Caracas, 7 jul (EFE).- Con una población carcelaria que se estima entre 80.000 y 100.000 reos, Venezuela enfrenta desde hace años un problema de hacinamiento. Hace dos semanas, el Gobierno se dijo dispuesto a resolverlo, aunque, de momento, solo en los centros de detención preventiva y en un lapso máximo de 60 días, lo que hace que los expertos sean escépticos ante el éxito de la medida.
Según estimaciones de varias ONG y organizaciones privadas, del total de la población carcelaria, entre 40.000 y 65.000 se encuentran en centros de detención preventiva, lugares que solo son adecuados para albergar a un preso durante 48 horas.
El resto se encuentra en las cárceles dónde, de acuerdo con datos oficiales, hay 40.000 reos, pero las ONG señalan que las mismas tienen capacidad para acoger alrededor de 30.000, y es por ello que expertos en la materia no son optimistas ante el anuncio hecho.
«En los centros penitenciarios hay 40.000 (presos) y en los centros de detención hay 40.000 (más); entonces ¿cómo lo van a hacer, si ya tengo hacinados los centros penitenciarios?», se pregunta la directora de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, Carolina Girón.
Diversas organizaciones señalan que el problema carcelario va más allá del hacinamiento, debido a que los presos tienen dificultades para recibir atención médica, las mujeres son víctimas de abusos y, además, el sistema está copado de actos de corrupción por el que funcionarios piden dinero para otorgar «beneficios».
¿LA «REVOLUCIÓN JUDICIAL»?
La comisión encargada de lo que el Gobierno ha denominado como una «revolución judicial» solo ha explicado que buscan acabar con el retardo procesal y el hacinamiento, y que para ello encargó a seis subcomisiones en todo el país que contarán con representantes del Supremo, la Fiscalía, cuerpos policiales, Ministerio de Interior y Penitenciario así como de Defensa Pública.
Las mismas deben visitar en 60 días todos los calabozos policiales para revisar cada caso. A la fecha, se desconoce cuántos casos han atendido, pero las subcomisiones han informado sobre excarcelaciones a personas que tienen algún problema de salud o en cuyo proceso haya algún tipo de irregularidad.
Según el líder de la llamada «revolución judicial», Diosdado Cabello, la situación en los centros preventivos se agravó debido a la pandemia, pero las ONG señalan que tanto el hacinamiento como el retardo procesal tienen años y creen que para atenderlo se deben construir más cárceles.
Según explican, el retardo está relacionado una serie de factores que van desde los cortes de luz, la falta de material para procesar las excarcelaciones hasta la ausencia de jueces o fiscales.
LA FIGURA AL FRENTE: UNA «CONTRADICCIÓN»
A las ONG también les llama la atención que al frente de esta «revolución» esté Cabello, uno de los hombres fuertes dentro del chavismo, lo que la organización Acceso a la Justicia ve como una contradicción.
«Si hay una persona que demuestra que en Venezuela la justicia no es igual para todos es precisamente esta persona», dijo el director de la ONG, Alí Daniels, tras explicar que ellos tienen en sus registros el caso de una mujer que demandó al Estado venezolano por la muerte de su esposo a manos de un funcionario y fue indemnizada por 300 petros – unos 17.000 dólares-.
Y Cabello por haber demandando al diario El Nacional «por esta supuesta noticia falsa de la cual él dice que sufrió un daño moral, obtuvo 790 veces lo que esta niña y esta viuda obtuvieron por la muerte de su familiar», continuó Daniels, al señalar que esto demuestra que la Justicia en Venezuela no es igual para todos.
«La justicia está al servicio del poder», agregó.
¿UN ANUNCIO POR CONVENIENCIA?
El anuncio se suma además a, al menos, otros cuatro en los últimos 20 años. Entre ellos está el popular «Plan Cayapa», creado hace casi diez años por el Ministerio Penitenciario para disminuir el retardo procesal y que para Daniels fue un fracaso.
El activista cree que la nueva medida apunta a «maquillar» la imagen del Gobierno que está siendo evaluado por organismos internacionales, tanto la Organización de Naciones Unidas (ONU) como la Corte Penal Internacional (CPI).
«Esto es parte de toda una estrategia, esto no es gratuito, esto no es algo al azar, esto forma parte de toda una estrategia política del gobierno venezolano para maquillar su imagen», sostiene Daniels.
Y así, pasadas dos semanas del anuncio, aún no hay datos concretos sobre cómo avanza este plan que también apunta al abordaje de leyes para mejorar el sistema y a la revisión estructural de los integrantes de quienes lideran el esquema de Justicia; aunque de estos dos últimos puntos la información solo se ha limitado al anuncio.
Bárbara Agelvis
