El nuevo acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela abre una etapa inédita para la industria energética venezolana, pero también plantea una pregunta mucho más profunda que la cantidad de barriles que puedan volver a los mercados: ¿puede la riqueza petrolera convertirse finalmente en bienestar para los venezolanos?
La primera respuesta debería ser sencilla: queremos leer el acuerdo. Que se muestre el documento completo, sus términos, obligaciones, mecanismos de supervisión y distribución de los ingresos. Solo así será posible evaluar con seriedad una operación que compromete recursos estratégicos de Venezuela durante décadas.
Los detalles conocidos hasta ahora son llamativos. La administración estadounidense del presidente Donald Trump anunció un acuerdo que involucra 17 campos petroleros con reservas probadas estimadas en unos 65.000 millones de barriles. North American Blue Energy Partners (NABEP), una empresa privada, tendría derechos de desarrollo a largo plazo. Washington obtendría una participación de 35% en la compañía y acceso preferencial a una parte de su producción, mientras Estados Unidos tendría además poder de veto sobre integrantes de la junta directiva.
El gobierno estadounidense presenta la operación como una fórmula para reconstruir la industria venezolana, asegurar suministros energéticos y proteger sus propios intereses estratégicos. La Casa Blanca sostiene que el proyecto podría movilizar hasta 100.000 millones de dólares en inversiones y que habrá mecanismos de auditoría y supervisión de los fondos. Pero precisamente ahí comienza la discusión que interesa a Venezuela.
Nadie puede seriamente sostener que dejar el petróleo bajo tierra resolverá la crisis venezolana. El país posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo, pero su producción actual ronda apenas 1,25 millones de barriles diarios, muy por debajo de los más de 3 millones de barriles diarios alcanzados en décadas anteriores. Años de desinversión, deterioro de infraestructura, mala gestión y sanciones contribuyeron al desplome de la industria.
La entrada de capital privado internacional, tecnología, conocimiento especializado y capacidad operativa es indispensable para recuperar una industria que PDVSA por sí sola difícilmente podría reconstruir con la velocidad y magnitud necesarias.
De hecho, las primeras señales de inversión ya existen. Chevron anunció que invertirá más de 7.000 millones de dólares para duplicar su producción venezolana hasta unos 600.000 barriles diarios en los próximos cinco años.
El problema es que reactivar la producción no equivale automáticamente a reconstruir Venezuela. La experiencia histórica demuestra que una nación puede producir enormes cantidades de petróleo y, al mismo tiempo, tener ciudadanos empobrecidos, servicios públicos deteriorados e instituciones débiles.
El primer requisito debería ser un impacto económico tangible. El petróleo debe traducirse en empleos bien remunerados, mejores salarios, electricidad confiable, carreteras, hospitales, escuelas, crédito, recuperación del comercio y oportunidades para las pequeñas empresas.
El segundo requisito es todavía más importante: cuentas claras. Washington afirma que habrá mecanismos de supervisión financiera y auditorías para impedir que los ingresos vuelvan a perderse en estructuras opacas. El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, dijo que Estados Unidos ejercerá un control estricto sobre el flujo de fondos relacionado con el acuerdo.
Pero la supervisión anunciada no sustituye la necesidad de instituciones venezolanas sólidas. Expertos y abogados han expresado dudas sobre la estructura jurídica del acuerdo, la ausencia de una licitación competitiva y la compatibilidad de algunos de sus elementos con el marco legal venezolano.
También existe un riesgo económico que no debería ignorarse. Si el nuevo esquema privilegia a determinadas empresas o genera incertidumbre sobre las reglas del mercado, podría terminar desalentando precisamente la inversión internacional que Venezuela necesita. Por eso, el debate debería alejarse tanto del triunfalismo como del rechazo automático. Venezuela necesita inversión petrolera, pero también necesita reglas. Necesita capital extranjero, pero con transparencia. Necesita aumentar la producción, pero también mecanismos para garantizar que la riqueza generada llegue a la sociedad.
La pregunta decisiva no será cuántos barriles produzca Venezuela dentro de cinco, diez o veinte años. Será qué ocurrió con esos ingresos. Si sirvieron para reconstruir instituciones, generar empleo, recuperar los servicios públicos y mejorar la vida de millones de venezolanos, el acuerdo habrá marcado un verdadero punto de inflexión.
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