Con la instalación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional encabezada por Juan Guaidó, la oposición juega su carta con miras al 10 de enero: No reconocimiento de Maduro como Presidente sino como usurpador y la Asamblea asume la representación del pueblo “donde deba y tenga que hacerlo”.
Hasta allí supo, pudo y quiso decir el nuevo presidente del Parlamento.
Vienen otros episodios que rememoran la pugna entre la Asamblea Nacional y el gobierno de Maduro de enero de 2016, recién instalado el órgano legislativo. Este entonces llegó anunciando guerra abierta contra Maduro y seis meses para definir cómo sacarlo del poder.
Aquella batalla la ganó Maduro, quien todavía sigue allí, ahora con intención de renovarse 6 años más, con aliados institucionales poderosos como la Constituyente y las Fuerzas Armadas.
Para este nuevo enfrentamiento entre la AN y el chavismo, la oposición cuenta con el factor internacional, el Grupo de Lima que ha reconocido a la AN como poder elegido legítimamente.
¿Por dónde vendrán los tiros?
El discurso de Guaidó tejió el no reconocimiento de Maduro como Presidente como alguna frases nebulosas sobre qué hacer en consecuencia con la Presidencia de la República. Llegó a hablar concretamente de un “gobierno de transición”. Pero solo refirió que su responsabilidad de generar “acciones y mensajes”. Que decisiones que tome la Asamblea lleven acciones simultáneas del pueblo y la comunidad internacional. De su parte, para el 10 de enero, no hay nada más concreto que eso.
El anuncio más claro fue sí que los parlamentarios se disponen a iniciar un proceso de renovación de Poderes Públicos. Con esto enlazan con posiciones claras del Grupo de Lima acerca de los poderes públicos nacionales, como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), legítimamente conformado, al que solicitaron respeto por su integridad, autonomía e independencia.
El Grupo de Lima no explica a cuál TSJ se refería, se entendió que es a uno que regirá en un futuro, y que no es el que despacha actualmente en La Pastora ni el que lo hace desde Washington y Bogotá, cuyas decisiones no son reconocidas.
De manera que por allí vienen los tiros de Guaidó: nuevas instituciones del estado. Instituciones elegidas legítimamente y que sean reconocidas por la comunidad internacional. Esto no promete ser un proceso rápido ni mucho menos fácil.
Habría que integrar totalmente el TSJ, elegir Fiscal General, Contralor y Defensor del Pueblo. Los juristas deben resolver problemas constitucionales para que las decisiones salgan llenas de legitimidad, para que haya reconocimiento internacional. Los elegidos deben esquivar de alguna forma las acciones oficiales en contra, que ya se vieron con los magistrados designados por la actual Asamblea Nacional, quienes tuvieron que elegir entre salir del país o conocer la sede del Sebin.
La idea parece ser intentar cercar -también internamente- y que Maduro se vea obligado a moverse y actuar, y generar oportunidad a que el mandatario se equivoque.
Punto vital
Vienen tiempos duros para la política. El talento político será decisivo. Después del fracaso de 2016, los diputados de la Asamblea tienen que andar con más precaución si no quieren terminar en nada otra vez. La fuerza de Maduro busca ser disminuida con escisiones políticas e institucionales.
La relación con lo internacional es el punto de diferencia ahora, y puede ser vital para el desenlace.