Era piloteada por un colombiano y un mexicano que lograron escapar, tras hacer entrega de sus pasaportes a las autoridades destacadas en el aeropuerto de Paramillo, donde aterrizó el pasado 26 de agosto a causa de fallas de tipo mecánico
A solicitud del Ministerio Público, fueron privados de libertad dos sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), así como un supervisor en jefe y un oficial agregado de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), por su presunto vínculo con el tráfico de drogas dentro de una avioneta, en San Cristóbal, estado Táchira.
El hecho fue detectado el pasado 26 de agosto, cuando una avioneta solicitó autorización a funcionarios de Bolivariana de Aviación para aterrizar en el aeródromo de Paramillo, en la citada capital andina, debido a fallas mecánicas y a que necesitaba reparaciones urgentes.
Una vez en tierra, los pilotos, de nacionalidad colombiana y mexicana, respectivamente, entregaron sus pasaportes a las autoridades y, según las investigaciones del Ministerio Público, abandonaron el sitio antes de que la avioneta fuese inspeccionada.
El sargento primero de la GNB y el sargento mayor de tercera, Edixon Useche y José Rincón, revisaron la avioneta en búsqueda de elementos sospechosos y dijeron que no tenía nada ilegal.
No obstante, experticias practicadas por la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas de la GNB y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) determinaron la existencia de rastros de cocaína en la aeronave.
En virtud del hallazgo, Useche y Rincón fueron aprehendidos y puestos a la orden del Ministerio Público, que fue notificado de las irregularidades.
Al día siguiente, el supervisor en jefe y el oficial agregado de la PNB, Luis Suárez y Luis Paredes, respectivamente, acudieron al aeródromo para solicitar información sobre el destino de los pasaportes y fueron inmediatamente detenidos para ser puestos a disposición del órgano garante de la legalidad en el país.
La Fiscalía 10ª de Táchira imputó a Rincón y Useche por tráfico ilícito en la modalidad de transporte agravado, en grado de cooperadores. No obstante, el Tribunal 6º de Control de esa entidad andina cambió la calificación a grado de facilitadores.
Por su parte, Suárez y Paredes fueron imputados por encubrimiento agravado.
Frente a los elementos de convicción expuestos por la representación fiscal, la instancia judicial dictó la medida privativa de libertad para los efectivos militares y los funcionarios policiales en la sede de la Dgcim, en San Cristóbal.
Adicionalmente, el tribunal de la causa acordó las respectivas órdenes de aprehensión para los pilotos extranjeros, tras el requerimiento del Ministerio Público.