Hoy no existe una Asamblea Nacional o, si la oposición quiere ser optimista, hoy existe mucho menos Asamblea Nacional (AN) que en enero de 2019. La AN oficialista, según las cuentas, no dispondría del número de diputados necesarios para lograr el quórum de instalación y poder sesionar. Y si por un milagro de las matemáticas chavecas lograra constituirse, sería imposible que tuviera los 2/3 de los diputados que requeriría para designar un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). Descarto el hecho, siempre posible en la Venezuela del presente, de que dicho Consejo sea decretado por la Asamblea Nacional Constituyente o por Maduro con un decreto o por Diosdado Cabello en uno de sus programas humorísticos de televisión.
La otra AN no sabemos si tiene los diputados para lograr instalarse y funcionar. Debería tenerlos, si está integrada por quienes quedan una vez restados los de la AN oficialista, pero es una suposición nada más. En todo caso, ni las matemáticas de Guaidó lograrían que pudiera alcanzar los 2/3 requeridos para nombrar un nuevo CNE. Claro, estos patriotas opositores podrían solicitarle a la OEA que lo designe o pedirle a Trump que dicte una orden ejecutiva en ese sentido. Todo cabe en lo posible. Pero, obviando estos extremos, que serían gasolina para el incendio venezolano, pareciera que la única ruta constitucional que queda es la del Tribunal Supremo de Justicia, con todos los bemoles que existen sobre su idoneidad y legitimidad.
Pienso que para allá vamos, pues no creo probable (posible siempre será) que haya un acuerdo para restablecer la AN con los diputados que son y no en la forma que ambos sectores polarizados lo han manejado. El TSJ, entonces, designará al nuevo organismo electoral, luego de producirse la omisión parlamentaria. Pero no lo hará por decisión propia ni para empeorar las cosas, que ya bien malas están desde el punto de vista del reconocimiento de cualquier proceso electoral venidero y de la participación de la gente en el mismo. Existe una Mesa de Diálogo entre el gobierno y parte de la oposición, la cual debería acordar todo lo referido a este tema: procedimientos, consultas, participación e integración del nuevo CNE.
Lo mejor sería un CNE con 2 miembros del gobierno, 2 de la oposición y uno designado de común acuerdo. Este consejo, como Poder autónomo e independiente, organizaría los procesos electorales venideros según lo establecido en la Constitución. Pero es difícil pensar que el gobierno, que tan tramposa e ilegalmente se ha comportado en los últimos años, acepte unas condiciones de equidad, legalidad y transparencia totales para el futuro. Máxime cuando sabe que la mayoría del electorado le es adverso y puede perder. Puede entonces llegarse a una fórmula de dos de la oposición y tres del gobierno, en el entendido de que uno de estos tres sea una persona muy distinta de cualquiera de los cuatro del gobierno que hoy operan.
No estoy planteando mis propuestas, ni lo que me gustaría. Estoy escribiendo lo que pienso va a ocurrir de acuerdo a las fuerzas de los contendientes en el escenario político y en el entendido que se trata de lograr las mejores condiciones que se puedan lograr, luego de que los opositores extremistas nos llevaran, desde enero de 2016, a la situación en que estamos y luego de haber transcurrido un año en el que el mantra de Guaidó llevó al triunfo del gobierno, así no nos guste y no lo queramos reconocer.
La otra opción es ir a elecciones con el actual CNE; piensen en ella los extremistas. Es una tarea muy difícil la de los partidos de la Mesa de Diálogo, cuyo objetivo es avanzar todo lo que se pueda en función del interés nacional y arrancarle al gobierno el máximo de condiciones democráticas que se le pueda arrancar.