Pese a que aún no se ha alcanzado la mitad de julio, este mes sigue mostrando que Mérida es la entidad de Venezuela con la mayor incidencia de muertes por suicidio, ya que sólo en los casos que trasciende a la opinión pública -aquellos publicados por la prensa- se han producido cuatro sucesos en los que igual número de personas han atentado contra sus vidas
Este escenario de permanente zozobra ante la ocurrencia de la más extrema de las formas de violencia autoinfligida, no hace otra cosa que justificar acciones como el recientemente realizado taller “Protocolo para educadores y funcionarios públicos”, organizado por la organización Alianza por la Vida, que promueve la campaña #viveaquíestamos, y que pretende sensibilizar a la opinión pública sobre la necesidad de sumarse para frenar los casos de muertes por suicidios en el estado Mérida.
La actividad de capacitación se cumplió la mañana del pasado jueves 6 de julio en el Salón de Formación “Luisa Paz”, ubicado en la urbanización Los Sauzales de la ciudad de Mérida. Allí, cerca de 50 funcionarios públicos, educadores pero también miembros de organizaciones de la sociedad civil, durante 3 horas compartieron información de interés que busca generar la posibilidad de que cada participante se convierta en un multiplicador de las acciones que intentan prevenir las muertes por suicidio.
La legisladora Fabiana Santamaría, una de las principales impulsoras de la iniciativa Vive Aquí Estamos y del Protocolo de prevención y atención en conductas suicidas, destacó que el propósito es que aquellos que están “en la primera línea de atención y contención”, en el contexto social, tengan las herramientas para poder actuar de forma acertada en cualquier escenario en el que se observe la posibilidad de que se generen acciones suicidas.
El Observatorio Venezolano de Violencia en Mérida (OVV Mérida), representado por su coordinador, el profesor Gustavo Páez, participó en esta nueva iniciativa de la Alianza por la Vida. Páez se encargó de presentar un conjunto de valiosos datos, fruto de amplias investigaciones que desde el OVV Mérida se han emprendido para conocer no sólo la real dimensión del problema de la violencia autoinfligida en Mérida, sino también develar sus causas y proponer acciones, siempre basadas en la existencia de información científica.
En su ponencia “La mortalidad autoinfligida en Mérida: ¿singularidad histórica o efecto de la crisis?”, Gustavo Páez presentó tasas, porcentajes y estadísticas desde distintos ángulos de los suicidios, considerado a estas alturas un verdadero problema de salud pública en esta entidad andina.
Una vez más Páez respaldó con números la magnitud del problema para los merideños: con sus aportes quedó claro que Mérida con una tasa de 8.9 muertes por cada 100 mil habitantes (frente al 4.4 de promedio para Venezuela) sigue siendo la entidad del país con mayor relación de muertes por suicidio.
En la caracterización de la situación que se deriva de las investigaciones, también las cifras dan cuenta de que el perfil recurrente en las muertes por suicidio en la entidad merideña (y en general ante la violencia autoinfligida) corresponde -en términos generales- a los hombres solteros, de oficio agricultor, que suelen recurrir al ahorcamiento como principal método para suicidarse luego de atravesar problemas sentimentales, depresión, problemas económicos y conflictos familiares.
Además de la representación del OVV Mérida, como institución de apoyo a las iniciativas del Protocolo de prevención y atención en conductas suicidas, también destacó como principal protagonista de la inducción, la psicóloga Dalia Rodríguez, quien desde la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la ULA (DAES-ULA) se encargó de detallar el paso a paso del ya referido protocolo. Para esta profesional “la pregunta más importante que nos podemos hacer, una vez reconocida la magnitud del problema de las muertes por suicidio es ¿Qué podemos hacer?”.
Rodríguez explicó el instrumento de actuación al cual definió como un “protocolo de intervención psicoeducativa para docentes, funcionarios públicos y agentes sociales”, sustentado en lineamientos revisados previamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Ministerio de Salud Pública de España. / Prensa OVV Mérida / AS / CNP: 8965
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