Graves violaciones a los derechos humanos de los privados de libertad ocurre en centros de reclusión transitorios y en centros carcelarios del Táchira. Así lo expresa Raiza Ramírez, representante del Observatorio Venezolano de Prisiones.
«Hay un grave problema de hambre en el Centro Penitenciario de Occidente. Los reclusos comen una sola vez al día, solo arroz. Los hombres pesan menos de 50 kilos, y lo mismo está pasando en los centros policiales, porque ahí no les dan comida, son los familiares los que tiene que llevarles la comida», denunció.
Además existen niveles de hacinamiento que sobrepasa el 100 %. Como ejemplo puso el Cuartel de Prisiones de Politachira tiene una capacidad para 120 personas, que en momentos ha rebasado esa capacidad.
«En estos centros policiales no debe haber condenados y hay personas condenadas en los centros policiales».
Señala que el hecho de los privados de libertad no reciban alimentación es una forma de tortura, además de la trotura psicológica al estar hacinados, en sitios de reclusión donde no hay patios ni canchas.
Expuso que las autoridades de salud no han manifestado el parte de contagios de covid en centros carcelarios de la región. Pero recientemente hubo en el CPO un brote de diarrea, fiebres y vómitos de más de 300 privados de libertad que no se sabe si fue covid. Además no hubo traslados médicos de estas personas enfermas.
Comunicó que durante hace 8 meses hubo un decreto de suspensión de los tribunales penales. Solo laboraban los tribunales de guardia que se dedicaba a privar de libertad a personas y no a dar libertades.
Esto ocasionó un hacinamiento mayor en los centros de reclusión transitorios, como en centros policiales y Centro Penitenciario de Occidente, sin que se realicen audiencias, juicios ni ejecución para quienes ya tenían penas cumplidas.
Hasta este mes de diciembre comenzaron las evaluaciones a los presos que tienen penas cumplidas desde marzo y desde diciembre del año pasado, para ver si les dan libertades.
«Estas evaluaciones se las lleva el Plan Cayapa, a través del Ministerio Penitenciario para Caracas y hasta que ellos no evalúen a esas personas no les otorgan libertad», argumentó Ramírez.