Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr
En respuesta al recurso contencioso electoral contra la Primaria presidencial de la Plataforma Unitaria, interpuesto por José Brito, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) consideró procedente el recurso y anunció que: “se suspenden todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de las Primarias”.
La decisión ordena a la Comisión Nacional de Primaria (CNP) remitir al TSJ los antecedentes administrativos de las veinticinco fases que deben regir al Proceso Electoral, desde la Convocatoria, constitución de la Comisión Electoral, el Cronograma Electoral, Registro Electoral, las postulaciones con sus actas, lapsos de impugnación y de depuración, el acta de aceptación de postulación, las renuncias de precandidatos, las actas de la Primaria del 22 de octubre, incluidas las Actas de Constitución de las Mesas Electorales, Cuadernos de Votación, Papeletas de Votación, Actas de Escrutinios, de Totalización Regionales, de Totalización Definitiva, de Adjudicación y de Proclamación.
Las acrobacias numéricas
La masiva participación en la Primaria presidencial fue una sorpresa no solo para el gobierno, sino también para la propia oposición que -hasta última hora- se mantuvo en estado de emergencia para resolver los problemas logísticos y operativos que se presentaron. Este inesperado resultado ha generado toda clase de conjeturas, sospechas y explicaciones. Para empezar, la reacción oficial fue desconocer lo ocurrido con el argumento de que no es posible que en 5.134 mesas votaran 2.5 millones de electores, olvidando interesadamente que en las Primarias del PSUV en 2021, con 5.124 mesas (10 menos) votaron 3.5 millones.
La mayoría de los cálculos de participación en la Primaria se hicieron con base en dos minutos para votar, pero en los hechos la mayoría votó en menos de 1 minuto. Matemáticamente se puede demostrar la factibilidad de que el número electores totalizados, efectivamente haya podido fluir y votar en el lapso de 8 horas (480 minutos). Veamos:
Número oficial de votantes de la elección primaria = 2.440.415
Número de mesas de la elección primaria = 5.134
Número promedio votantes por cada mesa = 475 (en un plazo de 480 minutos)
Horario de las mesas: De 8.00 am – 4.00 pm ((h X 60 Min = 480 minutos/mesa)
Dividamos el proceso de votación en tres momentos:
- Presentación de la cédula de identidad, ubicación del votante en el cuaderno de votación y firma en el renglón respectivo;
- Entrega de la boleta y marcado el óvalo del candidato seleccionado; y,
- Depósito del voto en la urna.
Así, en el flujograma del proceso, en un minuto se podían desplazar simultáneamente dos electores, ya que mientras un elector se ubicaba en el cuaderno, otro elector estaba marcando la boleta y depositando su voto. La mayoría de los electores ya había ubicado en el buscador oficial de la CNP centro electoral, mesa, cuaderno y hoja en la que aparecía su nombre. Esto ayudó a que el recorrido fuese realmente muy rápido, ya que no había que colocar la huella, ni manchar el dedo con tinta indeleble, ni habilitar la máquina para que siguiera el próximo elector. Más que una la tradicional herradura, el recorrido fue una línea recta. Así los confirma el testimonio de quienes votaron: una vez que se llegaba a la mesa electoral, el proceso fue muy rápido.
La Red de Observadores Electorales de Asamblea de Educación (ROAE) describe con detalle el proceso y estima que el número de votantes fue de 2.440.415, para un promedio nacional de 475 electores por mesa[1]. En el Comunicado del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), afirma que: “Con el apoyo de toda la información recabada por nuestra legión de observadores (…) y con el auxilio de herramientas estadísticas aplicadas a la muestra observada podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la cifra de participantes estuvo alrededor de los dos millones y medio.”
Al momento del escrutinio estuvieron en cada mesa los tres miembros y los testigos de los candidatos que estamparon sus firmas en las actas que la CNP decidió publicar en la web para quien quiera verificar el resultado de la mesa donde votó. A la luz de estas pruebas, es un exabrupto acusar a la CNP de haber abultado la cifra de participación y pretender convertir en un delito el proceso de la Primaria presidencial de la Plataforma Unitaria.
Injerencia en los asuntos internos de la Plataforma Unitaria
Más allá de las advertencias que hizo el precandidato Carlos Prosperi y que fueron desestimadas por su propio partido AD, ninguno de los partidos que conforman la coalición de la Plataforma Unitaria ha cantado fraude, y la decisión del TSJ no anula el efecto de lo que ya decidieron los partidos y electores que participaron.
¿Cómo anular los efectos de un acto que ya está consumado? No puede haber usurpación de las funciones del Consejo Nacional Electoral cuando el propio CNE, en la palabra de su presidente Elvis Amoroso, ofreció asistencia técnica a la CNP que ésta rechazó por haber ya avanzado en la organización manual del proceso, debido a incertidumbre generada por la renuncia de los anteriores rectores del CNE.
Según el Acuerdo Parcial sobre Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales firmado en Barbados, la Primaria está protegida, toda vez que “las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a los mecanismos internos que deseen”. Sin embargo, el gobierno se empeña en anular la Primaria, alegando que la oposición infló los números de participantes. Incumple así el compromiso de no injerencia firmado en Barbados, lo cual no contribuye al compromiso de convivencia política.
Decisión jurídica subordinada a las prioridades políticas
La Fiscalía abrió una investigación contra la CNP por cuatro delitos: usurpación de funciones, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Es una clara amenaza para procesar judicialmente a los miembros de la CNP, que ya asistieron a la sede de la Fiscalía para responder por las denuncias y acusaciones.
El uso de procesos legales como arma política sigue ganando terreno en Venezuela. El llamado Lawfare es una maniobra cada vez más utilizada en el mundo (Trump, Lula, Petro, etc.) y Venezuela no es la excepción. Una vez más, el Poder Judicial actúa en colusión con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para desconocer los hechos cumplidos en los procesos electorales. Recordemos la impugnación de los diputados indígenas del estado Amazonas para romper la mayoría calificada que la oposición obtuvo en las Parlamentarias de 2015.
En Barbados las partes firmaron un acuerdo parcial para ofrecer garantías electorales y recuperar la confianza de los venezolanos en el voto. Este acuerdo fue reconocido por EEUU con la flexibilización por seis meses de las sanciones al petróleo, el gas y el oro de Venezuela, pero si se incumplen los Acuerdos, las sanciones pueden ser reactivadas.
¿Qué condiciones deben cumplirse para que MCM sea rehabilitada?
MCM cuenta con la legitimidad que le bridó la masiva participación en la Primaria. Ella es ahora la oposición mayoritaria, con mucha ventaja sobre los disminuidos partidos que no sacaron ni 1 %. Por eso afirma: “Quienes están sentados negociando con Maduro no representan a nadie”. Y esa fortaleza y determinación la convierten en una amenaza real para el gobierno. MCM está decidida a usar la legitimidad que le dio la Primaria para influir en las negociaciones, y eso sería muy incómodo para el gobierno, pero también para los partidos de la Plataforma Unitaria que se verían desplazados por ella.
Paradójicamente, su narrativa le cierra las vías para competir en la carrera presidencial, toda vez que el oficialismo no dejará competir a quien lo amenaza con convertirse en su verdugo. En el discurso de MCM suelen escucharse con frecuencia afirmaciones como estas:
- “Venezuela está secuestrada por un narco-régimen”
- “Estamos gobernados por una banda de criminales”
- “Hay quienes quieren lavarle la cara a un criminal como Maduro”
- “Maduro, te quiero vivo para que enfrentes a la justicia”.
- “Desplazar a la tiranía. Eso quiere decir el Hasta el Final”.
- “El régimen está débil y aterrado”
- “Una negociación sólo para la salida de Maduro”.
¿Qué condiciones deben cumplirse antes para que MCM sea rehabilitada? ¿Le entregará el chavismo el poder a María Corina Machado si ella gana las elecciones? ¿Qué incentivos hay que ofrecerle al chavismo para que no se aferre al poder? ¿Cuáles son las condiciones que se deben crear para facilitar la alternancia en el poder en Venezuela?
El gobierno de Nicolás Maduro no tiene ningún interés en mejorar las condiciones electorales que estimulen a votar masivamente en su contra y lo saquen del poder. Mejorar las condiciones electorales a cambio de flexibilizar las sanciones es necesario más no suficiente para convocar unas elecciones libres y transparentes. Maduro necesita vender el petróleo a precios de mercado y recuperar los fondos bloqueados para financiar los programas sociales que levanten su popularidad antes de las elecciones, pero lo que más le interesa es negociar las garantías políticas que impidan una cacería de brujas contra el chavismo, en caso de perder las elecciones y tener que entregar el poder.
El gobierno no dejará correr en la carrera presidencial a quienes luego se conviertan en sus verdugos. Maduro no quiere pasar por el mismo calvario por el que han pasado Rafael Correa, Lula Da Silva, Cristina Kirchner y Evo Morales. Para destrabar las negociaciones que finalmente conduzcan a unas elecciones competitivas, a tono con los estándares internacionales, el oficialismo necesita negociar con anticipación las garantías políticas que impidan se desate una persecución judicial en su contra, una vez que pierda las elecciones. Por lo tanto, un tema clave para hacer posible la alternabilidad en el poder en Venezuela es el de las garantías que se le ofrecerán -tanto al gobierno como a la oposición- para que el resultado electoral no se convierta en una tragedia para los perdedores.
Un Pacto de Convivencia es la clave para destrabar las negociaciones. El respeto a los derechos políticos de los perdedores es un tema cardinal para avanzar hacia una solución del conflicto venezolano por la vía electoral y pacífica, que abra las puertas a la alternancia en el poder. Pero esta negociación no se puede dejar para después de las elecciones, tiene que realizarse antes y debe quedar constitucionalizada, legalmente blindada, y acompañada por garantes internacionales que faciliten el respeto y cumplimiento de los acuerdos.
[1] Informe de la ROAE en este vínculo: https://bit.ly/3s59BwH)
