Caracas, 12 oct (EFE).- La ONG venezolana Provea denunció este domingo que «aún no hay investigación independiente» sobre la muerte del exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel bajo custodia del Estado, cuatro años después del fallecimiento.
«Aún no hay investigación independiente sobre la muerte de Raúl Isaías Baduel, un exministro de (Hugo) Chávez que luego fue castigado como preso político por años, víctima de una cirugía clandestina contra su voluntad y su familia», señaló en X la organización no gubernamental.
Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) exigió «justicia para Raúl», quien, aseguró, fue «víctima del patrón de persecución a la disidencia, torturas, tratos crueles e inhumanos, y la negligencia médica que sufrió en prisión».
Baduel, según su familia, falleció «en una celda del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia), diez meses después de una operación hecha en un quirófano improvisado, sin la atención médica necesaria».
«Fue ministro de la Defensa, un hombre de principios, un militar que creyó en la Constitución, en la soberanía y en el respeto a la vida, pero cuando se negó a apoyar la reforma constitucional de 2007, su voz disidente se convirtió en su condena», afirma la familia, que asegura también que «fue aislado, incomunicado, humillado y torturado».
En X, la activista Andreína Baduel, hija del militar, denunció este domingo que «la persecución» contra su familia «no ha cesado».
Josnars Adolfo Baduel, hijo también del exministro, está detenido desde 2020.
«Pero no han logrado quebrarnos, porque ser Baduel no es un delito, es tener el valor de defender la verdad, aunque duela. Hoy recordamos su vida, denunciamos su muerte y seguimos exigiendo justicia por todos los presos políticos que siguen padeciendo la misma tortura que lo mató», agregó la activista.
Raúl Isaías Baduel, quien fue aliado del fallecido mandatario Hugo Chávez (1999-2013), fue considerado como el artífice de su vuelta a la Presidencia tras el golpe de Estado que lo derrocó durante 48 horas en abril de 2002.
Posteriormente, se pronunció contra la propuesta de reforma constitucional de Chávez.
En 2009, fue arrestado e inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta que concluyera su condena. En 2015, se le otorgó libertad condicional, bajo unas premisas que, según la Justicia venezolana, incumplió, por lo que volvió a la cárcel en 2017, año en el que debería haber finalizado su pena.
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Luego, le fueron imputados nuevos delitos, entre ellos contra la integridad de la nación y la independencia, lo que llevó a que su detención se prolongara de manera indefinida.
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