Quiénes son los 12 representantes de la sociedad civil elegidos para renovar el TSJ

Juristas, médicos, académicos y defensores de derechos humanos conformarán junto con 11 diputados la comisión mixta encargada de evaluar las credenciales de los aspirantes a magistrados

La Asamblea Nacional juramentó a los 12 miembros de la sociedad civil que integrarán el Comité de Postulaciones Judiciales del TSJ. Foto: Federico PARRA / AFP

 

Tras una semana de evaluación institucional y luego del cierre de la tercera ronda de negociaciones políticas con acuerdos clave sobre la reinstitucionalización del país, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la designación de los 12 representantes de la sociedad civil que integrarán el Comité de Postulaciones Judiciales.

La atención pública se concentró de inmediato en las credenciales de los seleccionados, en un intento por proyectar equilibrio e idoneidad técnica en medio del debate sobre la imparcialidad del Poder Judicial.

El grupo escogido evidencia una composición heterogénea donde convergen sectores de la vida nacional: la delegación está marcadamente dominada por las áreas jurídica y docente, pero incorpora además a voceros del sector médico-hospitalario, la ciencia política y la defensa de los derechos humanos.

Siete de los 12 integrantes son juristas con trayectoria en ramas como el derecho penal y el derecho administrativo, respaldados por organizaciones gremiales y civiles como la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, la Federación de Colegios de Abogados y la organización no gubernamental Foro Penal.

A este bloque legal se sumaron académicos con rango de doctorado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y la Universidad Central de Venezuela (UCV), así como jefes de servicio del Hospital Vargas y del Hospital Urológico de San Román, configurando una nómina multidisciplinaria orientada a despejar cuestionamientos sobre la calificación de los evaluadores.

 

Perfiles y trayectorias de los 12 seleccionados

 

Integración con los 11 diputados

Estos 12 representantes civiles se incorporarán a los 11 parlamentarios designados previamente por la plenaria de la Asamblea Nacional: Giuseppe Alessandrello, Pablo Pérez (Unión y Cambio), Gloria Castillo, Fernando Bastidas, José Villarroel, María Gabriela Vega, Carlos Mogollón, Jonathan García, Liliana García, Luis Florido (Un Nuevo Tiempo) y Félix Freites (Fuerza Vecinal).

De este modo se formaliza la comisión mixta definitiva de 23 miembros que tendrá a su cargo evaluar y depurar la lista de aspirantes a integrar las salas del máximo tribunal del país.

 

El procedimiento técnico y las fases de selección

Tras la juramentación e instalación del comité con sus 23 integrantes, el proceso de preselección de magistrados se regirá por los lapsos y requisitos establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

En primer término, la instancia definirá los baremos de puntuación curricular, idoneidad técnica y solvencia ética, tras lo cual difundirá la convocatoria pública a escala nacional para abrir el período de recepción de recaudos durante 30 días continuos.

Culminada la fase de revisión documental y entrevistas públicas, el comité divulgará la lista preliminar de aspirantes calificados, dando inicio a un lapso de cinco días continuos para la consignación de objeciones e impugnaciones debidamente fundadas por parte de los ciudadanos.

Posteriormente, la lista depurada será remitida al Consejo Moral Republicano para la verificación de antecedentes antes de elevar el informe final ante la plenaria del Poder Legislativo, donde la elección de cada magistrado requerirá el respaldo de las dos terceras partes de los diputados presentes.

El desenvolvimiento del comité enfrentará el escrutinio de observatorios y organizaciones independientes. Colectivos de contraloría institucional como Transparencia Venezuela han advertido sobre la necesidad de blindar el proceso de evaluación frente a presiones partidistas y priorizar criterios estrictamente meritocráticos en la conformación de la nueva directiva judicial.

 


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