Con levantamiento de actas y procedimientos administrativos, han sido recibidos algunos docentes y al menos 25 obreros del sector educativo en el estado Táchira, que decidieron integrarse a las aulas el 16 de septiembre. La dirigencia magisterial califica estas medidas de arbitrarias y violatorias de la Constitución de la República y de la Ley Orgánica de Educación.
Gerardo Ramírez, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación en Venezuela (Fenatev), manifestó que como casi todos los años, los docentes del estado Táchira iniciaron el nuevo periodo escolar bajo amenaza de suspensión de salarios, “porque ahora resulta que les suspenden los salarios a los trabajadores, sin pasar por ningún procedimiento administrativo”, agregó.
Precisó que ante esta situación y otros problemas que se han registrado desde hace al menos cuatro años con la suspensión injustificada de sueldos, las federaciones educativas consignaron en Caracas, en el Ministerio del Trabajo, un recurso de amparo señalando la argumentación jurídica que ampara a los trabajadores de la educación, porque recordó que las clases son a partir del primer día hábil de la segunda quincena del mes de septiembre; es decir, desde el 16 de septiembre, de acuerdo al artículo 54 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación.
Por su parte Evencio Zenón, miembro de la Intergremial del magisterio tachirense, manifestó que quienes están fallando son los directores de plantel, la jefe de Zona Educativa y el Ministro de Educación, no los educadores, por lo que se preguntó de qué instrumento legal se abroga para levantar actas.
“¿En qué instrumento legal se va a basar un director o un supervisor para levantar un acta a un docente? Aquí está fallando es el funcionario, es el director o es la Jefe de Zona o es el Ministro, pero el docente no está faltando absolutamente a nada, simplemente está acatando lo que le dice el ordenamiento jurídico”, dijo.
Miedo
Aunque los docentes hacen las denuncias de manera directa con los sindicalistas, no se atreven a formalizar ante organismos con competencia por temor a represalias. César Mendoza, presidente de Suma Táchira, indicó que ese temor a denunciar los abusos es lo que impide avanzar en la defensa de los afectados.
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“Creo que llegó el momento de demostrar que nosotros también somos defensores de nuestros derechos y dejar ese miedo. Sabemos que el miedo es libre, pero mientras nosotros tengamos esa actitud, el patrono va a pisotear nuestros derechos y eso no puede ser”, destacó.
La Coalición Sindical Docente del estado Táchira introdujo un recurso de amparo ante la Defensoría del Pueblo en San Cristóbal, como medida de protección al personal docente y administrativo que está siendo amenazado.
