El Parque Nacional Chorro El Indio decretado como pulmón hace 35 años está sufriendo el impacto de la tala de una serie de árboles de vieja data, lo que está generando pequeños movimientos de tierra, que sus habitantes temen que se convierta en un hecho similar al del estado Vargas
El Parque Nacional Chorro El Indio, es una de las zonas verdes favoritas de los tachirenses y sus visitantes, por su frío clima de montaña, su vegetación y bellos países. Llegar a este sector, es respirar ambiente libre de la contaminación y de la frialdad del cemento y el asfalto de la ciudad, no en vano es el pulmón vegetal de San Cristóbal y el área metropolitana.
Diversas construcciones se han realizado a lo largo de este sector que inicia detrás del Macdonalds de la avenida 19 de abril, pasando por Loma del Viento, Loma de Pánaga y llegando a Macanillo. Sus largos y viejos árboles se mantienen a lo largo de la vialidad, sin dejar de lado el uso de tierras productivas para la siembra de diversos rubros, entre ellos caña de azúcar, tan usada en las tierras andinas para la creación de la panela, así como café y cacao.
El 7 de diciembre de 1989, durante el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, fue decretado Parque Nacional, detallándose que tiene una extensión de 17.000 hectáreas. A lo largo del tiempo los tachirenses han acudido a la cascada del Chorro El Indio, para disfrutar de sus aguas, y a la Loma del Viento, para observar la panorámica de la ciudad, además de otras tantas bellezas naturales que se presentan en este espacio.
Pero desde el mes de abril de 2020 se está registrando lo que se ha llamado un “ecocidio” generado por la tala de árboles de vieja data, sin permisología, lo que preocupa a los habitantes del sector por el daño que se le está generando a la naturaleza, y a las tierras arcillosas propias del ugar, a donde además decenas de tachirenses llegan caminando sobre todo en horas de la tarde para hacer ejercicio y recrearse.
Las denuncias
Habitantes de la vía al Parque Nacional Chorro El Indio, denunciaron al Diario de Los Andes que la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) le firmó a un grupo de campesinos un contrato el 2 de abril de 2020, en el que permitía construcciones y siembra en estos terrenos, que el Instituto Nacional de Tierras (Inti) les adjudicó las tierras para tal fin; además de que realizaron la tala de árboles de vieja data.
Juan Pablo Patiño, vecino de la comunidad de Loma de Pío, explicó que la deforestación generó que se iniciara un deslave en la zona de la carretera que conduce al Chorro El Indio, específicamente en el kilómetro 2.3, lo que advirtió, puede generar un deslizamiento de la montaña al no contar con las raíces de los árboles que la sostenían, por tratarse de suelos arcillosos.
“En ese sector se ve cómo hay lavado de la tierra y cómo árboles de raíces grandes han empezado a caer y a afectar la zona. El primer problema al que nos estamos enfrentando es el posible deslizamiento de la montaña porque ya no está protegida por las raíces de los árboles grandes”, dijo.
Explicó que los agrotóxicos que se están usando para los cultivos, están contaminando las aguas que pasan no sólo por las zonas cercanas, sino también de la población de Barrio Sucre y Barrio Obrero.
Los que considera más grave es que se deslicen las torres eléctricas de alta tensión que se encuentran allí, y que le dan electricidad a más de 7 millones de personas en Venezuela, según les manifestaron técnicos de Corpoelec. “En cualquier momento nos vamos a quedar más de 2.500 familias que vivimos desde La Acevita hasta Macanillo incomunicados, porque si la tala sigue se va a venir abajo la montaña”.
Patiño precisó que tienen más de 2 meses denunciando la situación ante el Ministerio de Ecosocialismo, ante el Instituto Nacional de Tierras (Inti), a Imparques, Guardería Ambiental, al juez agrario principal del Táchira, quienes han realizado inspecciones, pero hasta el momento no han emitido un documento, restricción o decreto. “Necesitamos que prohíban la tala de árboles y que le den una protección a esa zona porque San Cristóbal necesita de ese pulmón y del agua que sale de esa zona”, acotó.
256 familias que habitan en la urbanización Acevita, la mayoría integrada por educadores, también temen que pueda ocurrir una desgracia si se presenta un deslave por la tala de árboles. Freddy Guerrero, habitante del sector, indicó que además les preocupa quedarse sin el servicio de agua potable, pues en la zona hay una toma de agua del Acueducto Regional del estado Táchira.
“Queremos que actúen y busquen los responsables, porque hay personas que son responsables de ese ecocidio que se está generando, que la ley penal del ambiente actué en contra de ellos, tiene que hacerse cumplir. Queremos una acción responsable, para evitar a futuro una desgracia”.
Carmen Yajaira Ontiveros, también habita en la urbanización Acevita. Diariamente camina hacia la montaña para mantenerse físicamente y mentalmente activa y relajada, y le preocupa que desde que comenzó la tala de árboles observa tierra de la montaña en las orillas de la carretera.
“Este es el pulmón vegetal que tiene San Cristóbal, todo el mundo camina hacia allá y vemos como la gente se baña, deja basura y observamos el deslave que por ahora es mínimo, pero puede seguir incrementando. En Acevita hay 254 casas y deben haber no menos de 1.000 personas, yo tengo un niño de 10 años y me preocupa porque podemos ser tapiados como sucedió en Vargas”, expresó.
Destacó que los dueños de esas viviendas tienen más de 50 años, temen por sus vidas y sus viviendas, pues acotó que ya no tienen sueldos para adquirir nuevas viviendas. “Las leyes en Venezuela existan, ¿qué hay que hacer? Aplicarlas. Vemos que las mismas autoridades se llenan de la invasión, porque les llenan los carros de las verduras que de allí salen”, añadió.
Inspecciones
Ingenieros de la alcaldía de San Cristóbal acudieron el 27 de mayo de 2020 a las 10 de la mañana, a hacer una inspección en los terrenos donde se está llevando a cabo tanto la tala de árboles, como las actividades de siembra, y determinaron que sin permiso ambiental Corpoelec realizó una pica, presuntamente para proceder al mantenimiento en torres de alta tensión. Comprobaron que las actividades de siembra de musáceas, hortalizas, café, cacao y lechozas, están debidamente permisadas.
El director de Planificación Urbana de la alcaldía de la capital tachirense, Arnaldo Buitrago, acompañado de la jefe de Protección Ambiental, Tania Estupiñán, manifestó que al realizar una inspección en la zona, descubrieron que la deforestación la realizó Corpoelec, quienes posteriormente sembraron 50 árboles.
“No se por cuáles intereses, organismos oficiales y voy a decirlo responsablemente, la gente de Corpoelec, hizo una pica y no le pidió permiso a nadie, la ordenanza de construcción establece que cualquier obra pública o privada que se realice en el municipio debe ser permisada a través de ingeniería municipal y aquí no se ha hecho ningún trámite para obtener el respectivo permiso. Aquí quisieron tapar lo que ya se había hecho con una siembra, una siembra de 50 árboles para poder reponer lo que supuestamente habían tumbado”, expresó.
Destacó que junto a la dirección de Acueductos Rurales y Protección Ambiental, produjeron un informe de la zona que fue enviado a Consultoría Jurídica y estos lo introdujeron al Ministerio Público, para que se determinen responsabilidades.
El informe
Diario de Los Andes tuvo acceso al informe que los ingenieros produjeron y que la Alcaldía introdujo ante el Fiscal Superior del Ministerio Público en el estado Táchira, en el cual precisan que confirmaron que los campesinos cocinan con leña, afectando el ecosistema, además de que comprobaron que es una zona vulnerable por el tipo de suelos, topografía y precipitación, y es considerada el área de amortiguación del Parque Nacional Chorro El Indio.
Precisa el texto que el rompe carretero realizado por Corpoelec, para lo cual taló una serie de árboles, viola el artículo 40 de la Ordenanza de Protección Ambiental, el cual establece que: “Se prohíbe en el ámbito del municipio San Cristóbal todas aquellas actividades que generen impactos ambientales, que incumplan con lo establecido en la normativa legal aplicable, entre ellos los decretos de la Presidencia de la República. Literal B, decreto N° 2212 de fecha 23 de abril de 1992, de Normas sobre movimientos de tierra y conservación ambiental”.
Agrega el equipo de ingenieros que el artículo 21 de la misma ordenanza destaca que: “toda persona natural o jurídica, que pretenda solicitar poda selectiva de árboles, tala de árboles, constancia de no afectación, variables ambientales, definitivas, limpieza de terreno, remoción de capa vegetal, actividades con fines urbanísticos y/o construcción, o cualquier otra actividad en materia ambiental, deberá efectuar y tramitar la solicitud correspondiente ante la oficina encargada en materia ambiental de la alcaldía del municipio San Cristóbal”, situación que según explicó el ingeniero Arnaldo Buitrago, no ocurrió en este caso.
Indican en el informe que el artículo 29 de la ordenanza añade que es obligatoria la actividad de reforestación, cuando cualquier persona natural o jurídica, destruye total o parcialmente la cobertura vegetal existente en las áreas verdes o los árboles existentes, por la realización de construcciones, tala, quema, entre otras.
Al finalizar, el texto firmado por el director de Desarrollo Urbano Local, Arnoldo Buitrago; la jefe de División de Protección Ambiental, Tania Estupiñán; la jefe de División de Acueductos y Aguas, Julia Cuberos y el director de Vigilancia y Patrullaje, supervisor José Gregorio Ponce, solicita en atención a la Ley Penal del Ambiente en su artículo 8 las medidas precautelativas a las que haya lugar.
“El juez o jueza competente podrá adaptar, de oficio o a solicitud del Ministerio Público, en cualquier estado o fase del proceso, las medidas precautelativas que fuesen necesarias para eliminar un peligro, interrumpir la producción de daños del ambiente o a las personas, impedir la continuación o reaparición del daño o peligro, evitar las consecuencias degradantes del hecho que se investiga o asegurar el restablecimiento del orden”, destaca.
Al respecto, el consultor jurídico del ente municipal, Mauro Viloria, detalló que solicitaron al Fiscal Superior que active a través de sus dependencias las actuaciones que sean necesarias para que se investigue lo ocurrido. “Se busca que se corrija y se persigan a los responsables de ese hecho. Se pretende guardar el ambiente, el parque Chorro El Indio es el pulmón vegetal que da fuerza a toda San Cristóbal y zonas aledañas”.
A pesar de la presentación de este informe y de las denuncias realizadas por los habitantes del sector en los organismos encargados, incluyendo ante los diputados del Consejo Legislativo del estado Táchira (Clet) no ha existido respuesta, y continúa la tala de árboles.