Representantes del sector agrícola, directivos empresariales y autoridades de los organismos de seguridad pública del estado Trujillo establecieron mesas de trabajo conjuntas. El objetivo de las reuniones radica en coordinar operaciones y unificar criterios frente al incremento del ingreso de agroquímicos por contrabando en la región andina, con el propósito de resguardar el aparato productivo local.
Carlos Gil, Director de Desarrollo Agroecológico de Trujillo, informó sobre las evaluaciones técnicas que realiza el despacho gubernamental respecto al impacto de los insumos agrícolas que entran al territorio sin las autorizaciones correspondientes. El funcionario detalló que el uso de estas sustancias afecta de manera directa el desarrollo de los cultivos y altera la composición química de los suelos. Asimismo, advirtió sobre los riesgos que representa la manipulación y consumo de rubros tratados con estos componentes, al carecer de las certificaciones de las instituciones sanitarias competentes.
“Sepan que hay alguna serie de normativas por parte del Ministerio de Agricultura y Tierra, por parte del Ministerio de Comercio, por el parte del Ministerio de Alimentación en lo atinente al cumplimiento de normativas establecidas por el Insay, por el SENCAMER, por SUNAGRO, de manera que todo fluya de manera correcta”.
El Comandante de la Zona de la Guardia Nacional Bolivariana en la entidad, General de Brigada Luis Marín, explicó las funciones asignadas a los efectivos militares en las vías de comunicación. Las instrucciones vigentes facultan a los funcionarios en los puestos de control y de atención al ciudadano para realizar la revisión física y documental de los cargamentos de insumos que ingresan o se trasladan fuera del territorio trujillano.
“No solamente es cumplir con una carpeta con normas y requerimientos, es garantizar que el producto, desde la siembra hasta la casa, hasta la mesa de cada ciudadano, sea un producto sano”.
Al cierre del encuentro, las autoridades y el personal técnico enfatizaron que los comercializadores y empresas del sector deben portar la documentación legal requerida en cada traslado. Esta medida busca que los cuerpos policiales y militares asignados a las labores de inspección verifiquen de forma precisa el cumplimiento de las normativas vigentes.
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