Caracas, 11 may (EFE).- Las detenciones arbitrarias se redujeron un 95,4 % en Venezuela en 2021 respecto a 2020, según el informe anual de la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) presentado este miércoles.
El documento señaló que se produjeron 711 detenciones arbitrarias el año pasado, mientras que en 2020 se registraron 15.470, una reducción que responde, fundamentalmente, a la flexibilización en las políticas de seguridad respecto al primer año de pandemia y a la disminución de las protestas.
Provea detalló que, del total del año pasado, 653 ocurrieron en operativos policiales o intervenciones genéricas, 19 durante manifestaciones y 39 por razones políticas.
Los meses con la mayor cantidad de detenciones fueron enero y marzo, con 434 y 128 detenidos, respectivamente, para un total de 562.
La organización señaló que la mayoría de las víctimas fueron hombres de diverso perfil profesional, como obreros, miembros de ONG, periodistas, dirigentes políticos o líderes sociales, médicos y personal de salud, transportistas, escritores, abogados, militares, maestros y estudiantes.
Según la ONG, la detención de miembros de ONG ratifica «la política de criminalización y persecución de defensores y activistas humanitarios, lo que obstaculiza su labor en medio de la emergencia humanitaria compleja que persiste en Venezuela».
ALTA LETALIDAD, PESE A REDUCCIÓN
Provea sostuvo que «la alta letalidad en el accionar de la fuerza pública persistió en 2021», dejando un saldo de 1.414 personas asesinadas a manos «de policías y militares», 1.620 menos que en 2020 (3.034).
El 66 % de las 1.414 víctimas eran jóvenes de entre 18 y 30 años de edad que vivían en zonas de familias en situación de pobreza, especificó la organización.
Además, indicó que «policías y militares han asesinado desde 2013, cuando asumió Maduro el poder, a 8.611 personas, un promedio de 1.076 por año».
Al respecto, afirmó que las ejecuciones extrajudiciales «son una política de Estado, al menos desde 2015, y pudiesen constituir crímenes de asesinato como crímenes de lesa humanidad».
«En tal sentido, una investigación independiente y seria, con el propósito de buscar la verdad y establecer responsabilidades, debe investigar a altos funcionarios del Ejecutivo Nacional y los mandos de los organismos policiales y militares», recogió el informe.
TORTURA EN ALZA
Por otra parte, entre enero y diciembre de 2021, Provea registró un total de 241 víctimas de torturas, un aumento del 148,4 % en comparación con 2020, y el «segundo registro más alto de los últimos 33 años».
«El aumento de las técnicas de abusos basadas en la humillación y reducción física y psicológica de las víctimas, mediante las agresiones sexuales, genera especial preocupación», expresó la ONG.
En el 60,9 % de las denuncias de torturas recogidas en el informe, las víctimas dijeron haber sufrido algún tipo de abuso sexual, que «en varios casos incluyó violación».
El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) fue señalado como responsable de la mayoría de los casos, con 155 denuncias de torturas, el 64,3% del total.
La coordinadora de investigación de la ONG, Lissette González, sostuvo que las denuncias de tratos crueles, inhumanos y degradantes han aumentado «pese al seguimiento que están haciendo los organismos de monitoreo internacional y pese, sobre todo, al inicio de la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI)».
POBREZA
La situación de los derechos laborales en 2021, según la organización, estuvo marcada por «la pérdida de la capacidad adquisitiva del salario de los trabajadores, así como por el deterioro de su calidad de vida».
El 58 % de los empleados del sector privado están en condición de pobreza extrema, mientras que en el sector público la cifra alcanza el 75 %, de acuerdo a Provea, que señaló que los trabajadores en general exigen la dolarización del salario.
Además, piden la renovación y respeto a los contratos colectivos y a sus sindicatos, así como el cese «del acoso laboral y el amedrentamiento a que son sometidos por buscar mejorar sus condiciones laborales y de vida».
Estas exigencias obedecen, según González, a «la amplia brecha que existe entre el costo de la canasta básica y lo percibido como salario mínimo, lo que impide que un trabajador pueda cubrir alguno de los rubros, en particular el de alimentos».
El salario mínimo de Venezuela es de 130 bolívares, que equivalen a 28 dólares, mientras que la canasta básica de alimentos para una familia de cinco personas llega a los 381 dólares, según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF).