Lima, 14 abr (EFE).- El Gobierno de Perú prorrogó por treinta días la declaración del estado de emergencia para combatir a la criminalidad en Lima y la provincia vecina del Callao, y estableció la prohibición de que dos personas puedan viajar en una sola motocicleta en la capital, informaron este lunes fuentes oficiales.
Un decreto publicado en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano señaló que la prórroga del estado de emergencia entrará en vigencia el próximo jueves, tras haber recibido una recomendación en ese sentido de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Detalló que los informes reservados de la PNP informan «sobre la perturbación al orden interno por el incremento del accionar criminal y la inseguridad ciudadana, derivados del aumento de la comisión de delitos de homicidio, sicariato, extorsión, robos, entre otros, en las circunscripciones antes mencionadas».
«Asimismo, se informa sobre el alto índice de homicidios (sicariato) y robos cometidos mediante el uso de vehículos menores», además de «la presencia de organizaciones y bandas criminales que operan a través del uso de dichos vehículos».
Estableció, en ese sentido, una «medida excepcional y temporal» para ordenar que tanto las motocicletas como los pequeños vehículos de transporte público conocidos como ‘mototaxis’ (tuctuc) solo podrán circular con su conductor.
Añadió que estos no podrán «usar elementos o accesorios adicionales al casco que impidan o limiten la visibilidad del rostro del conductor».
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En ese sentido, la Policía verificará, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, el cumplimiento de la disposición y conducirá a sus dependencias a todas las personas que considere que puedan estar involucradas en la comisión de un delito, para las investigaciones correspondientes.
El decreto precisó que está exceptuado de esta restricción el personal de la PNP, de las Fuerzas Armadas, del serenazgo (vigilancia municipal) y de los bomberos voluntarios en ejercicio de sus funciones.
Durante la prórroga del estado de emergencia el control del orden interno seguirá a cargo de la PNP, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y se mantendrá la restricción de derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
El Gobierno de Perú decretó el pasado 17 de marzo el estado de emergencia en Lima y el Callao, por un plazo de 30 días, como parte de las medidas para combatir la ola de criminalidad que se ha desatado en la capital peruana, con numerosas denuncias de casos de extorsión y asesinatos cometidos por sicarios.
A pesar de ello, en las últimas semanas, se han perpetrado al menos media decena de ataques contra conductores de autobuses y camionetas de transporte urbano, lo que provocó el pasado jueves un paro masivo del transporte público en Lima y el Callao en protesta contra la violencia en la capital.
En ese sentido, se informó que la Policía Nacional usará drones para la vigilancia aérea contra la delincuencia y realizará patrullas en los autobuses de transporte público, de forma aleatoria y en horarios considerados de alto riesgo, para disuadir a las bandas que atacan a los conductores.
El sábado pasado, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, afirmó que las autoridades capturarán a los delincuentes y los enviarán «a las cárceles de seguridad por el tiempo que sea necesario».
GLa mandataria enfatizó que su gobierno no se va a rendir en el combate a la criminalidad y que «batallará firme contra la delincuencia nacional y trasnacional».
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