Caracas, 9 abr (EFE).- Setenta y cinco activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos de Venezuela pidieron este viernes que se investigue el operativo militar que ocurre en el occidental estado de Apure, que limita con Colombia, donde las Fuerzas Armadas del país caribeño combaten contra grupos armados irregulares.
A través de un comunicado, los activistas y ONG alertaron del presunto uso excesivo de la fuerza por parte de los militares contra varias poblaciones del estado de Apure, al tiempo que apuntaron que los civiles de estas zonas «no forman parte del conflicto armado».
En ese sentido, exigieron que «se lleven a cabo las investigaciones pertinentes sobre los lamentables hechos allí acontecidos, con el fin de determinar los autores o partícipes de estos actos punibles», así como que se ofrezcan detalles del operativo militar.
Los combates entre fuerzas de Venezuela e irregulares armados, que diversas ONG identifican como disidentes de las FARC, empezaron el pasado 21 de marzo y se han cobrado la vida de al menos ocho militares venezolanos, según el último parte oficial.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dijo el pasado lunes que nueve miembros de grupos terroristas también perdieron la vida en estos enfrentamientos y cerca de una cuarentena de combatientes han sido detenidos.
Al respecto, los activistas venezolanos exigieron que «sean publicadas» las identidades de los detenidos y «se evidencie el estado físico en el que se encuentran».
«Durante estos procedimientos se han cometido excesos, abusos de poder, actos que violentan flagrantemente derechos fundamentales de los ciudadanos, entendidos estos como derecho a la vida, a la libertad, propiedad privada y a ser protegidos por el Estado a través de los organismos de seguridad ciudadana», continúa en el comunicado.
A finales de marzo, la oposición venezolana que se agrupa bajo la figura de Juan Guaidó, a quien varios países reconocen como presidente encargado, dijo que compiló testimonios de presuntos abusos y que remitió un informe a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, la chilena Michelle Bachelet.
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La iniciativa opositora surgió después de que ONG locales pidieran que se aclare si hubo violación a los derechos humanos tras la muerte de cinco personas que, de acuerdo con algunos testimonios, eran campesinos y no combatientes.
El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, informó hace días que una comisión de expertos del Ministerio Público investigará «posibles acciones violatorias a los derechos humanos» en El Ripial, donde aparecieron los 5 cuerpos sin vida.
