El abogado Rafael Narváez exige al sistema de justicia garantizar el debido proceso para los políticos detenidos
El reconocido abogado penalista y defensor de los derechos civiles, Rafael Narváez, exige al sistema de justicia el respeto y la garantía del debido proceso para los dirigentes políticos que han sido detenidos de manera arbitraria. Hasta el día de hoy, estos líderes no han tenido la oportunidad de que sus abogados privados sean juramentados para ejercer su defensa y tampoco se les ha permitido el acceso al expediente correspondiente. Además, sus familiares no han podido ejercer uno de los derechos sagrados del detenido, como lo es la visita.
Un claro ejemplo de esta situación es el caso del abogado Henry Alviárez y Dignora Hernández, quienes llevan 51 días detenidos sin poder ejercer plenamente su defensa. Las audiencias se han realizado en secreto, habilitando un tribunal en el lugar de detención y desplazando a la defensa privada de los presos políticos. Estas audiencias, lamentablemente, parecen tener un resultado predecible: la privación de libertad. Todo esto evidencia un sistema de justicia sometido a una camisa de fuerza, controlado por la disciplina partidista de un Estado que no permite el ejercicio imparcial de las atribuciones y competencias en favor de una justicia justa, tal como lo establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes vigentes.
«El Estado sigue siendo el responsable de todos los privados de libertad y está obligado a preservar su vida como lo establece el Art 43 CRBV, por otra parte el sistema de justicia está obligado a garantizar, respetar el derecho a la defensa y la presunción de inocencia del detenido hasta que se demuestre lo contrario dando garantías procesales»
Rafael Narváez ha instado a las autoridades a rectificar esta situación y a respetar los principios fundamentales del derecho. El debido proceso y la imparcialidad son pilares fundamentales de un sistema de justicia justo y equitativo. Es crucial que se otorgue a los detenidos el derecho a una defensa adecuada y que sus familiares puedan ejercer su derecho a la visita. Asimismo, se debe garantizar la transparencia en las audiencias y evitar cualquier tipo de interferencia partidista en el proceso judicial. Solo de esta manera se podrá restablecer la confianza en el sistema de justicia y asegurar que se cumplan los principios democráticos y legales en beneficio de todos los ciudadanos.
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