Por presuntas razones políticas habrían sido despedidos 20 fiscales del Ministerio Público, de acuerdo a denuncia realizada este jueves por la directiva del Colegio de Abogados del estado Táchira, quienes aseguran que en contra de los abogados no había ningún expediente abierto por la comisión de un delito.
El presidente del Colegio de Abogados del estado Táchira, Henry Flores, indicó que los funcionarios fueron notificados de que estaban cesantes de sus cargos a través de una comunicación que les hizo llegar el Fiscal Superior, Euclides Quevedo, en la que no les explicaban en qué falta habían incurrido, por lo que considera que se debe a retaliación política por haber apoyado las posturas de la fiscal Luisa Ortega Díaz.
Relató que la misma situación se registra en los estados Carabobo, Lara y Sucre, e informó que si se continúan presentando esos casos solicitarán un consejo de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, para que como instancia superior ejecute las acciones pertinentes.
“Llama la atención que sean despidos masivos, porque si fuese que algunos funcionarios tuvieran expedientes por irregularidades cometidas y que existieran algunos elementos de convicción, reclamaríamos que se les garantice el debido proceso y el derecho a la defensa, como a cualquier particular que vaya a ser enjuiciado por la presunta comisión de un delito; pero al ser despidos masivos implica que la causa puede ser política”, agregó.
Flores lamentó que sean profesionales del derecho los que están tomando esa decisión que atentaría contra el gremio, por lo que le hizo un llamado al Fiscal Superior para que revise lo ocurrido, pues entre los despedidos hay abogados que tienen 25 años de servicio en el Ministerio Público, y que ya están prestos para una jubilación.
De igual forma exhortó a la juez Rectora y presidenta del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, Yorley Pérez, a revisar porqué hay unos tribunales de control que no tienen juez, caso de los tribunales: primero de control, séptimo de control y noveno de control, así como la del tercero de ejecución, el de materia penal de niños, niñas y adolescentes, y el tercero de control que tiene desde hace más de tres meses sin juez.