Enrique Barrios / Punto de Corte
El relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, tildó este miércoles las bolsas del Comité Local de Abastecimiento Productivo (CLAP) como una “limosna caritativa” que no ataca la raíz del problema alimentario en Venezuela.
Fakhri, quien culminó una visita de dos semanas al país, reconoció que las bolsas CLAP “representan un salvavidas para muchas familias”, pero lamentó que se hayan convertido en una solución temporal institucionalizada, sin brindar una respuesta a largo plazo al hambre y la inseguridad alimentaria.
“El derecho a la alimentación no se puede solucionar con limosnas caritativas”, enfatizó el relator, apuntando a la necesidad de estrategias sostenibles que garanticen el acceso a una dieta balanceada para toda la población.
Las críticas de Fakhri se suman a las denuncias sobre la inconsistencia en la entrega de las bolsas, la baja calidad de los productos y su distribución sesgada, con reportes de que se niega el beneficio a personas con opiniones críticas al gobierno.
“Las bolsas CLAP no pueden ser un instrumento de control social o político”, sentenció Fakhri, instando a un enfoque integral que aborde las causas estructurales del hambre en Venezuela, más allá de medidas paliativas.
Michael Fakhri, además de criticar a los Clap, abogó por levantamiento de sanciones
Tras dos semanas recorriendo Venezuela, Michael Fakhri, relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, abogó por el levantamiento de las sanciones internacionales contra el país. A su juicio, estas medidas han limitado la capacidad del Estado para garantizar el bienestar de la población.
“Mi objetivo es aprender de todos para tener una opinión objetiva de lo que sucede. El amor con hambre no dura y eso lo aprendí. Para liberarse del hambre la gente debe liberarse de la opresión, explotación y ocupación”, comentó Fakhri al culminar su visita oficial al país.
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El funcionario de la ONU denunció que las sanciones han impactado negativamente en la capacidad del gobierno venezolano para implementar programas de protección social y prestar servicios básicos. “Pude comprobar de primera mano como las medidas unilaterales como las sanciones han limitado la capacidad presupuestaria del Gobierno para aplicar programas de protección social y prestar servicios básicos”, señaló.
