Caracas, 14 jun (EFE).- La ONG venezolana Provea exigió este domingo «transparencia absoluta» sobre el reciente operativo militar coordinado por Washington y Caracas en una región minera del sureste del país suramericano que se saldó con la muerte de Héctor Guerrero, conocido como el ‘Niño Guerrero’, considerado el líder máximo de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.
Venezuela «tiene derecho a conocer los términos exactos, el alcance legal y los mandos responsables de la operación», expresó la organización no gubernamental en un comunicado.
Provea advirtió que, basándose en la información disponible, este hecho «constituye presuntamente una clara violación de la soberanía territorial del país y una grave violación de los derechos humanos debido a la flagrante comisión de una ejecución extrajudicial».
«El Estado venezolano tiene la obligación de suministrar información fidedigna y verificable sobre el saldo humano del operativo: número exacto de fallecidos, heridos y detenidos, asegurando la debida identificación de las víctimas», señaló el mensaje.
La ONG recordó que el pasado martes, cuando advirtió de un megaoperativo en el estado Bolívar (sureste), señaló que acciones similares «dejaron cientos de abusos».
Por tanto, Provea sostuvo este domingo que la acción del Estado «no puede traducirse, bajo ninguna circunstancia, en ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas o tratos crueles contra personas ajenas al conflicto con los grupos armados o bandas criminales».
La organización dijo que la violencia y el control ejercido por agrupaciones criminales «en el sur de Venezuela son el resultado directo de años de abandono estatal y de una política que priorizó la extracción opaca de recursos sobre la institucionalidad».
«Las autoridades venezolanas abandonaron sus responsabilidades en estas zonas ricas en recursos minerales y el territorio fue penetrado por economías criminales de todo tipo, dejando en medio de la confrontación a cientos de miles de pobladores en condición de vulnerabilidad y sin posibilidades de obtener respuestas y asistencia institucional», reza el comunicado.
En ese sentido, Provea pidió «transparencia absoluta sobre los acuerdos internacionales que amparan esta operación y garantías plenas de que no se repetirán los patrones de ejecuciones extrajudiciales».
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Además, la ONG exigió, por estos hechos, explicaciones al fiscal general, Larry Devoe, y a la defensora del Pueblo, Eglée González.
El viernes pasado, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció un «enérgico ataque, rápido y letal para ejecutar con éxito» al líder de la banda de origen venezolano y calificada como terrorista por Washington, un operativo en el estado Bolívar que fue posteriormente confirmado por Caracas.
Trump aseguró que el ataque fue coordinado con sus «amigos de Venezuela».
Posteriormente, el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura del depuesto mandatario
Nicolás Maduro por parte de EE.UU. en enero pasado, indicó que la operación se desarrolló con apoyo tecnológico especializado y mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia entre ambos países, que restablecieron relaciones en marzo, luego de siete años de ruptura.
Este operativo se ejecutó dos meses después de la aprobación de la nueva Ley de Minas que permite la llegada de inversores extranjeros a estas zonas.
