Los partidos políticos están muy cuestionados. La ciudadanía ve con decepción como dirigentes y líderes políticos se insultan y descalifican entre sí. Si es verdad lo que se dicen entre ellos mismos, pareciera que ninguno está calificado para asumir cargos públicos de elección popular, y este es un factor que desalienta al elector y favorece la abstención.
En las Megaelecciones del 21 de noviembre, la ciudadanía venezolana tendrá la oportunidad de elegir 23 gobernadores, 335 alcaldes, 250 diputados regionales y más de 2.400 concejales. Estos comicios permitirán renovar por la ruta electoral el liderazgo del país descontento. Más de 3.000 gobernantes y representantes regionales y municipales serán legitimados de abajo hacia arriba, a través del voto directo, universal y secreto, y no por la imposición de cúpulas partidistas o por la presión internacional.
Las condiciones electorales deben ofrecer a todos los competidores las mismas oportunidades de ganar o perder, sin ventajismos de ningún tipo. Implica imparcialidad de los medios de comunicación públicos, no utilización de recursos del Estado a favor de una parcialidad política, regulación de las campañas electorales, fiscalización del origen de los gastos y observación internacional. Sin embargo, en Venezuela las condiciones electorales ofrecen una clara ventaja a los candidatos del gobierno.
Sin embargo, en el país se despliega una permanente persecución, encarcelamiento y exilio forzoso de líderes de la oposición, se abusa de la inhabilitación política para sacar de la contienda a candidatos ganadores, se ilegalizan partidos políticos o se les despoja de los nombres y símbolos para entregárselos a disidentes que le hacen el juego al gobierno. Si bien se reconoce un avance en la conformación del nuevo CNE, la representación del país descontento y opositor sigue estando en desventaja. De los cinco rectores principales apenas tiene dos representantes.
Griselda Colina, directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia e integrante de la plataforma Foro Cívico de Venezuela, sostiene que: «la participación ciudadana ha roto con la inercia política y ha dinamizado la escena nacional». Ella fue postulada al CNE en el marco de una estrategia de acción ciudadana que se propone contribuir a la reinstitucionalización democrática del país y resultó electa rectora suplente. Para examinar el estado actual de las garantías y condiciones electorales en las que los ciudadanos y partidos políticos concurrirán a las Megaelecciones del 21-N, la hemos invitado a inaugurar la serie “Diez conversaciones estelares con diez mujeres comprometidas con una solución electoral y pacífica a la crisis venezolana”.
Te invitamos a ver la conversación completa aquí
@victoralvarezr