Mariana Duque/DLA.- Ante la detención del director General de la Fundación Redes (Fundaredes), Javier Tarazona, el allanamiento de la sede de la ONG, de su vivienda y la detención temporal de la madre del defensor de derechos humanos, la Fundación El Amparo solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) la ratificación de la medida cautelar de protección, la cual fue acordada en julio del año 2020 mediante providencia 030, según informó este jueves 15 de julio el presidente de la organización y diputado jubilado de la Asamblea Nacional, Walter Márquez.
Diario de Los Andes acudió este jueves a la sede de la Fundación para conocer cómo quedó el lugar y los testimonios de los vecinos, sin embargo, la casa se encontraba cerrada y sin presencia ciudadana en sus adyacencias.
Al respecto, Walter Márquez manifestó: “Estamos en presencia de una grave violación del Estatuto de Roma en su artículo 7, por cuanto en el caso de Javier Tarazona, el allanamiento a la casa de su mamá y a la sede de Fundaredes, estamos en presencia del crimen de persecución, además del caso de detención arbitraria. Por lo tanto, al no haber estado de derecho en el país, no es necesario agotar la vía nacional y se puede recurrir directamente a la vía internacional, por lo que también invocamos la actuación de la Corte Penal Internacional a través de la Fiscalía”.
Por su parte el abogado Jesús Berro explicó que como Estado parte de la Cidh, Venezuela está obligada al cumplimiento estricto de la medida y al no cumplirla, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene mecanismos para exigir el cumplimiento de las disposiciones.
“Hay una figura que se llama el control de la convencionalidad, que perfectamente lo puede habilitar el sistema con el propósito de exigirle al Estado venezolano que cumpla con lo que se le ha ordenado, y en el supuesto caso que desacate vendrán consecuencias previstas en los instrumentos internacionales”, acotó.
Sobre la detención de la madre de Javier Tarazona la noche del miércoles 14 de julio y el allanamiento a su vivienda en San Cristóbal, Jesús Berro destacó que ella está amparada en la no autoincriminación, por lo que no debería ser obligada a declarar por el nexo de consanguinidad existente.
Destacó que esta práctica policial de llevarla a declarar en calidad de detención es ilegal, por cuanto el acta de visita domiciliaria se levanta in situ, en presencia de los testigos habilitados y se deja constancia. “Ahora eso de trasladarla por esos mecanismos coactivos, desvincular a las comunidades para que no observen, son malas prácticas policiales que en un Estado de derecho no son concebidas”.