Una persecución política y fraude electoral a más de 50 mil colombianos que se naturalizaron a partir del año 2004 en Venezuela, ha sido implementado por el Consejo Nacional Electoral y el Saime (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería), de acuerdo a la investigación que hizo el diputado (j) Walter Márquez Rondón.
De las 50 mil afectados en todo el país, dice Márquez que la mayoría están en la frontera de Táchira y Zulia. En Táchira pudieran ser unos 25 mil y ese número de personas en una elección cerrada puede decidir, “votos que el gobierno sabe que los tiene perdidos”, por las muchas situaciones que afectan a los fronterizos como el cierre de frontera.
Solo ante sentencia judicial se puede anular una naturalización. Resaltó el parlamentario que no conoce en la historia venezolana un caso similar de retiro de nacionalidad masiva: “Son daños irremediables a miles de colombianos que son víctimas de persecución política y es un delito de lesa humanidad”.
Explicó, que no se cumplió con el debido proceso porque han revisado cientos de casos de ciudadanos colombianos a quienes se les otorgó nacionalidad venezolana y ahora se les retira sin ningún argumento, acción ejecutada por el Saime mediante una providencia administrativa que tiene menor jerarquía que la resolución ministerial que le otorgó la carta de naturalización a estas personas y ahora pretende de manera muy irregular desconocer esos derechos.
“Hay varios seriales de 22 millones al 26 millones que han sido suspendidos de nacionalidad”.
Pierde derecho al voto
Cuando el ciudadano ingresa a su página, le señala que se dirija al Saime, al acudir al organismo dicen no conocer la Providencia Administrativa, de acuerdo a Márquez no hay información, pero mientras pudiera apelarse y conocer el caso el ciudadano en cuestión pierde su derecho al voto.
“Es una complicidad la que ocurre entre Saime y CNE, también a la Constitución Nacional en su Artículo 35, donde se establece que solamente mediante sentencia judicial se puede anular una naturalización en concordancia con la Ley, y en la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía se establece que a los 10 años caduca cualquier acción de carácter judicial”.
No consigue el parlamentario ningún alegato válido para la acción contra los naturalizados, por lo que considera se trata de una retaliación política contra los colombianos en Venezuela y un fraude electoral que acarrea responsabilidad civil, penal y administrativa contra los funcionarios del Saime y el CNE: “Hago un llamado a todos quienes tienen esos derechos a que se presenten a votar el próximo domingo 10 de octubre, porque la Constitución de la República señala que no se pueden alegar órdenes superiores, ni argumentar como válidos hechos que violan la Constitución”.
El parlamentario venezolano dijo que se presentará la denuncia ante la Cancillería colombiana para que defiendan los derechos de sus connacionales y los van a denunciar en Fiscalía venezolana y la Defensoría del Pueblo.
“Estamos en presencia de un crimen de lesa humanidad tipificado en el estatuto de Roma, por el delito de persecución. Están persiguiendo a los colombianos y les está violando el derecho a nacionalidad y al debido proceso. Es una operación política del régimen para procurar mantenerse en el poder”.
Ha revisado varios casos concretos Walter Márquez y asegura que cuando estos ciudadanos acudan a votar no podrán hacerlo, a pesar de su legalidad y derecho para el sufragio, a pesar de que algunos han sido seleccionados como testigos de mesas, en otros procesos. @juditvalderrama