El rechazo al habeas corpus pone a Lula más cerca de la cárcel, pero el ex presidente todavía tiene opciones
Eso deja en manos del juez Sergio Moro, responsable del proceso contra Lula en la Corte Federal de Paraná, la expedición de un mandato de prisión en contra del exmandatario, condenado a 12 años y un mes de cárcel en el marco del escándalo de la petrolera estatal Petrobras.
Pero la defensa de Lula tiene hasta el día 10 de abril para presentar los llamados «embargos de los embargos» ante el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4), de Porto Alegre, donde apeló sus sentencia.
Y eso significa que es bastante improbable que el líder del Partido de los Trabjadores (PT) vaya a ser arrestado antes de esa fecha.
Fue el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región el que ratificó la condena de Lula e incluso aumentó la sentencia dictada por el juez Moro por el ya famoso departamento de lujo de tres pisos (triplex) en Guarujá.
Lula niega haber recibido el inmueble de parte de la constructora OAS como contrapartida de recursos desviados de Petrobras.
Y si bien la derrota en el STF complica mucho la situación del expresidente, eso no necesariamente significa que cumplirá integralmente los 12 años de condena en prisión.
De hecho, hay tres caminos que pueden terminar con la liberación de Lula.
Su defensa puede presentar nuevos pedidos de habeas corpus
Su condena puede ser anulada por los tribunales superiores
El STF puede modificar su posición sobre la prisión después de condenas en segunda instancia para todos los reos del país, lo que beneficiaría al líder del PT.
A continuación explicamos como funciona cada uno de esos caminos y cuáles son las posibilidades reales de que Lula evite la prisión.
1 – Nuevas solicitudes de habeas corpus
El habeas corpus es una acción que sirve para proteger la libertad de ir y venir de las personas contra abusos de autoridad o decisiones legales. Y el que el Supremo Tribunal le rechazó a Lula fue un habeas corpus preventivo, que trataba de evitar su entrada a prisión.
Pero, una vez preso, él podrá, si así lo quiere, presentar otros recursos, con nuevos argumentos. No existen límites para la presentación de ese tipo de solicitudes.
«Siempre que presentes un argumento diferente, puedes pedir un habeas corpus por semana», explica el profesor de derecho de la Universidad de Sao Paulo Rafael Mafei.
«Ese (que acaba de ser rechazado) fue porque la decisión era inapelable, mañana puede ser porque estoy enfermo, pasado mañana porque corro el riesgo de morir en prisión, después porque estoy viejo», resaltó.
Las posibilidades de éxito, sin embargo, tienen a disminuir, observa la abogada Flavia Rahal, profesora de derecho penal económico de la Fundación Getúlio Vargas de Sao Paulo.
«Si usted tiene a todo el pleno de la Suprema Corte con una decisión sólida, sin ninguna división, aunque se puedan presentar otros habeas corpus el éxito es más difícil», afirma.
Ante la dificultad de conseguir su libertad, la defensa de Lula también puede pedir prisión domiciliar.
La semana pasada, por ejemplo, el diputado federal Paulo Maluf consiguió, por medio de habeas corpus, una orden judicial para ser transferido del complejo penitenciario de Papuda, en Brasilia, a su residencia en Sao Paulo.
Maluf estaba preso desde diciembre, después de haber sido condenado a siete años de cárcel por lavado de dinero. Pero el diputado, quien tiene 86 años, alegó problemas de salud.
Lula, de 72 años, ha sin embargo presumido de su buena condición física, divulgando incluso a través de las redes sociales imágenes suyas haciendo ejercicio, lo que podría complicar la aprobación de un pedido similar.
Y además de eso, como resalta Flavia Rahal, la conquista de Maluf es algo bastante raro. De hecho, él obtuvo la medida por decisión del juez Dias Toffoli en contra de la decisión de su colega Edson Fachin.
«Es casi imposible que un magistrado dé una orden judicial en contra de la decisión de otro», concuerda Mafei, de la USP.
2. Recursos contra la condena
Lula también puede recurrir su sentencia ante los tribunales superiores, el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) y el mismo STF.
Esos tribunales ya no analizarían las pruebas a favor o en contra del exmandatario, pues esa etapa acaba en la segunda instancia, pero pueden discutir si el proceso en su contra se condujo dentro de la legalidad.
El STJ analiza si se respetaron las leyes federales, por ejemplo, si las pruebas fueron recabadas correctamente, mientras que el STF analiza si se respetaron o no los principios constitucionales, como el derecho a la debida defensa.
Es decir, en esos tribunales no se repetirían las discusiones sobre si Lula es efectivamente el dueño del apartamento o no.
«Son recursos muy técnicos, que discuten tesis jurídicas. Hay una serie de requisitos que muchas veces limitan el conocimiento de esos recursos», observa Rahal.
Si los tribunales superiores deciden que el proceso no fue conducido correctamente, la condena de Lula por el caso del apartamento puede ser anulada definitivamente, lo que le devolvería la libertad.
La tramitación de esos recursos, sin embargo, tiende a demorar, pudiendo durar meses o incluso años.
Y los problemas jurídicos de Lula no se limitan al caso del apartamento, por lo que el expresidente todavía puede ser condenado en el marco de otros procesos.
En el Juzgado Federal de Paraná el exmandatario está acusado en otras dos causas también vinculadas a Lava Jato. Y también enfrenta acusaciones en el Juzgado Federal del Distrito Federal por otras cuatro causas vinculadas a las operaciones Zelotes, Janus y Lava Jato.
La defensa de Lula rechaza todas las acusaciones y dice que es víctima del uso de la ley con fines políticos.
3. Un nuevo cambio en la posición del STF
La posición del Supremo Tribunal Federal sobre la posibilidad de prisión después de una condena en segunda instancia ha cambiado a lo largo del tiempo y existe la posibilidad de que la misma vuelva a ser revisada, lo que beneficiaría a Lula.
La Corte no siempre ha interpretado de la misma forma la Constitución Federal, cuyo texto establece que nadie puede ser considerado culpable mientras no haya completado su tránsito por lo juzgados (cuando ya no caben más recursos judiciales).
Desde 1988, cuando se promulgó la Constitución, hasta 2009, el plenario integrado por 11 magistrados nunca se manifestó sobre el tema y las decisiones se tomaban caso por caso en las salas, integradas por cinco letrados.
Y en 2009, cuando los once magistrados juzgaron por primera vez un habeas corpus que pedía el derecho de un condenado a recurrir su sentencia en libertad, el Supremo prohibió la cárcel antes del agotamiento de los recursos por 7 votos contra 4.
En 2016, sin embargo, el Supremo volvió a analizar la cuestión y por 6 votos contra 5 decidió autorizar el cumplimiento anticipado de la pena.
En esa ocasión, prevaleció el convencimiento de que la persona puede ir a la cárcel después de que se concluya la etapa de análisis de pruebas, lo que ocurre en la segunda instancia.
Per el resultado cambió porque porque cambió la composición de la corte debido a la jubilación de algunos magistrados y porque uno de ellos, Gilmar Mendes, modificó su voto.
Y Mendes ha dado señales de haber vuelto a cambiar de idea, lo que sumado a la muerte en 2017 del magistrado Teori Zavascki -quien también votó a favor de la prisión anticipada- sugiere que es posible que el STF se eche para atrás, lo que beneficiaría a miles de condenados, incluido Lula.
«Si eso pasa, Lula debe ser liberado, porque el motivo para enviarlo a prisión ahora es (la autorización del STF para) el cumplimiento anticipado de la pena», explica el profesor Mafei.
«Se podría ordenar su prisión (antes de la condena definitiva) si hubiese amenazado a testigos, destruido pruebas o tratado de de huir del país. Como eso no pasó, la única razón que puede llevarlo a prisión en este momento es que la pena tiene que ser cumplida desde este momento. Pero si esa interpretación cambia, la prisión tiene que caer», concluyó.