Eduardo Viloria/DLA.-
La escasez de agua en Sabana de Mendoza, problema que es de vieja data, fue planteado en pasado miércoles 24 a los Fiscales del Ministerio Publico que estuvieron en la audiencia pública que concedió el señalado despacho, por instrucciones directas de la Fiscalía General de la República, jornada conocida como; El Ministerio Publico va a tu comunidad. Despacho que estuvo representado por la doctora Betsy Ruiz, Fiscal Superior; doctor Fernando Arévalo Fiscalía V; y doctora Miriene Rendón Fiscal Tercera.
En la señalada audiencia hubo planteamiento de diversa índole, principalmente de las parroquias Sabana de Mendoza, Valmore Rodríguez de Sucre y Betijoque, de Rafael Rangel, resaltando entre estas denuncias, la escasez de agua en las parroquias de Sucre, motivado presuntamente a la negligencia de las autoridades municipales, las salientes y actuales, que se han descuidado y no han puesto coto inclusive a presuntos hechos irregulares con la distribución del agua, que le tocará analizar y establecer las responsabilidades a la Fiscalía del Ministerio Publico.
El documento
En el documento entregado a la Fiscalía, que nos entregó el exconcejal Héctor Díaz, se hace un recuento de las fuentes de agua, donde se surtían y se surten los pobladores del eje panamericano, pasando por el acueducto Triestatal, no dejando de señalar en el documento, el negocio que existe presuntamente, en la actualidad, con los camiones cisternas que se encargan de llevar al agua a los hogares, principalmente de Sabana de Mendoza, que serian explotadores de estos pozos, propiedad del municipio, cuyos trabajos de perforación fueron realizados con recursos del estado, tal como lo han comprobado con la referencia histórica, pero explotados de una manera privada, cuando le venden el agua a las comunidades, muchas veces a costos exagerados, en dólares y donde el actual gobierno municipal los ampara, ya que les cobra a los dueños de esos cisternas una tasa de impuestos, cuando en el Municipio no existe un organismo autónomo, que administre todo lo concerniente al agua potable y a las aguas servidas, lo que genera, que estos impuestos vayan a cuentas de particulares y no al fisco municipal.
Consideran los denunciantes, en el documento que fue entregado a la representación de la Fiscalía; que se debe abrir una investigación sobre esta explotación de los propios recursos hídricos del Municipio Sucre y que hoy por hoy, se han convertido en una comercialización que atenta contra los derechos humanos, consagrados en la Constitución Nacional, pues el agua es un derecho a la vida de cada uno de nuestros habitantes.
El documento en cuestión entregado por Héctor Díaz a los funcionarios del Ministerio Publico, es apoyado por diversidad de dirigentes comunitarios de la zona, entre estos el también exconcejal Ricardo Simancas, el ingeniero Francisco Espinoza y la dirigente Malexis Pírela.
Solicitamos, piden los firmanes del documento; en nombre de nuestros habitantes, una investigación profunda sobre este hecho de explotación del agua y la negligencia técnica del gobierno municipal actual, pues en tres oportunidades la bomba sumergible ha presentado desperfectos mecánicos y eléctricos, convirtiéndose en un negocio, estos arreglos continuos, que son cancelados con nuestros impuestos municipales, con los cuales se cubren los gastos de reparación cada vez y por negligencia, se daña la bomba, generándose a la vez, repitieron, un grave problema de escasez de agua en la parroquia capital, Sabana de Mendoza; llegándose a los extremos que muchas veces nuestro centro asistencial, Hospital José Vasallo Cortez, no tiene agua, generando un problema para los pacientes y los que se encuentran hospitalizados; ocurriendo igualmente con los colegios de educación primaria y secundaria, donde no hay agua ni para lavar las salas sanitarias, lo cual atenta contra la salud de nuestros niños y adolescentes.
Pero lo más grave aún, añaden, es mantener a toda una población sin el preciado liquido, donde en muchos hogares existen ancianos y personas con problemas de salud, que ameritan el servicio de agua potable.
Ante esta situación descrita, exhortamos al Ministerio Publico a intervenir y proceder a realizar una investigación, para determinar responsabilidades administrativas y penales, para los funcionarios municipales que tienen el sagrado deber de velar y ejecutar el cumplimiento de los servicios públicos, tal como lo prevé la resolución 64-292 del 28 de julio de julio 2010 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el artículo 127 de nuestra Constitución Nacional.
Es justicia que esperamos, dice al final el documento entregado, en Sabana de Mendoza, a los veinticuatro (24) días del mes de agosto de Dos mil Veintidós (2022)
Héctor Jesús Díaz.
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Exconcejal del Municipio Sucre del Estado Trujillo.
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