Wendy Molero
En su lucha por lograr que se realice el proceso electoral para renovar autoridades en la Universidad de Los Andes (ULA), dando así solución al tema de la suspensión de dichos comicios, ocurrido en 2024, un grupo de profesores trabajó en la elaboración del proyecto de reforma del Reglamento Electoral del año 2003 el cual fue presentado este jueves 30 de enero al Consejo Universitario (CU) de la ULA.
El proyecto fue expuesto por los profesores ulandinos Fortunato González, Baudilio Márquez y Alexis Dávila, ante la comunidad universitaria horas antes en un foro realizado en la sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (Facijup), donde se expusieron los motivos que llevaron a la creación de este proyecto que, de ser aprobado por el Consejo Universitario, vendría a “destrancar el juego”, ya que permitirá los cambios que exige la universidad dándose así nuevos e importantes escenarios para la ULA.
Durante el foro, Fortunato González precisó que para la realización de esta reforma hicieron un estudio pormenorizado del Reglamento Electoral de 2003, de la Constitución Nacional y la Ley de Universidades, lo cual les permitió llegar a la conclusión de que la Universidad de Los Andes, haciendo valer su autonomía, puede resolver este asunto. “La universidad tiene plena autonomía para dictar sus reglas, no tienen que pedirle permiso a nadie para tomar sus decisiones, tiene capacidad, potestad y poder para decidir sus propios asuntos sin preguntarle a nadie”, aseveró.
Para lograr que la ULA pueda celebrar pronto sus elecciones, solo hay que levantar la sanción al Reglamento Transitorio de 2023 y volver a los reglamentos anteriores que es donde está la solución, “y eso lo puede aprobar el Consejo Universitario con el respaldo de la comunidad universitaria en cuestión de un mes, esto es una oportunidad que tenemos todos para renovar y darle este empuje a la universidad que requiere gente nueva en el timón”, detalló.
En relación con el tema de los jubilados, dijo González que “eso se solventa, fue un error de la reforma de 2023 no incluirlos y nosotros lo estamos corrigiendo”.
Lea también
Participan todos los sectores
Por su parte, el profesor Baudilio Márquez, dijo que la modificación sobre la cual trabajaron establece las condiciones que consideraron – de acuerdo con la realidad actual de la ULA- necesarias para que todos los sectores de la comunidad universitaria participen, “que se vean -bajo el principio de la igualdad- representados en los diferentes escenarios de la comunidad universitaria, claustro universitario y co-gobierno, y de esta forma generar la amplitud necesaria para que nos volvamos una comunidad de intereses afines a la democracia universitaria”.
Márquez, al igual que los otros integrantes del equipo que impulsa esta propuesta, espera que tenga receptividad tanto en el CU como en la comunidad universitaria, que les permita avanzar en la celebración de las elecciones universitarias “porque es necesario que se produzcan los cambios que exige nuestra universidad”.
Problemas de inconsistencias
La propuesta de discusión y análisis de un nuevo texto de reglamento electoral, pretende guardar armonía con lo que ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los últimos años y que por aparentes inconsistencias en los reglamentos electorales ha llevado a que se paralice el proceso electoral, explicó en sus declaraciones el profesor Alexis Dávila, quien aseguró que esa es la razón por la cual se sugiere adaptar los reglamentos vigentes a las directrices emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“Si eso se hiciera cualquier proceso judicial pendiente no tendría razón de ser, motivo por el cual muy probablemente el propio TSJ podría entender que cumplidas sus instrucciones no hay motivos para no celebrar elecciones, esa es la intención de esta propuesta, adaptarnos a las directrices que ha señalado el TSJ”.
Al ser consultado sobre la posibilidad de que las elecciones pueden llevarse a cabo sin problemas, en el caso de que el Consejo Universitario aprobara el proyecto presentado, Dávila expresó que en teoría si deberían darse sin inconvenientes. Sin embargo, explicó que habría que cumplir con un protocolo básico, llevar copia certificada al Tribunal Supremo de Justicia, mostrar que se han cumplido las instrucciones que ha dado la Sala Constitucional y solicitar la extinción de los procesos judiciales pendientes, “luego de esto no habría ningún obstáculo racional para que no hubiera elecciones”.
