Por Margaret López / Crónica Uno
Caracas. Para solventar los cortes eléctricos diarios en los estados Zulia y Mérida, el Gobierno prometió construir nuevos parques solares. Los proyectos incluyen la participación de aliados políticos como China, India y Turquía y se trata de proyectos públicos con el Estado como actor principal sin ninguna participación de las empresas privadas, ni tampoco alguna consulta a los ciudadanos.
“Ya tengo el proyecto. Ya tengo los terrenos para construir y producir 50 megavatios del Parque Solar de Mara que va a beneficiar con 50 megavatios a La Guajira”, aseguró el presidente Nicolás Maduro, durante el Encuentro con los Pueblos Indígenas en el Municipio Mara, en su visita al estado Zulia del 20 de junio pasado.
El proyecto solar en los Andes es más amplio, pero tampoco se habló de ninguna participación privada. Desde el Consejo Nacional de Economía Productiva celebrado en Mérida, el primer mandatario sólo se limitó a decir que hay “un plan ambicioso para generar 3.000 megavatios” con este nuevo parque solar.
En ninguna de las dos alocuciones públicas, Maduro mencionó ni una palabra del proyecto de Ley Orgánica de Energías Renovables y Alternativas, que ahora reposa en las oficinas de la directiva de la Asamblea Nacional (AN) a la espera de una fecha para su primera discusión en la plenaria.
Este proyecto legislativo pudiera abrirle la puerta a los sectores privados venezolanos para impulsar las energías solar y eólica, dos fuentes energéticas renovables que ahora son menos de 1 % de la matriz eléctrica nacional. Aparte de que también les brindaría un respaldo legal a aquellas familias que lograron instalar sus sistemas de respaldo con paneles solares para paliar los cortes eléctricos en las regiones.
Sistemas solares domésticos
Si se busca en la red social Instagram es posible encontrar varias publicidades para instalar un sistema de energía solar para casas y apartamentos en el país. Se trata de ofertas que apuntan, sobre todo, a los residentes en Maracaibo, Mérida, San Cristóbal, Valencia y Barquisimeto, ciudades que sufren los cortes eléctricos por períodos que van de cuatro a 12 horas diarias.
“Hay empresas que venden estas instalaciones, pero en la medida en que no se transforme la ley, esas empresas van a terminar como informales. La ley actual solo le otorga la gestión eléctrica al Gobierno. Esa ley tiene que transformarse, porque si no se hace, vamos a restringir el paso de la innovación o las energías renovables en el país”, explicó Raúl Córdoba, economista y coordinador del Monitoreo de Servicios Básicos del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice), en entrevista con Crónica.Uno.
La venta de estos pequeños sistemas solares de 2.000 vatios (W) incluye los paneles solares, una batería de almacenamiento y un inversor de energía necesario para suministrarles electricidad a los equipos en la vivienda.
Los precios se mueven entre 1.350 y 2.000 dólares para un sistema hogareño que brinde energía eléctrica, por ejemplo, para mantener conectada la nevera, la iluminación de la vivienda, la carga del teléfono celular y los equipos de computación y el router de internet de fibra óptica mientras ocurre el racionamiento diario. Otros sistemas más costosos con 6.000 W brindan autonomía para aires acondicionado, pero cuestan por encima de los 5.000 dólares.
Estas empresas privadas ahora enfocan su modelo en vender estos sistemas de energía solar a los hogares y también a restaurantes, supermercados, agencias bancarias y centros comerciales que quieren tener una opción eléctrica de respaldo.
El consumo de esta energía solar es completamente individual. En la actualidad, ninguno de estos venezolanos con sistemas solares instalados en sus casas o empresas puede venderle una cuota sobrante de energía al Sistema Eléctrico Nacional para que los residentes de sus comunidades la aprovechen debido a una barrera técnica (la falta de interconexión con el sistema central), pero también por una limitación legal.
A este rol se le suele apodar como “el autogenerador” (o prosumer en inglés) en otras legislaciones mundiales y se trata de la oportunidad que se le brinda a los usuarios privados para que alimenten la red nacional con la energía sobrante que producen sus paneles solares a diario. Esta ventana permitiría que otras familias pudieran comprarles electricidad sobrante a sus propios vecinos y, a la vez, serviría para aliviar la demanda del sistema central eléctrico en el país.
500 consultas y ningún proyecto público
Abrir el ecosistema del sistema eléctrico a las empresas privadas y a los propios ciudadanos, no en vano, fue una de las peticiones presentadas en la consulta pública del proyecto de la Ley de Energías Renovables y Alternativas.
“Hay que descentralizar la generación de la energía y que los usuarios puedan tener derecho a tener sus equipos y no sólo un ente. Pero también pasa que el modelo de negocios de la energía eléctrica es complicado en Venezuela y eso es porque el costo de la energía es subsidiado en casi 99 %. Se necesita sincerar el precio”, advirtió Luis Ramírez, ingeniero y doctor en ciencias de energías renovables, en entrevista para Crónica.Uno.
Ramírez es también uno de los pocos expertos convocados por la Comisión de Energía y Petróleo del Parlamento para participar en la consulta pública del proyecto legislativo sobre las energías renovables. Su participación se dio en septiembre del año 2022 y, desde entonces, se hicieron sesiones de consulta pública en varios estados.
“Se lograron consultar más de 2.000 personas y recoger 546 propuestas provenientes de diferentes sectores”, detalló Ángel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la AN, sobre la consulta pública de la Ley de Energías Renovables y Alternativas, en declaraciones a Venezolana de Televisión (VTV) de marzo de 2023.
Crónica.Uno acudió a la oficina legislativa del diputado Ángel Rodríguez en el edificio administrativo de José María Vargas en dos oportunidades, en junio pasado, para conocer un balance más actualizado y detallado sobre las propuestas incluidas en el texto final. Sin embargo, en ninguna de las dos visitas matutinas fue posible encontrarlo para una entrevista o agendar una cita posterior.
Ninguna de las más de 500 propuestas recibidas por la comisión de la AN o, al menos, un resumen de éstas fue publicado en la web oficial. Al punto que se desconoce quiénes fueron las personas o los representantes de los sectores que participaron en estas sesiones para debatir el proyecto legislativo sobre las energías renovables en el país.
“Es un patrón que se repite. La Asamblea (Nacional) abre el proceso de consulta pública y dicen que tuvo mucho éxito, pero no se conoce a quiénes se consulta. Pero es más grave que eso. Los proyectos de ley no son públicos, no se sabe quién los introdujo y tampoco se presenta el informe sobre su impacto económico”, argumentó Laura Louza, fundadora y codirectora de Acceso a la Justicia, una organización no gubernamental que monitorea la actualidad judicial venezolana, en entrevista con Crónica.Uno.
Louza sostuvo que la opacidad con los proyectos legislativos en Venezuela pasa porque los textos a discutir “son versiones que ruedan por WhatsApp, pero que no se sabe si son los verdaderos o no”. Aunque lo más grave es que los propios diputados confiesan que asisten al debate de la plenaria, muchas veces, sin que les hayan enviado los textos definitivos, como ocurrió con la reciente “Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista”.
Del proyecto de la Ley de Energías Renovables, por ejemplo, apenas se conocen un manojo de artículos que se promocionaron en las redes sociales en 2023. El texto completo del proyecto no es posible encontrarlo en la web oficial del Parlamento y tampoco lo entregan en las oficinas administrativas de la Comisión de Energía y Petróleo. En Scribd está publicado un texto con el logo de la AN, que es imposible de verificar si se trata de un resumen oficial.
Lo único claro es que el proyecto legal sobre las energías renovables está guardado ahora en las oficinas de la directiva de la AN. El diputado Ángel Rodríguez expresó que el proyecto cumplió con su consulta y se entregó a esta instancia, que tiene el poder de convocar el primer debate en la plenaria. Eso fue en agosto de 2023 y mientras ocurre esta espera legislativa, los cortes eléctricos se acentúan en algunas ciudades del occidente y apenas un pequeño grupo de familias tiene la opción de hacerse con un sistema de energía solar debido a sus altos precios.
- Este reportaje es resultado de la beca de producción periodística para promover el conocimiento sobre el derecho a la participación en Venezuela, otorgada por Espacio Público y Crónica.Uno. La edición estuvo a cargo de María Victoria Fermín K, coordinadora de la Unidad de Contenidos Especiales.
