Miami, 13 dic (EFE).- La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) pidió este martes a la comunidad internacional y en especial a EE.UU. no liberar fondos para el acuerdo social suscrito por el Gobierno y la oposición de Venezuela hasta que «sean liberados todos los presos políticos».
Es «inaceptable que Nicolás Maduro exija que le descongelen los fondos y lo vayan a realizar sin obtener nada a cambio», dijo Veppex en un comunicado suscrito por su presidente, José Antonio Colina.
La organización con sede en Miami (Florida) subrayó que el presidente Maduro ya «ha logrado sacar a uno de sus familiares y funcionario del régimen de la lista del Departamento del Tesoro (de EE.UU.) y también le fueron enviados dos sobrinos de Cilia Flores (su esposa) acusados de narcotráfico en Estados Unidos».
«Maduro debe liberar a todos los presos políticos venezolanos», aseveró Colina, quien dijo que «hay una lista numerosa de militares que están siendo víctimas del secuestro del régimen».
Mencionó específicamente al teniente coronel Igber Marín Chaparro, quien, según dijo, lleva 21 días en huelga de hambre para exigir que se respeten los derechos humanos de los militares presos.
La Organización Veppex dijo sumarse a la campaña emprendida por los hijos de los presos políticos para lograr la libertad de sus padres, «encarcelados injustamente en Venezuela».
Este lunes el presidente Maduro aseveró que el acuerdo social aprobado en noviembre en México entre su Gobierno y la oposición, luego de que se reanudara el diálogo paralizado hace un año, «se va a cumplir».
Según Maduro, recibió un mensaje del responsable de la delegación opositora en la negociación, Gerardo Blyde, quien le aseguró que cumplirían con este pacto que busca desbloquear recursos que el país caribeño tiene congelados en el extranjero.
Sobre lo acordado, Maduro insistió en que los «3.150 millones de dólares recuperados de las cuentas congeladas de los bancos del exterior» serán empleados para la recuperación de servicios básicos como el «agua, electricidad, educación, salud y para mitigar los daños de las lluvias».
Las partes negociantes en México aprobaron la creación de un fondo fiduciario, que será diseñado y ejecutado por Naciones Unidas, con el que prevén destinar recursos bloqueados en áreas sociales.
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