Dos directores y nueve funcionarios del Ministerio de Servicios Penitenciarios fueron puestos tras las rejas, durante una serie de operativos sorpresa ejecutados en cárceles de los estados Guárico y Lara.
Tal como denunciamos desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en múltiples ocasiones, son muchas las denuncias por corrupción en todos los recintos penitenciarios del territorio nacional. Esto se ha convertido en un verdadero negocio instaurado por los funcionarios.
Desde noviembre del 2023, voceros del régimen hacen alegoría del “fin del pranato” tras la intervención de siete cárceles. No obstante, dichos operativos no lograron más que incrementar el hacinamiento, permitir la fuga de peligrosos pranes como “Niño Guerrero” y fomentar la corrupción por parte de los funcionarios.
Esta situación no es una novedad en los centros con régimen penitenciarios. Desde OVP lo hemos denunciado de forma constante a través de testimonios e investigaciones de cómo ahora los funcionarios del Ministerio de Servicios Penitenciarios también cobran una suma semanal o mensual, a cambio de algunos beneficios y la integridad física de los privados de libertad.
Desde pagos por la visita conyugal hasta el ingreso de alimentos, en OVP hemos denunciado cómo algunos directores y funcionarios están haciendo de las suyas a costa del sufrimiento de los presos y sus familiares, quienes al fin y al cabo son quienes deben procurar el pago extorsivo para ayudar a sus seres queridos.
Sin embargo, la solución siempre ha sido el cambio de un recinto a otro para los directivos y funcionarios como única sanción, a sabiendas de que esto no soluciona el problema sino que lo traslada.
Trascendió que, los últimos días del mes de enero, funcionarios de la Guardia Nacional y custodios penitenciarios realizaron una requisa en el Centro de Reclusión para Procesados Judiciales 26 de Julio, ubicado en el estado Guárico, el cual culminó sin novedad.
Sin embargo, tres días después, el Grupo de Respuesta Inmediata (GRI) del Ministerio de Servicios Penitenciarios tomó el penal por sorpresa. En esta ocasión encontraron gran cantidad de teléfonos celulares y sustancias estupefacientes, así como otros objetos ilícitos que estaban en manos de los privados de libertad.
En esta oportunidad resultaron detenidos el director y un custodio de la cárcel 26 de Julio. En tanto, hasta la fecha no han designado al nuevo director del penal, el cual quedó a cargo del subdirector y el coordinador de la región.
A raíz de allí los más de 1.300 presos que se encuentran recluidos en Guárico han sido objeto de castigos, los han encerrado en sus celdas y poco les permiten tomar el sol, o realizar alguna actividad física.
Asimismo, el domingo 25 de febrero, se efectuó un operativo similar en las instalaciones de la Comunidad Penitenciaria Fénix, ubicada en el estado Lara, donde presuntamente localizaron una plantación de marihuana, otro tipo de sustancias estupefacientes, bebidas, pastillas, más de 500 teléfonos celulares, entre otras cosas.
En este procedimiento detuvieron a nueve personas, entre ellas el director, subdirector y siete custodios penitenciarios.
Relataron a OVP que mientras se llevaba a cabo la requisa a más de 2.000 presos de Fénix Lara los mantuvieron desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche formados fueras de sus celdas, en ese tiempo no recibieron alimentación alguna y tampoco pudieron tomar agua, como consecuencia los hombres de más edad y los que están enfermos se desmayaron.
Desde la organización rechazamos toda forma de castigo en contra de los privados de libertad, no estamos en contra de las requisas que se realizan en los centros penitenciarios, pero sí de los tratos inhumanos y degradantes a los que son sometidos los presos durante estas revisiones.
Por último, cabe destacar que hasta ahora el Ministerio de Servicios Penitenciarios no ha informado sobre estos procedimientos, lo que desde siempre ha sido parte de una política de desinformación y falta de transparencia por parte de este organismo.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
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