El ministro del Poder Popular Para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Hugbel Roa, anunció a principios del mes de agosto que el carnet de la patria se convierte en uno de los requisitos a exigir a los bachilleres “que desean ingresar a algún Programa Nacional de Formación -PNF-”, pues a su juicio el Sistema Nacional de Ingreso -SIN-, que impulsa el Ministerio de Educación Universitaria, y el carnet de la patria deben ir de la mano.

Raúl Casanova, rector de la Universidad Nacional Experimental del Táchira -Unet-, comparó esta acción con la asignación estudiantil a través de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, que desde el año 2015 ha venido trabajando de manera progresiva en la concesión de cupos hasta alcanzar en el 2017 el 100 % de los ingresos estudiantiles a las universidades públicas.

De esta manera no estarían llegando a la educación superior los estudiantes más aventajados y capacitados que garanticen al Estado la inversión idónea de recursos y la culminación de una carrera universitaria.

¿Cómo evalúa la pretensión de convertir el carnet de la patria en requisito para ingresar al sistema universitario?

“De entrada, considero la aplicación del carnet de la patria como una acción netamente política y que no traerá ningún beneficio para la formación de los estudiantes.

Hasta el momento no existe ninguna directriz clara desde el Ministerio de Educación Superior, ni de la Oficina de Planificación del Sector Universitario -Opsu- que llame a integrar esta solicitud en las universidades. Todo se basa en bolas de humo que se van generando y más tarde se concretan con una decisión del Consejo Nacional Universitario -CNU-.

La información que dio el ministro Roa para la presentación del carnet de la patria es para los Programas Nacionales de Formación, es decir, los programas del gobierno en materia de educación (Misión Sucre y Universidad Bolivariana).

Pero nada es de extrañar que esas asignaciones por vía del carnet de la patria puedan extenderse a la educación universitaria, aunque por ahora de manera oficial no se ha recibido ninguna notificación para estar tomando una decisión al respecto”.

¿Qué criterios evalúa actualmente la Opsu para las asignaciones de cupos en la educación superior?

“Desconocemos los criterios empleados por la Opsu para la asignación de cupos. Sin embargo, hay elementos que han sido aprobados por el CNU como el referente a la territorialidad, el servicio comunitario, el promedio de notas de bachillerato y la situación económica del estudiante.

En este momento está prevaleciendo la territorialidad, indistintamente de donde provenga el alumno. En el sector universitario hemos visto jóvenes con promedios muy altos (19-20) que no han sido asignados por el CNU, por lo que deja de tener credibilidad el sistema de ingreso estudiantil a la universidad.

Aparentemente para la Opsu, no tiene ninguna relevancia el promedio académico del estudiante y así lo demuestran las nuevas planillas de asignación en donde por ninguna parte se refleja el mismo.

Para la universidad eso sí tiene relevancia y es ahí donde se está evidenciando la pérdida de calidad, porque el índice académico denota la capacidad que tiene el estudiante para desarrollarse en determinada carrera y garantiza que tanto la universidad como el Estado no pierdan recursos económicos en la capacitación de una persona que no tiene ninguna garantía de que vaya a finalizar su formación”.

Tomando en cuenta lo antes expuesto ¿el carnet de la patria se convertirá en requisito para el ingreso a la educación superior?

“Viendo cómo el Gobierno está manejando la educación superior es muy probable que eso ocurra y los rectores universitarios lo rechazamos de plano, porque la intensión de la universidad venezolana es que prevalezca la calidad en término de promedios e índices académicos, porque es lo único que indica que un estudiante, que llegó con un buen promedio, tiene garantía de graduarse.

La universidad está presentando actualmente una significativa pérdida de estudiantes que pudiera estar asociado a esta situación. Es una pérdida muy grande y se está evidenciando en los primeros semestres.

El estudiante que no viene con una preparación académica, ni con un nivel de exigencia similar al de la universidad donde ingresa, representa no solo pérdidas para la casa de estudio, sino también para él, porque se le crean falsas expectativas”.

¿Qué otros factores pudieran estar causando el retiro de estudiantes?

“La situación económica, política y social que vive Venezuela. Hay una fuerte presión para que el estudiante tenga que salir a trabajar, buscar un empleo que garantice el sustento de él y su familia. En busca de esa estabilidad económica muchos abandonan los estudios para salir del país detrás de mejores fuentes de ingreso, pero también de seguridad.

El problema de inseguridad en el caso de la Universidad del Táchira es grave. Por la zona no hay patrullaje alguno y los cuadrantes de seguridad no funcionan, a pesar de estar a escasos metros del Zonal 21 de la Guardia Nacional y del comando de la Policía Nacional Bolivariana, que más bien se ha convertido en perturbador de la paz universitaria.

Otro de los elementos es la persecución que existe hacia el sector estudiantil y la discriminación, elementos que expongo con toda responsabilidad.

¿En cuánto se estima el éxodo estudiantil?

“La última data recibida a finales del mes de agosto registra una pérdida de 1.000 estudiantes desde que arrancó el semestre, en abril, hasta la fecha.

La mayoría se va con desincorporación del semestre, visualizando un retorno que se desconoce cuándo pueda ser. Es una acción que se hace vía online desde cualquier ciudad o parte del mundo.

No menos de 30.000 documentos de certificación de notas y de título, autenticaciones, constancia de culminación de carrera han sido entregados en lo que va de 2017 en la Unet. El retiro de documentos se ha vuelto incuantificable; no solo lo hacen los estudiantes sino también los egresados, además de lo relacionado a traslado y equivalencias que son los pensum de estudio, una de las solicitudes con mayor demanda.

Se acaba de pasar por unos meses en donde la sociedad civil venezolana se unió en una gran protesta en rechazo a la situación política y social que vive el país, esta situación ha motivado a que estudiantes, que de alguna manera estuvieron participando en las manifestaciones, se ausenten, desconocemos su situación real, lo que sí sabemos es que existe un éxodo masivo y notorio”.

¿Está planteada una posible intervención de las universidades públicas?

“Esa es una realidad latente en el día a día de nuestras universidades. En los Consejos Nacionales Universitarios se habla de ello, en las redes sociales, y los constituyentistas elegidos de alguna manera lo han planteado.

En la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios tenemos una propuesta a desarrollar y la entregaremos a la Asamblea Nacional que es nuestro ente legislativo. En ese proyecto proponemos una nueva Ley de Universidades y la Ley de Ciencia y Tecnología; vamos a presentarlo en los próximos meses.

El Gobierno tiene un error de contextualización en relación a la autonomía universitaria pues no es lo que ellos se plantean. Mientras tanto, seguiremos defendiendo la democracia dentro de la universidad, y la libertad de pensamiento. Hay que hablar de autonomía y no de imposiciones.

Clave

 La reprogramación de clases en la Unet iniciará el 11 de septiembre y se extiende hasta el 27 de noviembre, acción con la que se estarían cumpliendo 18 semanas de estudio. Las rutas estudiantiles y el servicio de comedor se tiene garantizado hasta donde alcance la despensa.

EL DATO

Del 100 % de estudiantes asignados por la Opsu, solo un 60 % acude a inscribirse en la UNET.