Brasilia, 11 may (EFE).- La Fiscalía brasileña ha pedido investigar posibles irregularidades en el manejo de los presupuestos del Gobierno de Jair Bolsonaro, que habría desviado dinero público para favorecer iniciativas de parlamentarios de la base oficialista.
El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) confirmó este martes que recibió esa solicitud de la Fiscalía, que a su vez atendió un pedido de la oposición, y que analizará el caso, referido a sospechas de desvíos presupuestarios por unos 3.000 millones de reales (cerca de 580 millones de dólares).
Ese dinero, según el diario Estado de Sao Paulo y el portal O Antagonista, habría sido usado con fines diferentes a los aprobados en el Parlamento y dirigido a obras propuestas por algunos diputados y senadores afines al Gobierno.
Algunos casos se refieren a la compra de cientos de tractores para pequeños agricultores a precios supuestamente muy superiores a los del mercado y otros a obras de pavimentación en lugares que ni siquiera fueron previamente definidos, según Estado de Sao Paulo.
En todos los casos, el dinero habría favorecido proyectos de legisladores de la base oficialista, que hasta pudieran haberse apropiado de parte de los recursos, de acuerdo al periódico.
La oposición denunció el asunto al TCU, organismo responsable de fiscalizar el gasto público, que analizará el caso y determinará si existen «motivos fundados» para la apertura de una investigación.
El irregular manejo de los presupuestos es una de las causas que la Constitución brasileña define como «crímenes de responsabilidad», que pueden ser motivos para la apertura de un juicio con miras a la destitución de un mandatario.
De hecho, problemas con los presupuestos del Estado llevaron en 2016 al proceso que le costó el cargo a la entonces presidenta Dilma Rousseff, destituida por manejos irregulares destinados a maquillar un creciente déficit fiscal.
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Bolsonaro ya ha sido objeto de un centenar de pedidos de «impeachment», como en Brasil se conoce al proceso de destitución, pero en su mayoría relacionados con su gestión de la pandemia de coronavirus, que ya deja más de 420.000 muertos en el país.
Esas solicitudes de un juicio con miras a la destitución del gobernante están en manos del presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, un parlamentario de la base oficialista que hasta ahora no ha encontrado motivos para el inicio de un proceso.
