Venezuela avanza en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con la supervisión del gobierno de Estados Unidos. La designación de los nuevos magistrados del país —que deben demostrar independencia, honorabilidad, trayectoria profesional y una sólida formación académica— supone una de las primeras pruebas de hasta dónde puede llegar la reconstrucción de las instituciones del Estado después de años de falta de independencia y la progresiva cooptación por parte del régimen chavista.
El proceso forma parte de los acuerdos entre la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de 2015 y representantes del gobierno interino de Delcy Rodríguez, reconocido por el presidente estadounidense Donald Trump. Como parte del entendimiento se acordó la renovación total de los jueces y establecer para ello un inédito Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de los Postulados (CRCR-TSJ).
Esa instancia, integrada por cuatro juristas sin vínculos partidistas y por otros tres con militancia política, deberá revisar los perfiles de los aspirantes a magistrados y verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales para evaluar su idoneidad antes de que avancen en la selección.
Una decisión “positiva”
Magaly Vásquez, excandidata a la Fiscalía General de la República; Joel García, defensor de presos políticos, y Alí Daniels, director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, valoran de forma positiva la creación del consejo y destacan que la mayoría de los profesionales que lo conforman representan a la sociedad civil. Sin embargo, consideran necesario esperar los resultados para determinar si esta instancia cumplió su propósito.
El Consejo de Verificación está conformado por Belén Ramírez Landaeta, Rogelio Pérez Perdomo, Bernardo Pulido Márquez y María Bernardoni de Govea, nombrados por la representación opositora, así como por Silio Sánchez, exdirector ejecutivo de la Magistratura; Deyanira Nieves Bastidas, ex primera vicepresidenta del Supremo, y Federico Fuenmayor Gallo, exmagistrado suplente de la Sala Constitucional, designados por el interinato.
Vásquez, abogada penalista, destaca que esta es la primera vez que se incorpora, desde que se aprobó la Constitución vigente venezolana, una instancia de este tipo para la elección de altas autoridades del Estado. “De alguna manera ofrece ciertas garantías porque estamos claros de que la conformación prevista en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia no se corresponde con lo que establece la Constitución, pero también es cierto que no se ha correspondido nunca”, dice.
“Si lo comparo con procesos previos, diría que hay una diferencia muy importante”, expresa.
El también abogado penalista Joel García espera que el Consejo sirva para “filtrar” a quienes cumplen los requisitos establecidos en la ley.
“Son siete integrantes: sabemos que tres de ellos están relacionados con el gobierno y los otros cuatro no tienen nexos con ningún partido político. Son juristas de dilatada trayectoria, tienen credenciales de más, varios de ellos forman parte de la Academia y eso es importante”, resalta.
Solo recuerda que Bernardoni de Govea fue ministra del Trabajo en el segundo gobierno de Rafael Caldera, entre los años 1997 y 1999, hace casi 30 años.
Alí Daniels, abogado y profesor, lamentó que los siete integrantes del CRCR-TSJ no sean independientes.
“Quisiera destacar el contraste entre las cuatro personas que no son oficialistas y que no tienen un perfil ni de operadores ni de activistas políticos, sino de académicos y personas independientes, y las tres personas que evidentemente representan al oficialismo y que no solo son operadores políticos, sino corresponsables de la situación lamentable actual del Poder Judicial”, critica.
“No se entiende cómo alguien que participó en la debacle del Poder Judicial puede ahora participar en la escogencia de magistrados. Eso habla de cómo el chavismo repite estos patrones de poner operadores políticos en sitios donde debe buscarse independencia e imparcialidad. El hecho de que por primera vez en 27 años el oficialismo no tenga mayoría en una instancia relacionada con la escogencia de magistrados debe destacarse”, expresa Daniels.
Vásquez y García advierten asimismo que la conformación 4-3 del Consejo de Verificación no garantiza por sí sola que los futuros magistrados del Supremo tengan honorabilidad y experiencia, pero sí destacan que la mayoría de sus integrantes son profesionales con credenciales y trayectoria reconocida.
“Garantías no tenemos absolutamente de nada, pero el hecho de que haya un grupo de personas técnicas con credenciales muy respetables sí marca una diferencia. Sí hay una diferencia positiva muy importante. Confío en el buen criterio, en el buen juicio de estas personas, pero al final hay que conocer cómo va a quedar conformado el Comité de Postulaciones”, expresa la abogada.
“El chavismo es un discurso agotado”
Alí Daniels expresa que el nombramiento de personas que ya estuvieron en el Poder Judicial y participaron en su degradación demuestra que el chavismo es un discurso agotado, sin caras nuevas, generaciones de relevo ni ideas distintas.
“Hago el contraste porque conozco a dos de esas cuatro personas, al doctor Pérez Perdomo y a la doctora Belén Ramírez Landaeta. Es gente intachable. No tengo dudas de que no se prestarán a ningún tipo de mezquindad política. Tienen una trayectoria y una vida que no arriesgarán por un tema político. De las otras dos personas también tenemos referencias en el mismo sentido. Insisto en que ninguno de los cuatro tiene un perfil de activista político, a diferencia de estos tres”, expresa el director de Acceso a la Justicia sobre los representantes de la sociedad civil en el Consejo de Verificación.
Señala que la mayoría de cuatro frente a tres representa una intención de cambio que, en su opinión, debió extenderse a los siete miembros. “El chavismo se mantiene en su posición de no cambiar y de preservar las estructuras de poder que han degradado al Poder Judicial hasta convertirlo en lo que tenemos actualmente. Por eso decimos que lo que queremos lograr es tener un Poder Judicial del cual enorgullecernos y no uno del cual avergonzarnos, como ocurre actualmente”, añade.
El pasado 9 de octubre cerró el plazo de postulaciones para elegir a los 12 representantes de la sociedad civil que integrarán el Comité de Postulaciones Judiciales. La Asamblea Nacional informó que más de 100 ciudadanos presentaron sus candidaturas y publicó la lista en la que aparecen, entre otros, el politólogo Guillermo Tell Aveledo Coll; Carlos Trapani, coordinador General Cecodap, y Mónica Fernández Sánchez, exjueza del Área Metropolitana de Caracas.
Además, se menciona a varios funcionarios y exfuncionarios, como Isabella Pacheco, exdirectora de la Oficina de Planificación del Sector Universitario; Pablo Ereu, exedecán presidencial y exgerente general de Administración y Servicios del TSJ; Reinaldo Rangel, exdirector general del Ministerio para el Servicio Penitenciario, y Ana María Alves Silva, exdirectora general del Ministerio de Turismo.
El diputado Luis Florido, miembro de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales, informó que debido a la cantidad de postulaciones posiblemente la evaluación de las candidaturas tomará más tiempo de lo previsto. Una vez seleccionados los representantes de la sociedad civil, se incorporarán a los 11 parlamentarios que completarán la instancia encargada de evaluar y preseleccionar a los aspirantes a jueces del país.
El martes, la Asamblea Nacional informó que la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales comenzó las entrevistas para seleccionar a los 12 representantes de la sociedad civil. En las fotografías publicadas por el Parlamento en X, se observa que el proceso se desarrolló ante retratos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, así como del retrato digitalizado de Simón Bolívar.
“El tema aquí son los diputados los que escogerán a los representantes de la sociedad civil. Ojalá que se mantenga el diálogo como se está haciendo y sea equilibrado. Y estos ciudadanos de la sociedad civil provengan de organizaciones, de las universidades, de la academia y no sean partidistas. Y siendo así, creo que se escogerá a los mejores hombres y mujeres que se postulen en Venezuela”, expresa García.
La Comisión Preliminar está conformada por los chavistas Giuseppe Alessandrello (presidente), Gloria Castillo, José Villarroel, María Vega, Fernando Bastidas, Carlos Mogollón, Jonathan García y Liliana González. Por la oposición participan Pablo Pérez (vicepresidente), Luis Florido y Félix Freites.
La Asamblea Nacional ya había conformado en mayo un Comité de Postulaciones Judiciales y convocado a los abogados a presentar sus candidaturas para ocupar, a su medida, los “cargos vacantes” del Poder Judicial, entre ellos los de algunos magistrados del TSJ. También, en ese mes, el Parlamento aprobó la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que amplió el número de magistrados de 20 a 32: la Sala Constitucional estaría conformada por 7 juristas mientras que las salas restantes del tribunal contarían con 5 cada una.
Esto se hizo, en palabras del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, para supuestamente agilizar el despacho de expedientes y minimizar el retardo procesal, y debido a jubilaciones, renuncias y designaciones en otras responsabilidades del Estado. Pero ese intento de designar magistrados quedó suspendido por la instalación en agosto de la mesa de negociación tutelada por Trump.
Después, se realizó la modificación del artículo 65 para aumentar a 23 el número de integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales: 12 representantes de la sociedad civil y 11 parlamentarios.
Vásquez señala que ese proceso comenzó viciado porque se convocó la conformación del Comité de Postulaciones sin que se tuviese información ni certeza de cuántos cargos había que elegir.
Sin el 3 de enero no habría sido posible
Por su parte, el director de Acceso a la Justicia recuerda además que ese proceso de mayo comenzó con el mismo esquema de los anteriores: un comité controlado por el oficialismo y presidido por un militar que también encabezó la instancia anterior y escogió magistrados que no cumplían con los requisitos constitucionales.
Asegura que se estaba repitiendo el guion de los últimos 27 años y resalta que las reglas comenzaron a cambiar con la mesa de negociación. “Esperemos que las reglas no solamente cambien para que la mayoría del oficialismo cambie, sino también para tener un tribunal imparcial e independiente porque no queremos cuotas políticas, lo que queremos son magistrados imparciales”, insiste.
Daniels dice estar convencido de que sin el operativo militar estadounidense que permitió la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero habría sido imposible alcanzar una composición del Consejo de Verificación con una mayoría independiente frente al chavismo.
Insiste en que la Constitución exige magistrados independientes e imparciales y que es necesario evaluar las credenciales y trayectorias de los aspirantes.
Lealtades y no méritos profesionales en 27 años
Advierte que, aunque la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia ordena publicar un baremo de evaluación, en 27 años nunca se ha hecho público uno, lo que le hace sospechar que la selección de magistrados se ha basado en lealtades al poder y no en méritos profesionales, como demuestra el actual Poder Judicial, que sigue las órdenes del gobierno.
Ante eso, el coordinador de Acceso a la Justicia explica que la organización propone adoptar un sistema basado en experiencias de países de la región, como México, Guatemala, El Salvador, Chile y República Dominicana, ajustado a las exigencias venezolanas.
Plantea que se publiquen los criterios de evaluación y la puntuación asignada a cada aspirante, como ocurre en México, donde se valoran los estudios de posgrado, la experiencia profesional, los libros y artículos jurídicos publicados, la participación en congresos académicos y la actuación en casos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros méritos, con una ponderación diferenciada según el nivel de formación alcanzado.
Daniels sostiene que estos criterios permitirían una evaluación objetiva, menos sujeta a apreciaciones subjetivas. Insiste asimismo en que no basta con establecer los criterios, sino que también deben publicarse las calificaciones obtenidas por cada aspirante para que la ciudadanía compruebe si se seleccionó a los candidatos con mejores credenciales y si la elección final corresponde con los resultados de la evaluación.
“El primer elemento para tener magistrados independientes e imparciales es valorar las credenciales y las trayectorias porque la propia Constitución habla de reconocida competencia y prestigio”, manifiesta.
“El baremo establece unos requisitos objetivos, pero pedimos que no solamente se aplique el baremo, sino que sea como ocurrió en México: que se publiquen las notas que cada uno saca; es decir, cómo salió cada uno, de tal manera que cualquier ciudadano común pueda ver a los que salieron mejor valorados y quiénes son los finalmente elegidos. Es importante que la ciudadanía pueda decir que se escogieron los mejores y no los más leales”, expresa Daniels.
La sociedad civil debe formar un criterio
Magaly Vásquez, quien también es secretaria general de la Universidad Católica Andrés Bello, también insiste en que se debe garantizar la transparencia del proceso para que la sociedad civil forme un criterio sobre las características y los perfiles de quienes participen. Para ello, respalda que se publiquen el baremo y los requisitos de evaluación de los aspirantes, así como la ponderación que tendrá cada uno, para que incluso ellos mismos sepan de antemano los aspectos que determinarán su calificación.
“¿Qué peso tendrán en la evaluación los títulos de posgrado, la experiencia —ya sea en el área judicial o no— y la trayectoria académica? La Constitución contempla que una persona puede ser profesor universitario con la categoría de titular, haber ejercido la judicatura durante al menos 15 años o tener un mínimo de 15 años de ejercicio profesional. ¿Cómo se van a medir estos requisitos?”, pregunta.
Además indica que otros elementos importantes que se han incumplido en los últimos procesos de designación de funcionarios son el establecimiento y cumplimiento de un cronograma que ofrezca certeza sobre los tiempos.
“Si el cronograma establece que las postulaciones estarán abiertas hasta una fecha determinada, ese plazo debe respetarse. La publicación del cronograma permite establecer cuándo se conocerá la lista de aspirantes para que la sociedad civil conozca sus perfiles y exprese su respaldo o presente sus objeciones. En caso de que un candidato sea objetado, debe reconocérsele el derecho a defenderse y establecerse un lapso para que pueda hacerlo”, detalla.
La abogada afirma que el cumplimiento de estas condiciones es clave para generar confianza en la sociedad sobre la transparencia y regularidad del proceso, y subraya la responsabilidad que tiene el Consejo de Verificación frente a esas exigencias.
Recuerda asimismo que, durante la selección del fiscal general de la República, cargo al que se postuló, y del defensor del Pueblo, no se publicó el baremo y se extendió el plazo para recibir postulaciones incluso después de que había vencido. “Las prórrogas se conceden cuando el lapso no se ha vencido; sin embargo, aquí se volvió a abrir cuando ya el proceso estaba cerrado”, subraya.
La honorabilidad
La profesora añade que en la evaluación la honorabilidad de los candidatos a magistrados al máximo tribunal del país “tendrá mucho peso” la opinión de la sociedad civil y señala que una persona es “más o menos honorable” según se haya comportado en su entorno.
“Si me desenvuelvo en un medio académico, mis compañeros y estudiantes pueden dar fe de cuál es mi comportamiento; si soy mala vecina, si en mi entorno vecinal no tengo un comportamiento adecuado, eso debe evaluarse a los efectos de medir esa honorabilidad porque un juez tiene que ser una persona que tenga ascendencia y eso significa que la gente lo respete. Y una persona es respetada en la medida en que el entorno la percibe como una persona seria, responsable y honorable”, explica.
Vásquez considera importante que la sociedad conozca a los aspirantes y pueda opinar sobre ellos. Recuerda que, entre 2000 y 2003, cuando se realizaron concursos de oposición para jueces tras la suspensión de su estabilidad con la aprobación de la nueva Constitución, la Comisión de Evaluación y Concursos publicaba la lista de candidatos. Como asesora de esa comisión, participó en el diseño de un procedimiento para que la ciudadanía pudiera evaluarlos y expresar sus opiniones.
Explica que, en aquel proceso, algunos jueces fueron objetados por presunta complacencia con el narcotráfico, por lo que plantea que este tipo de señalamientos debe examinarse a partir de datos verificables, como la cantidad de sentencias absolutorias que un aspirante haya dictado en casos de drogas y si esas decisiones fueron posteriormente confirmadas o revocadas.
“Si un profesor ha sido sancionado, suspendido o expulsado de una universidad por determinado comportamiento, es discutible que pueda considerarse una persona honorable. Lo mismo ocurre si, en el ámbito familiar o vecinal, ha acumulado quejas por su conducta. El comité de evaluaciones y el consejo de verificación no pueden conocer esos antecedentes si alguien no aporta esa información”, agrega.
Resalta que cualquier información sobre los aspirantes debe constatarse y verificarse.
Joel García también enfatiza en que pueden postularse quienes cumplan con los requisitos constitucionales de idoneidad profesional y moral, incluida la reconocida honorabilidad.
“Espero que verdaderamente se postule la mayor cantidad de personas que cumplan con los requisitos, sobre todo la idoneidad personal, su actividad, cómo ha desarrollado su vida en el país y que no forme parte de ninguna organización política ni haya estado vinculado a la política directamente. Hay muchas personas que pueden tener las credenciales académicas, pero han participado como candidatos a alcaldes, a concejales, a diputados”, manifiesta el defensor de presos políticos.
“A todas las personas que hayan pasado por estos 27 años en el Poder Judicial hay que revisarlas muy bien, porque muchas de ellas han sido parte del problema. Hay que revisarlo con lupa. Y es lo que habíamos visto antes: en la postulación anterior, que eran casi 600 personas, la gran mayoría eran personas que eran parte del problema. Ahora, con este filtro, yo creo que no podrán pasar esas personas porque no cumplen con la idoneidad personal”, añade.
Adicional a esos requerimientos, Vásquez espera que el proceso incorpore a profesionales de distintas regiones del país porque considera que las decisiones no deben concentrarse en Caracas y que en el interior de Venezuela hay personas valiosas y competentes que merecen ser consideradas para este tipo de cargos.
“El proceso será más o menos confiable en la medida en que las reglas de juego estén claras desde el principio, y ya con esas condiciones los aspirantes y la sociedad civil en general sabría a qué atenerse y qué puede esperar. Y la verdad es que desde el momento en que se habló de la reforma del sistema de justicia y de que se comenzaría por el TSJ lo he celebrado porque creo que es necesario comenzar por allí, pero también es bueno que la gente sepa que este nuevo TSJ no cambiará las cosas de de la noche a la mañana, pero si ese tribunal se conforma como debería ser, a partir de allí se tiene que iniciar un trabajo importante de recomponer el sistema de justicia”, analiza la abogada.
Ranking de universidades
La analista Carmen Beatriz Fernández, doctora en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra (España), plantea la posibilidad de que se apliquen los rankings universitarios internacionales, como QS World University Rankings o Times Higher Education, para valorar la calidad de los títulos de posgrado.
Su propuesta surgió a partir de cuestionamientos sobre los “posgrados exprés” y de una lista que identifica a varias universidades señaladas de otorgar este tipo de títulos, entre ellas la Universidad Bolivariana de Venezuela, la Universidad Católica Santa Rosa, la Universidad Experimental de la Seguridad y la Universidad Bicentenaria de Aragua.
En declaraciones a El Nacional, la analista y directora de la firma DatastrategIA explica: “Desde el punto de vista académico, no se puede poner en un baremo en igualdad de condiciones un doctorado emitido por una universidad de quinta categoría y uno emitido por una gran universidad. Y justamente por eso hay rankings internacionales que serían procedentes utilizar”.
“Es vox populi que en Venezuela hubo universidades que emitieron doctorados a diestra y siniestra para cumplir requisitos del mundo judicial, lo cual es una piratería. Se tiene que poder identificar dónde hay esa piratería, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Hay universidades que emiten títulos doctorales por acreditación de experiencia: alguien dice que tiene 20 años trabajando en un gimnasio y le emiten un doctorado en deporte si lo paga”, añade.
También cuestiona los doctorados honoris causa que algunas universidades otorgan por razones ideológicas y que, afirma, no tienen ningún valor. Por ello, considera que, al comparar las candidaturas mediante un baremo, debe tomarse en cuenta el peso específico y relativo de las universidades porque considera que no es lo mismo un doctorado de la Universidad Central de Venezuela que de una institución que emite títulos de “tapa amarilla”.
Fernández explica que contrastó cuatro rankings internacionales de calidad universitaria y que, a partir de esa comparación, se muestra que las universidades venezolanas han perdido calidad académica durante las últimas dos décadas. Advierte que existen diferencias importantes entre las 10 primeras instituciones y aquellas ubicadas en los puestos 40 o 50, o las que no aparecen en las clasificaciones internacionales, como la mayoría de las instituciones señaladas de otorgar títulos exprés.
“A la hora de valorar la selección de un magistrado —tanto la experiencia profesional, la acreditación académica y la experticia en docencia—, no puede ser lo mismo tener experiencia docente en la Universidad Bolivariana de Venezuela que haber sido docente en Harvard”, señala.
Se institucionalizaron los “doctorados exprés”
Magaly Vásquez recuerda asimismo que en los últimos tiempos en Venezuela se institucionalizaron los “doctorados exprés” y títulos de postgrado de cuestionable calidad que otorgan algunas universidades.
“Si el Consejo verificará las credenciales, presumo que eso es lo que haría. Por ejemplo, si yo formara parte de ese comité y tuviera a dos personas que son doctoras y tienen títulos de universidades distintas —eso no necesariamente sería lo importante—, habría que revisar: si es doctor, se supone que hizo una tesis doctoral y que desarrolló una investigación para obtener ese grado, ¿dónde están esas investigaciones?, ¿dónde está esa producción intelectual que permitió que usted obtuviera el doctorado?”, plantea.
Señala que, aunque la UCAB figura en esos rankings como la primera universidad privada de Venezuela, no está totalmente de acuerdo con utilizar las clasificaciones para evaluar a los aspirantes a magistrados porque responden a criterios particulares. Entre ellos menciona la reputación, la empleabilidad, la repercusión académica y de investigación, las citas que reciben los estudios, el número de profesores con doctorado, el compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible y la cantidad de egresados.
La profesora dice que algunas universidades no pueden competir en todos esos aspectos por múltiples motivos, como el tiempo que llevan funcionando, el número de facultades y carreras que ofrecen o su perfil académico, ya sea tecnológico o humanístico. Como ejemplo, indica que la UCAB no podría igualar a la Universidad Central de Venezuela en cantidad de egresados por razones de antigüedad y la dimensión de su oferta académica.
No resistirían la evaluación
Considera que excluir a los egresados de una institución por no aparecer en un ranking o por su posición sería injusto y podría terminar siendo discriminatorio. En lugar de establecer una lista de universidades, insiste en que se evalúen las credenciales de cada aspirante mediante otros mecanismos. Plantea, por ejemplo, examinar los trabajos de grado de maestría o doctorado, pedir a los candidatos que expliquen en qué consistieron sus investigaciones y revisar sus publicaciones académicas.
Vásquez también considera importante conocer cuántos artículos han publicado y en qué revistas. “Hay unos criterios que son muy objetivos para evaluarlos, sin tener de entrada que excluir a una universidad en particular. Porque si esos filtros se implementan, esas universidades que imparten títulos exprés quedarán excluidas, pero van a quedar excluidas porque no van a resistir la evaluación si atiende a unos criterios objetivos”, asegura.
La excandidata a fiscal general de la República insiste en que, si hay claridad sobre cómo es el proceso, algunos candidatos se autoexcluirán porque saben que no superarán las pruebas.
También menciona que en Venezuela hay desde hace algunos años una sentencia emitida por la Sala Constitucional del TSJ que interpreta de manera errada el carácter de profesor titular y que no se adecúa a lo que establece la legislación universitaria.
“Un profesor titular no es aquel que es dueño de una cátedra, sino un profesor que ascendió en el escalafón docente; que presentó un trabajo y puede exhibir esa trayectoria académica. Eso es una de las cosas que aspiro evalúe el Consejo. No es que soy titular porque la cátedra es mía y no de otro profesor, eso es una interpretación que no resiste el menor análisis jurídico y académico”, explica.
“Para ser profesor titular, tiene que ser doctor. ¿Cómo se explica que alguien es titular y no tiene el grado de doctor? Esos son aspectos muy importantes que deben tomar en consideración”, acota.
Exigencias académicas de la UCV
Por su parte, Alí Daniels comenta que ha recibido denuncias sobre posibles irregularidades en la concesión de títulos de posgrado y sostiene que estos deben evaluarse de acuerdo con las exigencias académicas de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Explica que un doctorado no debería considerarse admisible si fue otorgado sin cumplir con los requisitos correspondientes, como la aprobación de los créditos académicos y la presentación de una tesis doctoral que esté disponible para su consulta pública. Advierte además que el acceso a estos trabajos también permite detectar posibles casos de plagio y verificar la calidad académica de la formación recibida.
El coordinador de Acceso a la Justicia insiste en que los títulos de posgrado deben valorarse siempre que cumplan con los criterios científicos para ser reconocidos como credenciales académicas válidas para optar a una magistratura. Añade que el mismo principio debe aplicarse a quienes se presenten como profesores titulares universitarios, cuya categoría debe ajustarse a los requisitos establecidos en la Ley de Universidades y no responder a un nombramiento reciente sin cumplir las condiciones exigidas.
“Si un doctorado se otorgó sin tesis doctoral, no puede ser admisible porque los doctorados de la UCV exigen, primero, lograr una serie de créditos de una materia y, además, la presentación de una tesis doctoral que tiene que ser accesible. Es decir, que cualquiera la pueda leer”, manifiesta.
“No puede compararse un doctorado que se obtiene en un año con uno que requiere dos o tres años, que ya sería un tiempo relativamente corto. Por eso es importante que esta información llegue tanto a ese Consejo de Verificación como al Comité de Postulaciones, para que la tomen en cuenta y filtren los títulos que no pueden validarse de la misma manera que un doctorado obtenido con las exigencias científicas correspondientes”, exige Daniels.
El comportamiento en los últimos 27 años
En opinión de Joel García, sería discriminatorio utilizar los rankings universitarios como parámetro para evaluar a los aspirantes a magistrados.
“Comenzamos mal cuando se empieza a discriminar de esa manera. Se estaría discriminando a una serie de personas que quizás sean muy profesionales y que, por alguna razón, se graduaron en una determinada universidad. Es muy discriminatorio porque no todos los venezolanos tienen la posibilidad de estudiar en Oxford, Yale, Harvard o en Europa. Sabemos que la Universidad Católica Santa Rosa ha otorgado doctorados a una serie de personas, pero creo que, en una entrevista, se puede evaluar lo que esa persona realmente sabe”, manifiesta.
El defensor de derechos humanos considera que lo verdaderamente importante es cómo los candidatos se han comportado en los últimos 27 años en la sociedad venezolana.
“Un candidato puede tener un currículum académico impecable, títulos hasta de quinto nivel, posdoctorado, etcétera, pero ¿cuál fue tu comportamiento durante los años más álgidos de Venezuela? ¿Hay un pronunciamiento suyo? ¿Hay un escrito que señale que no estuvo de acuerdo con algo?”, cuestiona.
¿Un TSJ transitorio?
Magaly Vásquez explica que, de acuerdo con las normas vigentes, los magistrados designados deberían ejercer sus cargos durante 12 años, aunque advierte que la situación cambiante de Venezuela podría dar lugar a otro proceso de renovación antes de que concluya ese período.
Manifiesta que, independientemente del tiempo que los jueces permanezcan en sus cargos, si la selección se desarrolla como fue anunciada en la mesa de negociación, el nuevo TSJ podría sentar las bases para transformar el Poder Judicial.
Entre los cambios que considera necesarios menciona que el máximo tribunal se limite a sus funciones de impartir justicia y no legisle, que se organicen concursos de oposición públicos y que los tribunales sean ocupados progresivamente por jueces titulares para superar la provisionalidad que ha perjudicado al sistema de justicia.
“No hay soluciones mágicas, esto no será de la noche a la mañana, pero creo que desde allí se pueden sentar las bases de lo que sería la futura transformación del Poder Judicial, y con ello del sistema de justicia”, expresa la profesora.
Joel García dice que el próximo TSJ debería ser para “hacer el puente” hacia la transición democrática y podría tener un funcionamiento de 2 o 3 años. Una vez este proceso que cumpla su cometido, añade, los magistrados puedan postularse nuevamente para el período completo.
“Hay que empezar a hacer las cosas bien. Vemos que esta designación no cumple con lo que establece la Constitución, porque tenemos una Asamblea Nacional electa en el año 2015 con un grupo del gobierno, cuando esa no es la forma que establece la Constitución para que se escojan los magistrados. Un período determinado para que este siente la base de la construcción del país, sobre todo del Poder Judicial, lo veo bien”, expresa.
Celeridad en la renovación del TSJ
Daniels alerta sobre las demoras acumuladas en la reforma del TSJ, cuya publicación en Gaceta Oficial se produjo después del lapso constitucional, y en la designación del Comité Preliminar, nombrado a finales de septiembre. Le preocupa que la selección de magistrados, que puede extenderse entre dos meses y medio y tres meses, avance con lentitud porque considera necesario contar con un Supremo independiente a la brevedad.
“Aquí el tema es que se nos ha dicho que, si no hay Tribunal Supremo primero, no vamos a tener CNE. Con mayor razón debe darse celeridad a este proceso, sin que eso implique que los magistrados no cumplan con los requisitos de imparcialidad e independencia, que es lo que queremos. Nosotros no queremos magistrados que representen a partidos, queremos magistrados independientes e imparciales, y ese debe ser el fin de todo este proceso”, reitera.
El coordinador de Acceso a la Justicia advierte que, si el TSJ vuelve a estar controlado por el oficialismo, el esfuerzo será en vano y las posibilidades de iniciar una transición democrática serán cada vez menores.