La incertidumbre entre miles de venezolanos en Estados Unidos sobre la continuidad del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) ha crecido en las últimas semanas, especialmente debido a información cruzada que se ha publicado en redes sociales y en medios de comunicación. Ante esto, el abogado experto en inmigración Víctor Badell aclaró que los beneficiarios del permiso otorgado en 2021 no han perdido su estatus y que, de hecho, siguen amparados automáticamente por la ley federal.
En una entrevista concedida a El Nacional, el experto aseguró que para quienes recibieron el TPS otorgado en 2021, la extensión es automática por ley y no depende de un anuncio formal del gobierno actual de Donald Trump.
“En el Immigration and Nationality Act 244 (b)(3)(C). Eso está en el Código de los Estados Unidos en el 1254a (c)(3)(C). Se establece muy claro que, por lo menos 60 días antes del vencimiento de un TPS, el gobierno debe pronunciarse sobre si lo va a extender, si lo va a terminar, etc. Si no lo hace, la ley prevé una extensión automática por seis meses. No tienen que decir nada. Es automático, de ley”, afirmó.
La aclaratoria surge luego de que algunos voceros de venezolanos en Estados Unidos, como es el caso de Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, afirmaron que hasta que la página oficial del TPS para Venezuela no sea actualizada no hay razones para creer en una extensión automática.
¿Por qué la extensión del TPS para venezolanos de 2021 es automática?
Badell explicó que la norma busca proteger a los beneficiarios frente a decisiones abruptas. El gobierno, para terminar un TPS, debe justificar con un informe serio que las condiciones que motivaron su otorgamiento han cambiado de manera sustancial.
En el caso venezolano, el abogado recordó que las causas que dieron origen al beneficio en 2021 son múltiples: crisis económica, colapso del sistema de salud, inseguridad generalizada y deterioro institucional. “No se puede decir de la noche a la mañana que esas condiciones han mejorado”, aseguró.
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“En febrero no hubo informe del Departamento de Estado, ni análisis de expertos en salud, economía o seguridad. Nada. La pretendida terminación solo hablaba del TPS otorgado en 2023, no del 2021. Para el grupo de 2021, el gobierno estaba obligado a pronunciarse antes de septiembre y no lo hizo. Eso activa la extensión automática”, reiteró.
Para Badell, la administración optó por callar por una razón estratégica: “Es como que tú me digas que es un país gobernado por narcotraficantes y después quieras producir un informe serio que diga que la situación mejoró. No pueden hacerlo. Cualquier pronunciamiento nos daría más herramientas para el juicio que estamos peleando, así que prefirieron quedarse callados”.
El abogado recordó un precedente reciente. El 5 de mayo de este año, el gobierno reconoció que no se había pronunciado a tiempo sobre el TPS de Sudán del Sur y publicó, un mes después, que quedaba automáticamente extendido por seis meses.
«El secretario no pudo tomar una decisión informada sobre la designación de Sudán del Sur antes de la fecha límite del 4 de marzo de 2025 debido a la falta de un análisis actualizado de las condiciones actuales del país. En consecuencia, la designación de Sudán del Sur al TPS se extiende automáticamente por seis meses, del 4 de mayo al 3 de noviembre de 2025», dice la notificación oficial publicada por el Registro Federal del gobierno de EE UU.
No descarta una publicación similar en el caso venezolano en las próximas semanas. “Esto ha pasado muchas veces. Incluso en la primera administración Trump hubo casos en que se pronunciaron meses después. El punto es que, en términos legales, el silencio implica extensión automática. El problema es que algunos empleadores o instituciones exigen el documento físico o la tarjeta de trabajo renovada, aunque la protección siga vigente”, indicó el experto.
Badell subrayó que todo venezolano que haya solicitado la renovación del TPS o del permiso de trabajo antes del 5 de febrero de 2025, sea del grupo 2021 o 2023, está protegido hasta el 2 de octubre de 2026.
“No son 5.000 como dicen algunos, son muchos más. Y no tienen que tener la aprobación en la mano para estar protegidos. Esto es algo que quiero que el público entienda y lo tenga claro”, afirmó.
Para resolver problemas con empleadores o departamentos de licencias, el abogado publicó cartas explicativas que han sido aceptadas en varios estados. “Tengo decenas de casos de personas que conservaron su trabajo o renovaron su licencia mostrando la norma”, relató.
¿Qué es el TPS y cuántos venezolanos lo tienen?
El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) es un beneficio migratorio otorgado por el gobierno de Estados Unidos a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales o crisis extraordinarias que impiden su retorno seguro. Durante su vigencia, protege contra la deportación y permite obtener un permiso de trabajo.
En marzo de 2021, la administración del presidente Joe Biden otorgó el TPS a los venezolanos debido a la grave crisis política, económica y humanitaria en el país. Desde entonces, ha beneficiado a cientos de miles de migrantes que residían en EE UU antes de la fecha de corte establecida.
Actualmente, existen dos grupos de venezolanos con TPS: los del 2021, quienes lo obtuvieron con la designación inicial; y los del 2023, amparados por una nueva designación que incluyó a quienes llegaron posteriormente.
La confusión actual surge porque en febrero de 2025 el gobierno anunció la terminación del TPS del 2023, pero no se pronunció sobre el de 2021.
El juicio en California por la terminación del TPS
La batalla legal para anular la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional de febrero se libra en una corte federal de distrito en California. El caso está en manos del juez Edward Chen, quien debe decidir si la terminación fue legal.
Esta demanda fue presentada por un grupo de beneficiarios del TPS, junto con organizaciones de defensa de migrantes, para impugnar la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem del 9 de febrero de 2025, que anunció la terminación del TPS para el grupo designado en 2023.
“El objetivo de esta demanda es que el juez declare ilegal la pretendida terminación del TPS, por ser caprichosa, preconcebida y por no cumplir los procedimientos que establece la Ley de Procedimientos Administrativos (Administrative Procedure Act), sección 706”, detalló Badell.
De acuerdo con el Immigration and Nationality Act y la Ley de Procedimientos Administrativos (Administrative Procedure Act, conocida como APA), para poner fin a un TPS el secretario de Seguridad Nacional debe consultar al Departamento de Estado y recibir un informe formal preparado por expertos en áreas como salud, economía, seguridad y política. Además, tiene que justificar por escrito que las condiciones que motivaron el TPS han mejorado sustancialmente.
En el caso venezolano, ninguno de estos pasos se cumplió. Lo que se encontró en el expediente fueron únicamente correos electrónicos internos entre funcionarios de bajo nivel, sin análisis profundo ni datos oficiales que respalden la decisión, según el abogado.
Ahora, el juez Edward Chen, un magistrado con experiencia en casos migratorios complejos, debe decidir si la secretaria de Seguridad Nacional actuó dentro de la ley o se extralimitó en sus funciones.
“En Nueva York, un juez ya falló en un caso similar que la terminación del TPS de otro país fue ilegal por falta de consulta y de análisis serio. Esperamos que el juez Chen llegue a la misma conclusión en nuestro caso”, señaló Badell.
Lo interesante es que no se está pidiendo un juicio largo, sino una decisión sumaria. Esto significa que el juez podría resolver con base en el expediente existente, sin abrir una fase probatoria que podría durar años.
En meses recientes, la Corte Suprema intervino en un aspecto distinto del caso: una medida cautelar que el juez Chen había dictado para proteger a todos los beneficiarios mientras se decidía el juicio.
El máximo tribunal resolvió que los jueces de distrito no pueden suspender a nivel nacional las decisiones del Ejecutivo antes de un juicio de fondo. Esto dejó a más de 350.000 venezolanos del TPS 2023 sin la protección inmediata, pero no afectó directamente el fondo del caso.
“La Corte Suprema no dijo que el presidente o la secretaria podían terminar el TPS. Lo que dijo fue que no se podían dar medidas cautelares de alcance nacional antes de un juicio completo”, aclaró Badell.
¿Qué puede pasar con el TPS en los próximos días?
La semana pasada, el juez Chen recibió los últimos escritos de ambas partes. El gobierno pidió suspender el proceso hasta que una Corte de Apelaciones resuelva un asunto relacionado, pero el juez ha rechazado tres veces esas solicitudes al considerar que el daño de la espera sería demasiado grande para más de 600.000 venezolanos.
Si el juez falla a favor de los demandantes se declararía ilegal la terminación del TPS y, por lo tanto, se mantendría vigente la extensión otorgada por el exsecretario Alejandro Mayorkas. Tanto el TPS del 2021 como el del 2023 seguirían protegidos hasta el 2 de octubre de 2026.
En caso de que el juez decida esperar o falla en contra, miles de venezolanos entrarían en un limbo legal inmediato, lo que llevaría a muchos a perder su empleo o licencia de conducir. Además, se abriría un nuevo frente de apelaciones que podría tardar años.
“Si decide aguantar la decisión sería devastador. Dejaría a todo el mundo en un limbo legal”, advirtió Badell, quien confía en un pronunciamiento favorable en los próximos días.
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