya venezolanos “buenos” o “malos”; la campaña no hizo esa distinción. Se les presentó, en términos electorales, como una amenaza, vinculándolos a pandillas o al crimen organizado, sin que existiera evidencia suficiente.
El juez Edward Chen lo subrayó, al señalar que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional o DHS actuó de forma arbitraria, al extender acusaciones de unos cuantos, a toda la población venezolana beneficiaria del TPS.
La vía que se siguió para la terminación del TPS fue también inusual. Inicialmente, el TPS para venezolanos 2023 estaba protegido hasta octubre de 2026, tras extensión de la administración Biden. Sin embargo, el gobierno de Donald Trump, por medio de la secretaria del DHS, Kristi Noem, anunció en febrero de 2025, la intención de poner fin a ese estatus antes de su expiración.
El juez Chen dictaminó en septiembre de 2025 que la decisión de Noem era ilegal, por exceder su autoridad y no haber llevado a cabo una consulta significativa, con otras agencias.
Pero la Corte Suprema —máxima instancia judicial del país— permitió al gobierno revocar el TPS, mientras se resolvía la apelación.
Según AS/COA, esta es la primera vez en sus casi 35 años de historia, que se adelanta el final de un TPS: “no existe antecedente de que una administración acabara anticipadamente con una designación” del TPS.
¿Por qué es tan significativo este cambio? Porque rompe un contrato implícito de estabilidad, para miles de familias, que habían asumido que su estatus podía durar el tiempo que se había prolongado el instrumento legal. Además, EE.UU. pierde una gran fuerza de trabajo —gente que aportaba músculo, conocimientos, creación de riqueza— mientras Venezuela deja de recibir las remesas, que esos venezolanos enviaban desde los Estados Unidos y que hacían bien a nuestra economía.
No es exagerado decir que todos perdemos. La narrativa de “ellos versus nosotros” alimentada por la campaña electoral republicana en 2024, no contribuye a entender que no se trata de migrantes “malos” o “buenos”, sino de personas sujetas a circunstancias extraordinarias.
Es más, se ha denunciado que muchos de los beneficiarios venezolanos del TPS enfrentaron detenciones ilegales, pese a tener estatus legal.
Esta combinación de revocación más hostigamiento, contribuye a un clima de inseguridad jurídica y social, para una comunidad que había procurado vivir conforme a la ley.
Desde la óptica de la política migratoria responsable, lo que se debió hacer es ofrecer alternativas de regularización del estatus, a esos 600. 000 venezolanos, tal como se ha hecho con otras comunidades en el pasado, por ejemplo, con hondureños, salvadoreños o nicaragüenses. Con una regulación estable, ellos podrían seguir aportando y su situación dejaría de depender de decisiones volátiles.
Ese desmantelamiento del TPS también deja una enseñanza para el futuro: estos mecanismos no deben depender únicamente del tono político del momento. Si se usan con fines electorales o de campaña, pierden su esencia. Y cuando el país que acoge decide retirarlo arbitrariamente, lo que queda es una comunidad vulnerable y un país anfitrión que pierde.
La finalización del TPS para los venezolanos el 7 de noviembre de 2025, no solo es una injusticia para miles de familias, sino un retroceso institucional.
Los beneficiarios del TPS no eran delincuentes, sino ciudadanos que habían cumplido los requisitos y contribuido a su nuevo país. Estados Unidos, que se enorgullece de ser tierra de oportunidades, ahora corre el riesgo de perder parte de su propio tejido productivo.
Y Venezuela pierde ese puente de recursos humanos y económicos, que tanto aportaba a las dos naciones.