Este crimen político ocurrido dentro de instalaciones militares venezolanas, causó estupor por cuanto se registró a poco de abandonar el país la alta comisionada de las Naciones Unidas por los derechos humanos, Michelle Bachelet.
La alta funcionaria de la ONU, se marchó de Venezuela el día 21 de junio de 2019, y a las pocas horas era arrestado el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, de la armada, bajo la acusación de conspiración para derrocar al presidente Nicolás Maduro, e inmediatamente fue sometido durante ocho días a intensas torturas que le redujeron a una silla de ruedas, según versión del abogado de la defensa Alonso Medina Roa.
Víctima de una desaparición forzada, después de ser imputado por el gobierno de Maduro de conspirar para intentar llevar a cabo un golpe de estado, de acuerdo a Wikipedia, Acosta Arévalo que había nacido el 16 de junio de 1969 en Coro, estado Falcón, murió a consecuencias de politraumatismos, el día 29 de junio de 2019, en una sala del hospital militar de Caracas a donde fue conducido desde la dirección general de contrainteligencia militar, lugar en el que permanecía bajo arresto.
El gobierno de Maduro en comunicado, reconoció la muerte del militar y ordenó al MP, abrir la correspondiente investigación. Sobre estos abominables hechos, como los describió el presidente de la A N, Juan Guaidó, fue informada la alta comisionada de las Naciones Unidas, para los derechos humanos, Michelle Bachelet, quien acababa de visitar Venezuela. El grupo de Lima condenó el crimen, e igualmente la OEA, y el caso lo incorporó a su dossier de víctimas de torturas en Venezuela la penalista Tamara Suju, quien lo presento en La Haya en la Corte Penal Internacional que ahora preside Karim Khan.
A comienzos de 2022, un tribunal caraqueño, sentenció a treinta años para las dos personas a quienes se les imputa el crimen del capitán. No obstante, la defensa y la viuda de Acosta Arévalo, no están de acuerdo cómo el gobierno pretende cerrar el caso; arguyen que los verdaderos responsables se ocultan en la cadena de mando de las FANB, que los presuntos señalados son apenas los chivos expiatorios.
Se insiste además en los médicos que tuvieron que ver en el asunto y otro personal militar de la DGCIM. De todos modos, la CPI tiene en sus manos el expediente consignado por diferentes ONG de derechos humanos; el país espera la decisión de Karim Khan, el alto fiscal de la Corte Penal Internacional.