Caracas, 11 feb (EFE).- Los abogados de la venezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano -detenida desde febrero de 2024-, pidieron este martes una «medida humanitaria» para que la activista, que sufrió una fractura en el hombro derecho hace seis meses, pueda ser operada por sus médicos de confianza y cumplir con el posoperatorio en libertad.
«Ella tiene que ser operada ni siquiera por un traumatólogo, sino por un especialista en hombro, y el éxito de esa operación es el posoperatorio (…) en familia», dijo la abogada Theresly Malavé, quien aseguró a periodistas que en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, donde se encuentra recluida, «no existen las condiciones» para ello.
La jurista advirtió que la fractura -detectada «cuatro meses después» de que ocurriera y durante «una jornada médica»- le ha causado «inamovilidad del brazo, porque afecta directamente a los tendones».
«Ojalá el día de hoy (martes) definitivamente le dé su medida (…) humanitaria a Rocío», expresó Malavé, que asegura tener «todas las pruebas» de que «es inocente».
San Miguel, acusada por la Fiscalía de un supuesto vínculo con una «trama conspirativa» que buscaba «atentar» contra el líder chavista Nicolás Maduro y altos funcionarios del país caribeño, fue detenida el 9 de febrero del año pasado en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija.
Desde entonces, según Malavé, la «única que ha podido ver a Rocío es su hija», mientras que sus abogados no, y «ni siquiera la defensa pública» asignada.
En ese sentido, Malavé espera que ella y el abogado Juan González Taguaruco sean «juramentados como defensa de manera definitiva» de San Miguel, así como de su expareja Alejandro González, también acusado.
Además, la abogada denunció que la presidenta de Control Ciudadano es víctima de una «especie de aislamiento» y que «no se ha salvado del patrón de violación de derechos humanos» de «todos los presos políticos en el país».
Según el fiscal general, Tarek William Saab, San Miguel «entregó información» sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea y a legaciones de otros tres países que no precisó.
El pasado domingo, cuando se cumplió un año de su detención, la mayor coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- denunció que a San Miguel «se le siguen violando sus derechos a la defensa y al debido proceso».
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